Enormes fajos de billetes. Una y otra vez. Guardados en mochilas, bolsas de papel, lo que sea. Esto fue lo que recibieron el actual secretario de Educación Pública de Campeche, Raúl Pozos, así como Armando Toledo, que es jefe de la Oficina de la Gobernadora de ese estado y Rocío Abreu, senadora de la República por Campeche.
Todas personas de la mayor cercanía a la gobernadora Layda Sansores.
Lo sabemos tras la revelación de una serie de videos, producto de una investigación de la periodista Fátima Monterroso, en la que se ve claramente cómo reciben el efectivo, lo guardan, lo agradecen y se van.
No queda claro quién se los da, pero todo parece indicar que es dinero entregado por el gobierno anterior, cuyo titular, Carlos Aysa, es hoy embajador de este gobierno en República Dominicana. Si eso suena sospechoso, el acto de corrupción es evidente, más allá de cualquier defensa que se pueda hacer. Nadie, legalmente, hace una operación así.
Y menos a unos días de las elecciones estatales. Parece ser una trama de traiciones internas dentro de la gran familia priista, grupo al que varios de estos políticos pertenecían hasta hace no mucho tiempo.
Sansores es alguien que vive en la polémica: si no la genera ella, como sucedió con los audios de Alejandro Moreno, líder del PRI, la alcanza. Y ahora vaya que está en el centro de una nueva tormenta.
Esto, además, sucede en el día en que la alcaldesa de Alvaro Obregón, Lía Limón, presentó una denuncia contra ella en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: siete denuncias por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción.
Sansores fue titular de esa alcaldía hasta que renunció para buscar la gubernatura de su estado, la cual ganó. Y ha usado esa plataforma para filtrar supuestos chats en los que exhibe a sus adversarios políticos.
Esto sería un gran escándalo si no fuera algo a lo que tristemente nuestra clase política nos ha acostumbrado.
Desde el legendario caso de René Bejarano recibiendo bolsas de dinero de manos de Carlos Ahumada durante el gobierno de López Obrador en la capital, una y otra vez hemos visto a políticos hacer operaciones de ese tipo.
Por supuesto hay que decirlo: esta práctica no es un monopolio de Morena.
Se ha visto a muchos operadores políticos de diversos partidos, tanto del PRI o del PAN, como del PRD obradorista, recurrir a este mecanismo de financiamiento ilegal.
Pero si es especialmente irónico en un gobierno cuya principal bandera es pelear contra la corrupción.
Lo grave es que nos reitera dos cosas preocupantes de nuestra clase política.
Uno, que el respeto a la ley es irrelevante. Ganar como sea es el único objetivo. Mientras el gobierno trata de quitarle facultades al Instituto Nacional Electoral, esto nos demuestra que los partidos necesitan más y no menos fiscalización.
Dos, nos vuelve a demostrar que vivimos en un país de políticos hipócritas.
Porque si aparece un video de panistas recibiendo dinero una horda de leales al régimen brincan a condenarlo y confirmar que son unos corruptos. Pero si vemos lo mismo con Pío López Obrador, o con gente de Layda Sansores, pues “seguro hay una explicación” o “fue para ayudar a la causa”.
En esencia, somos una nación en la que no nos importa violar la ley, nos importa quién viola la ley. Si son ellos, al calabozo; si somos nosotros, bueno, se puede explicar.
Bien escribió George Orwell en Rebelión en la Granja: “todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros”.
Y esa es la tragedia de nuestra patria.
