Don Tony, un carpintero de 70 años que vive en Chipilo, Puebla, recibe su pensión de 65 años y más hace ya casi un año. Más allá del dinero que le pueden dar sus hijas, no cuenta con otro ingreso ya que -como a muchas personas- la pandemia por la COVID-19 llevó a la bancarrota al pequeño negocio con el que se sostenía económicamente.
Para cobrar su pensión, Tony viaja en transporte público desde Chipilo hasta la capital poblana por alrededor de una hora y media, para luego caminar otros 25 minutos hacia el Zócalo de la ciudad donde se encuentra siempre con una fila de personas -que puede medir hasta tres calles- desde una de las cuatro sucursales del Banco del Bienestar que existen en el municipio.
La espera para retirar en el cajero del Banco del Bienestar es eterna. Hasta dos horas pueden sumarse a las horas de recorrido que ya hizo don Tony desde Chipilo donde no hay una sucursal del banco. Y falta el regreso a su casa: en total es una aventura de alrededor de seis horas, lo que tardaría un autobús en llegar de la Ciudad de México a Acapulco, Guerrero.
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Otro municipio cercano a la casa de don Tony es Cholula, pero tampoco hay sucursal del Banco del Bienestar; de hecho, solo se han abierto 93 sedes para los 217 municipios del estado donde, en 2020, vivían 6,583,278 de personas de las que el 11% superan los 65 años de edad.
A nivel nacional existen 2,469 municipios y solamente se han instalado 1,342 sucursales del Banco del Bienestar en el país a pesar de que la intención es que por lo menos haya una en cada municipio para atender, principalmente, a las poblaciones más alejadas y pobres.
Don Tony celebró que este 2023 la pensión 65 y más se incrementó a $4,800 pesos bimestrales, aunque nos dijo que en mayo de este año tardaron 16 días en pagársela, ya que los días para recibir los depósitos se han modificado. Como su apellido empieza con S, le tocó recibir el dinero hasta el 16 de mayo en lugar de los primeros tres a cinco días del mes correspondiente como pasaba en 2022.
Don Tony nos cuenta que muchas veces prefiere pagar la comisión de cualquier cajero automático de un banco privado -que puede oscilar entre $16 y $35 pesos- para retirar su pensión de adulto mayor, “lo malo es que hay que pagar cada vez que saco dinero o retirarlo todo y tenerlo en efectivo”.
Así que, sin querer, don Tony sigue aportando ganancias a la banca privada para realizar trámites bancarios, retirar el dinero de su pensión, pedir préstamos y muchas otras actividades que no cubre el servicio del Banco del Bienestar.
Un banco de desarrollo que no debería operar de frente a los usuarios
El propósito principal de esta institución bancaria que sustituyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) es -o era- impulsar la inclusión financiera, es decir, acercar los servicios bancarios, de ahorros y de financiamiento a personas que no eran atendidos por alguna institución bancaria comercial.
El Banco del Bienestar se creó como un banco de desarrollo para atender aspectos financieros que son necesarios para la ciudadanía pero que no dejan utilidades a los bancos comerciales, nos explicó Enrique Díaz-Infante, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, asociación civil que impulsa políticas públicas para la movilidad y el bienestar socioeconómico de México.
El especialista resaltó que por lo regular los bancos de desarrollo operan en lo que se conoce como el segundo piso, lo que significa que no tratan directamente con las y los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras.
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Pero el Banco del Bienestar es diferente, nos dijo Díaz-Infante, porque además de ser el encargado de repartir los beneficios económicos de los programas sociales del Gobierno Federal -que dicho sea de paso podría encargarse de esto otra secretaría como la de Desarrollo Social- opera de frente a los clientes, lo que sería de “primer piso”.
El problema con esto, detalló el entrevistado, es que su operación resulta carísima -pagada por las y los contribuyentes-, pero además esconde una estrategia clientelar y política detrás de esta forma de funcionar.
“El Banco del Bienestar funciona de esta manera por razones político-electorales, se le ha de designado el banco dispersor de los programas sociales y eso le permite tener contacto directo con las con las clientelas, darles un recurso económico y decirles ‘cuando vayas a la urna a votar no se te olvide que el licenciado Andrés Manuel López Obrador te está dando este dinero’”, acusó Díaz-Infante.
El Banco el Bienestar se mantiene de la dispersión de programas sociales
Enrique Díaz-Infante nos dijo que el Banco del Bienestar tiene otros problemas considerables. Uno de ellos es que sus utilidades se deben casi de manera exclusiva a la dispersión de los recursos de los programas sociales de la 4T.
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La institución bancaria ha tenido una inversión que ronda los $15,000 millones de pesos para establecer alrededor de 2,700 sucursales en el país. Reportó una utilidad al tercer trimestre de 2022 de $1,002 millones de pesos que corresponden técnicamente a los ingresos que obtuvo por la dispersión de programas gubernamentales que alcanzaron los $2,884 millones de pesos.
Enrique Díaz-Infante destacó que el Banco del Bienestar también mantiene una competencia
desleal con las sociedades financieras populares, cajas de ahorro y cooperativas, ya que en lugar de garantizar fondos a estas instituciones para que ellas puedan ofrecer los créditos a las personas, se pelean por el mismo mercado.
“El Banco del Bienestar, en su actuación actual, está inhibiendo el desarrollo del ecosistema de inclusión financiera”, nos dijo el entrevistado, y esto va en contra de su principal función.
Finalmente, Enrique Díaz-Infante consideró que sería necesario que quien llegue a la presidencia de México en 2024 voltee a ver a esta institución financiera que lejos de servir a la ciudadanía sirve más bien a intereses particulares de los gobernantes, como la designación de la construcción de sus sucursales al Ejército Mexicano, desplazando a compañías constructoras de la iniciativa privada que bien pudieran participar en este ambicioso proyecto.
No queda muy claro entonces qué bienestar persigue esta institución financiera, pero todo parece indicar que no es necesariamente para bien de las y los mexicanos.
