Austeridad afectó gasto en el sector salud durante 2019

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AMLO dejó de gastar 65% en infraestructura

La capacidad de nuestro sistema de salud se encuentra ante su prueba más complicada de las últimas décadas. Esto, a causa de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Especialmente ahora, cuando nos encontramos en el punto más crítico de la contingencia. 

Pero este nuevo virus está mostrando una realidad que nuestro país lleva arrastrando por años: la falta de inversión suficiente en el sector salud

En promedio, los países de la OCDE -que comprende a 37 de las economías más grandes del mundo- destinan 8.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gasto público en salud. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar de esas naciones con un gasto de, solamente, 5.5% del PIB. Solo Turquía invierte menos: 4.2%.

Sin embargo, no solo el gasto en este tema ha sido bajo e insuficiente, sino que el gobierno federal termina gastando menos de lo que le aprueba la Cámara de Diputados. Tan solo en 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador no gastó poco más de 16 mil millones de pesos, que equivalen al 3% del presupuesto total asignado a la función Salud para ese año. 

Este es el subejercicio más alto desde hace cinco años, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El subejercicio ocurre cuando no se gastan los recursos aprobados en un determinado periodo de tiempo, normalmente, un trimestre o un año.

Austeridad en infraestructura hospitalaria 

Un análisis sobre la información presupuestaria de 2019, realizado por el centro de investigación México Evalúa, muestra que la inversión en infraestructura hospitalaria pública no fue ninguna prioridad el año pasado. 

De los casi 18 mil millones de pesos que se habían asignado al desarrollo de infraestructura y equipamiento para los servicios públicos de salud, la administración actual dejó de gastar 65%; es decir, no ejerció 11 mil 510 millones de pesos que la Cámara de diputados había aprobado y que pudieron haber fortalecido al sistema de salud frente al COVID-19.

De esos recursos no utilizados, el mayor subejercicio se registró en la compra de equipo médico (37%), así como en los proyectos de ampliación o remodelación de instalaciones médicas en el país (36%), adquisiciones (14%), proyectos de construcción (12%) y mantenimiento (1%).

 ¿Qué dependencias sufrieron más?

El gasto público en Salud se da a través de diversas dependencias que brindan atención y servicios hospitalarios a la población mexicana como son la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con el análisis realizado por México Evalúa, la reducción del gasto sobre lo aprobado para infraestructura hospitalaria fue distinto entre las diferentes dependencias (ramos) que recibieron recursos para ese fin, llegando a subejercicios de hasta 80% de los recursos.

Mientras que la Secretaría de Salud contaba con un presupuesto aprobado para proyectos de infraestructura en Salud más de mil 503 millones de pesos, solamente gastó poco más de la mitad de esos recursos (790 millones). 

Otro que gastó solamente la mitad de sus recursos fue el ramo 33 -que transfiere recursos federales a los estados y municipios para atender a su población-, el cual tenía aprobados en 2019 más de dos mil 402 millones de pesos, pero terminó gastando solo mil 210 millones.

En el caso del IMSS, los diputados le aprobaron 12 mil 240 millones para proyectos de infraestructura en 2019, pero solo terminó gastando casi un tercio (32%), generando un subejercicio de 68%.

Finalmente el ISSSTE solamente ejerció 307 millones de los más de mil 600 millones que el Congreso le aprobó, lo que implica el mayor subejercicio, con 80% de los recursos asignados para estos proyectos sin que se ejercieran.

¿Qué implicaciones tiene?

Para México Evalúa el gasto en Salud se ha construido “a partir de la posición política, con miras en el corto plazo y en función de los ciclos electorales”, lo que ha traído como consecuencia que el COVID-19 nos sorprenda con una “baja capacidad instalada de salud” para hacerle frente.

De acuerdo con el centro de investigación, nuestro país no cuenta con una ley de infraestructura, ni con una agencia profesionalizada encargada de planear los proyectos con las mejores prácticas, como sucede en otros países. 

Esto nos ha puesto en una situación angustiante para hacer frente a la crisis como resultado de la mala gobernanza del gasto público. “Los recursos dejan de asignarse a áreas prioritarias, amenazando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos”, explican en su investigación

Por estos motivos advierten que “es urgente reasignar el Presupuesto 2020 para ampliar la capacidad instalada. La actual es significativamente menor a la de países europeos que han sido desbordados por el número de casos graves de coronavirus”.

¿Nos saldrá más cara la austeridad que el propio gasto?

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