Entre acusaciones cruzadas, protestas y renuncias, concluye semana crucial para el caso Ayotzinapa

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La semana pasada fue crucial en el desarrollo del caso Ayotzinapa. Comenzó con la filtración de la investigación, lo que gatilló todo un debate público, e incluyó la marcha conmemorativa el 26 de septiembre en el marco de los ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.

Después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han obstaculizado las investigaciones sobre el caso.

El GIEI fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acuerdo con el gobierno de México a finales de 2014 para investigar el caso Ayotzinapa. El 29 de septiembre de 2022 dio una conferencia de prensa para fijar su posición sobre las investigaciones.

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Ante la presencia de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), las y los integrantes del GIEI afirmaron que la FGR interfirió en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada en 2019.

Explicaron que una de las intromisiones más graves de la FGR fue ordenar la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, sin explicar la decisión de la cancelación y sin consultar previamente al titular de la Unidad Especial y ahora ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

El pasado 15 de septiembre, Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa luego de que la FGR y un juez federal cancelaron esas 21 órdenes de aprehensión -solicitadas por la UEILCA- por los delitos de desaparición forzada, delincuencia organizada y contra la administración de justicia giradas en contra de servidores públicos, 16 de ellos integrantes del Ejército. 

El GIEI solicitó una reunión con el fiscal General de República, Alejandro Gertz Manero, para conocer los criterios por los cuales solicitó cancelar las 21 órdenes de aprehensión, la reunión podría ser en octubre.

Pero un día después de las críticas del GIEI por la intromisión de la FGR en la investigación de la UEILCA, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al fiscal Gertz Manero: “con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración”.

Necesario fortalecer Unidad Especial

Ángela María Buitrago Ruiz, Carlos Marín Beristain, Claudia Paz y Paz Baile y Francisco Cox Vial, especialistas que integran el GIEI, respaldaron el trabajo realizado por la UEILCA encabezada por Omar Gómez y lamentaron su renuncia, efectiva a partir del primero de octubre de 2022. 

Francisco Cox advirtió que “hay fundado temor de que puedan haber represalias (contra la Unidad Especial), que se utilice la auditoría como una forma de represalia. La presencia del GIEI, creemos y queremos creer, da cierto resguardo a que eso se haga profesionalmente, que esas auditorías sí sean ordinarias y que no sea una caza de brujas”.

Ángela Buitrago informó que además de Gómez Trejo otras fiscales también han renunciado a la UEILCA debido a estas injerencias. Beristain agregó que es necesario que la Unidad Especial del caso Ayotzinapa sea fortalecida, se dé seguridad jurídica a quienes la integran y que se cree un mecanismo de seguimiento, pues sin esto “es muy difícil seguir con el caso adelante”.

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Suspenden proceso penal contra Murillo Karam

El 18 de agosto de 2022, el ex procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, fue detenido afuera de su domicilio, por ser el autor intelectual, según la investigación de la FGR, de fabricar la llamada “Verdad Histórica”, con la que presuntamente ordenó alterar evidencias y líneas de investigación, lo cual contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas.

Pero menos de un mes después, el 28 de septiembre, una jueza ordenó suspender indefinidamente el proceso en contra de Murillo Karam, por las irregularidades durante la integración de la averiguación previa. Así, un juez de control suspendió el proceso penal en contra del ex procurador, quien permanecerá en prisión preventiva justificada hasta que se analice el amparo que tramitó su defensa por su “detención ilegal”.

Sobre esto, Francisco Cox expuso que la FGR también interfirió en el cambio de fiscales dentro de la Unidad Especial para llevar a cabo la detención del Murillo Karam “con premura y falta de conocimiento del caso”. Esto abriría la posibilidad de que el ex funcionario no sea condenado por su responsabilidad, como documenta el GIEI en su informe “Ayotzinapa IV Situación actual del caso a los 8 años de los hechos”.

Sedena no entrega información al GIEI

El GIEI también señaló que la Sedena se ha negado a darle la información que tiene el Centro Regional de Inteligencia Militar sobre la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante la desaparición de los 43 estudiantes, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Esto a pesar de que la Sedena tiene órdenes del presidente López Obrador de entregar toda la documentación sobre el caso Ayotzinapa, puntualizó la experta Ángela Buitrago.

El GIEI detalló que en febrero de 2022 entregó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa al gobierno federal, en el que detalla que después de que tuvo acceso a algunos archivos de la Sedena encontró información sobre el Centro Regional de Inteligencia Militar que demuestra que el Ejército tenía información detallada desde un principio de todo lo que ocurrió durante y después de la desaparición de los 43 estudiantes.

Carlos Beristain explicó que esos archivos que encontraron en la Sedena “muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes. Y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días“.

Pero precisó que esto es parte de lo que queda por comprobar con los archivos completos que la Sedena aún no les entrega.

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“Fue el Estado”

El GIEI también indicó que no conoció el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa previo a su publicación el 18 de agosto de 2022. Por tanto, el grupo, que concluyó oficialmente sus trabajos en México el 30 de septiembre, pidió un mes de prórroga para examinar las llamadas y peritajes sobre los que la Comisión basó sus conclusiones sobre la muerte de los 43 jóvenes

Con este informe, dirigido por Encinas, el gobierno de López Obrador afirmó que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado -por la omisión de autoridades del más alto nivel-, que no hay indicios de que los 43 estudiantes estén vivos, que no fueron quemados juntos en el basurero de Cocula, sino que fueron separados y asesinados.

Además, con base en esta investigación y por primera vez el gobierno federal señaló a un coronel del Ejército de ordenar asesinar a 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por esto, las familias de los 43 estudiantes pidieron la opinión del GIEI sobre el informe de la Comisión para la Verdad.

El pasado 26 de septiembre, durante la marcha en la Ciudad de México por los ochos años de la desaparición, las madres y padres de los estudiantes declararon: “estamos lejos de obtener verdad y justicia, en las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran pruebas científicas indubitables. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor”.

“El propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro (…) Mientras nosotros pasamos los tragos amargos de la impunidad”, señaló en su posicionamiento el Comité de padres y madres de los 43. 

Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos”, criticaron las familias.

Mientras tanto, el mismo 26 de septiembre, el presidente López Obrador salió a defender al Ejército asegurando que no fue toda la institución y agregó “¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército? ¿En beneficio de quién?”

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