Autodefensas: una salida falsa para combatir la criminalidad

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En la cintura de México, el Istmo de Tehuantepec, se ubica la comunidad de Medias Aguas, Veracruz. Por sus tierras bañadas de sol y verde maleza cruza el tren de carga conocido como “La Bestia”, famoso por transportar a centenares de migrantes centroamericanos que anhelan llegar a la frontera con Estados Unidos.

Hace cerca de 10 años, en lo que antes era una apacible localidad en los límites con el estado de Oaxaca se formó un grupo de autodefensa con la intención de acabar con integrantes del cártel de Los Zetas, que extorsionaban y secuestraban a los migrantes que llegaban en el ferrocarril.

Tras lograr su cometido, es decir, asesinar a pobladores con supuestos vínculos con Los Zetas, miembros de la autodefensa comenzaron a cobrar “derecho de piso” a ganaderos y empresarios de la zona.

Así como en Medias Aguas, otros pueblos de Michoacán, Guerrero o Chiapas han visto surgir agrupaciones de civiles armados que con el argumento de abatir el crimen e “imponer el orden”, ante la inacción de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, terminan por aliarse a las bandas delictivas que dicen enfrentar.

“Aquí en Guerrero nos pasó un fenómeno parecido en 2011, como una irrupción en algunas comunidades para acabar con el crimen organizado. Estos grupos, llamados de autodefensa, se centran en el uso de las armas, hacen recorridos, ponen retenes”, nos cuenta Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

El activista menciona a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que, a diferencia de la Policía Comunitaria que lleva 27 años operando de manera legal en la zona de la Montaña, ha sido infiltrada por bandas criminales al carecer de arraigo entre las comunidades y defender solo la causa de las armas.

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Un poco de historia…

Michoacán es el caso emblemático para describir el surgimiento de las llamadas autodefensas en el país. 

Según estudios, agricultores mestizos decidieron armarse en 2013 para luchar contra el dominio criminal de Los Caballeros Templarios en diversos municipios de la entidad.

En 2015, narra el investigador Romain Le Cour, los civiles armados se expandieron hasta contar con cerca de 15,000 miembros y estuvieron a punto de controlar más de la mitad del estado durante un periodo en el que el gobierno federal osciló entre la pasividad, represión y finalmente colaboración activa con la creación de una Comisión Especializada.

A través de esa comisión, entre 2014 y 2015, el gobierno federal encabezó un proceso inédito de institucionalización de grupos armados ilegales al crear una policía para integrarlos al cuerpo de seguridad del estado.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, hasta 2019 se estimaban al menos 50 grupos de autodefensa, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco.

El caso mediático más reciente fue la aparición espectacular en julio de 2021 de un centenar de hombres que con fusiles de asalto desfilaron en el municipio chiapaneco de Pantelhó. El grupo de autodefensa, denominado El Machete, dijo que llegaba “para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado”.

Por otra parte, desde 1995 se creó en Guerrero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la cual -nos explica Abel Barrera- consta de cuatro Casas de Justicia que se coordinan con cerca de 300 comunidades y realizan trabajo de seguridad, justicia, prevención del delito, investigación y reeducación de personas detenidas, con el soporte, además, de las asambleas comunitarias.

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“Debilidad estructural del Estado”

Por su parte, Javier Oliva, experto en temas de seguridad, nos detalla que la existencia de autodefensas o policías comunitarias evidencia la falta de presencia del Estado mexicano al nivel de las policías municipales y estatales.

“Este es un punto crítico de debilidad estructural no sólo a nivel local, sino del Estado mexicano. Las autoridades locales no responden a las exigencias de la población que empieza a armarse. Me parece que las autoridades municipales y estatales se niegan a asumir su compromiso específico, pero también es importante analizar la responsabilidad y capacidades del gobierno federal”, nos indica el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Subraya que hay una incapacidad del Estado a nivel local al no brindar dos elementos fundamentales de la autoridad municipal: seguridad pública y administración presupuestal.

Para Oliva, lamentablemente hay una tendencia hacia la violencia generalizada provocada por el crimen organizado en algunas partes del país: “ojalá y me equivoque, y te lo digo con toda franqueza, ojalá esto no continúe porque antes de ‘los abrazos no balazos’, lo más importante es llevar a los delincuentes ante la ley”.

Al respecto, Abel Barrera, de Tlachinollan, nos aclara que las fallas en seguridad por parte del Estado mexicano no justifican la presencia de las autodefensas

“La apuesta es que no puede fallar el Estado como institución garante de seguridad, justicia y orden, de hacer valer la ley. Más bien lo que necesitamos es fortalecer las instituciones, limpiar a las instancias de seguridad, de justicia, profesionalizar a los cuerpos policiales, a todo el aparato de justicia, tanto de procuración como de administración”, agregó.

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Riesgo de caos

Sobre si las autodefensas deberían enmarcarse en la ley, Barrera nos advierte que sería un riesgo si se trata de institucionalizar a grupos armados sin raíz comunitaria.

“Las autodefensas solo se guían por el uso de las armas, por el tema meramente policiaco; no tienen ningún control, entonces es un riesgo porque ahí la apuesta es por las armas, no por la legalidad, no por la paz, el acuerdo, la protección de las comunidades en términos de cómo utilizar las normas jurídicas para hacer valer la ley comunitaria”, explicó el experto.

En cambio, el director de Tlachinollan nos recalca que la Policía Comunitaria de Guerrero es el modelo más acabado y exitoso al contar con sistemas normativos, su propio marco jurídico, estructura comunitaria, sus métodos para la toma de decisiones y de control de los policías que emergen de la asamblea comunitaria. “La Montaña es una de las regiones menos violentas y más seguras del estado”, destaca.

En ese tenor, Barrera nos señaló que la Policía Comunitaria ya estaba amparada en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, pero que fue modificada y en este momento la reforma está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sin consulta alguna se desconoce de un plumazo a este cuerpo de seguridad.

“Ahorita estamos en un conflicto legislativo; es este problema de que los diputados estatales piensan que la Policía Comunitaria es autodefensa. Pero sí hubo un reconocimiento y hay una situación que no pasa en otros estados como Michoacán, Chiapas, donde han surgido estos grupos que se han autodenominado de autodefensa”, comentó el entrevistado.

El defensor de derechos humanos insiste en que la Policía Comunitaria no es como la UPOEG, pues éste en un grupo sin control, con infiltración del crimen organizado y con una apuesta por las armas que tampoco es una salida para garantizar el orden, la paz y la legalidad.

“Hay un señalamiento directo contra un comandante de la UPOEG vinculado con la desaparición del ambientalista Vicente Suástegui. Entonces es un comandante que, además de hacer según labor de autodefensa, también tiene actividades delincuenciales, como desaparecer a personas”, concluyó el activista.

Ante esta espiral creciente de violencia, ¿hasta cuándo las autoridades federales, estatales y municipales se coordinarán para proteger a la población y poner un alto al crimen?

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