Reducir la informalidad podría no ser la solución para los problemas presupuestarios

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En México, más de la mitad de la fuerza laboral realiza sus actividades en la informalidad. Es decir, en actividades no reguladas por el gobierno, sin contrato que formalice la relación laboral, ni acceso a servicios de salud, seguridad social o prestaciones. 

Esto nos coloca como el segundo país con mayor tasa de informalidad en el continente, solamente después de Bolivia. Además, nos posiciona como el último lugar dentro del grupo de economías que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La situación no solamente afecta a los trabajadores al vulnerar sus derechos, sino también a los ingresos del gobierno pues uno de cada tres pesos que entran a las cuentas públicas proviene del cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual se aplica a todos los ingresos de una persona ya sea por su salario o por ingresos de comercialización de bienes o servicios.

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Por lo tanto, dada la crisis económica que impacta al país a partir de la pandemia por la COVID-19, y que ha generado una caída de los ingresos públicos de 5.4% (respecto a lo observado en 2019) atender el fenómeno de la informalidad se vuelve cada día más necesaria.

Adrián García Gómez, coordinador del área de Ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) nos dijo que el problema de los ingresos es tan serio que, de acuerdo con el experto, no sería suficiente con esta medida para revertir la crisis de recaudación de impuestos.

Más recaudación implica más gastos

Adrián García explica que “aunque sí hay un potencial recaudatorio, el ingreso promedio de las personas en la informalidad es más bajo, por lo que pensar que esta sea la solución definitiva para los problemas de recaudación del país es ilusorio” pues al acceder a derechos laborales, el Estado tiene obligación de proteger y asegurar su provisión.

“Formalizar a las personas no solo incrementa la recaudación, sino que también se incrementan los costos porque ahora tienen derecho a seguridad social, créditos INFONAVIT, a la pensión, lo que representan gastos para el Estado”.

Por lo tanto, en el balance, “el gasto que se genere va a ser muy similar al incremento en los ingresos obtenidos”, puntualiza el investigador del CIEP. 

Sin embargo, aclara que no por eso no debe buscarse resolver esta situación. “Recaudar sí vale la pena, además de que es deseable que más personas tengan acceso a derechos como la seguridad social o a servicios de salud”, concluye García Gómez.

¿Cuántos recursos obtiene el gobierno del sector formal?

En todo 2019, el gobierno obtuvo cinco billones -millones de millones- 384,289 millones de pesos. De esa cantidad un billón 686,618 millones provinieron del cobro del ISR a los trabajadores del sector formal que agrupó en ese año a 25 millones 240,000 personas (43.8% de la población en edad de trabajar).

Con la crisis sanitaria y económica actual, este escenario cambió. Y es que después de que 12.5 millones de personas perdieran sus empleos en abril -mes en que se instauró la jornada nacional de Sana Distancia-, la recuperación laboral fue impulsada por el sector informal.

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Esto ha generado que la proyección de ingresos del gobierno para los primeros nueve meses del año se quede corta por 295 mil millones de pesos respecto a lo que se ha obtenido en realidad. Esa cantidad de dinero equivale a la mitad de los recursos que el gobierno ha destinado a Salud en lo que va del año.

Sin embargo, Adrián García Gómez aclara que las personas en informalidad el único impuesto que no pagan es el que el gobierno cobra sobre el ingreso, pero sí aportan a la recaudación a través de los impuestos al consumo como el IVA o el IEPS.

Para el experto, la solución ideal a los problemas presupuestarios provendría de una reforma fiscal integral que reestructure el cobro de impuestos de manera progresiva -que paguen más quienes más tienen- y que incluya medidas que favorezcan la incorporación de más personas a la formalidad.

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