Entre enero y septiembre de 2019, 12 ambientalistas fueron asesinados en México, de acuerdo con Amnistía Internacional. Y de no hacer algo pronto, esa tendencia no mejorará en 2020. Tan solo en el primer mes del año, Homero Gómez, defensor de los bosques de Michoacán, a donde llega cada año la mariposa monarca, fue encontrado muerto en un pozo.
Tracie Lyn Willis, de 57 años, llevaba meses confrontando a un hombre que ofrecía aves exóticas a los turistas de las playas de Sayulita, en Nayarit, aún cuando su venta está prohibida. Una semana después de su último enfrentamiento, dos sujetos tocaron a la puerta de su casa preguntando si compraba aves, cuando ella abrió la puerta, la atacaron a golpes y con un cuchillo.
La activista de la organización ambiental Ser su Voz, de origen canadiense y con residencia en México por más de tres décadas, no tiene dudas de que el ataque que sufrió y que le dejó múltiples moretones y cinco heridas de cuchillo está relacionado con su lucha contra los vendedores ilegales de aves, y así lo dijo al ministerio público cuando presentó la denuncia.
Las autoridades le prometieron cuatro rondines policiacos afuera de su casa… no ha visto ninguno. Desde ese día su vida cambió, recibe algunas amenazas vía telefónica y ahora ya ni siquiera puede salir a pasear a sus perros, explicó Willis a Cuestione.
“No puedo parar, es mi destino, estoy en el camino correcto, tengo que ser la voz de la aves”, dijo la activista.
En 2018, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 49 agresiones contra activistas ambientales, de las cuales, una tercera parte terminó en asesinato. Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Estado de México son las entidades en donde se encontraron más casos.
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La realidad de los medioambientalistas
La defensa de los derechos ambientales es una práctica riesgosa y en México las personas que los defienden son objeto de ataques, hostigamiento, desaparición forzada y allanamiento porque evidencian intereses económicos de personas, empresas o proyectos gubernamentales de infraestructura que van por encima de los recursos naturales, dijo Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del Cemda, en entrevista con Cuestione.
Hay un subregistro de los casos, por eso, ante el miedo a represalias, muchas personas activistas no quieren denunciar; además, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en manos de la Secretaría de Gobernación, es poco eficaz. Esto, porque se centra en ofrecer botones de pánico y rondines policíacos, pero nunca en la atención de las causas que originaron el activismo, agregó Cerami.
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En México, levantar la voz para defender el medio ambiente y a especies animales es una lucha que se puede pagar con la vida.
“Me siento triste porque ninguna autoridad mexicana respeta las leyes, no me están protegiendo (..) con el tiempo todos olvidan, y mi caso va quedando debajo de otros que se van sumando todos los días. No, no tengo miedo, nunca sabes qué va a pasar, ahorita estoy bien, en cinco o seis meses quién sabe”, explica Tracie al puntualizar que México no sabe cómo afrontar la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente.
Si los gobiernos de los distintos niveles, no pueden garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente, ¿quién alzará la voz por la tierra?
