Jesús Murillo Karam está en el Reclusorio Norte. Poco después de que se publicó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa el exprocurador, quien intentó cerrar el caso en 2015, fue detenido.
Murillo Karam fue aprehendido el viernes por elementos de la Fiscalía General de la República apoyados por la Marina cuando salía de su domicilio en Lomas de Chapultepec, uno de los vecindarios más exclusivos de México. De acuerdo con los reportes de la FGR, Murillo Karam no opuso resistencia y colaboró con las autoridades al momento de su detención acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Su orden de aprehensión la obtuvo la FGR del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Tras su detención Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía y puesto a disposición de la autoridad judicial.
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Esto ocurre poco más de siete años después de que Murillo Karam declaró que había llegado a la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa en una conferencia de prensa el 27 de enero de 2015. Ese día la todavía Procuraduría General presentaba los avances de la investigación que coordinó desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo de la justicia en Israel, donde se negó a admitir un criterio de oportunidad ofrecido por la FGR con el propósito de esclarecer el caso Ayotzinapa.
En aquella conferencia, Murillo Karam se ufanaba de los logros de una investigación supuestamente exhaustiva, profunda y seria, sustentada en hechos científicos. La conferencia acabó porque el procurador dijo estar cansado.
Su investigación se basaba en las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los estudiantes.
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También declararon Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes fueron los primeros detenidos por el caso.
Una de las conclusiones fue que la mayoría de las confesiones se obtuvo bajo tortura, lo que ha permitido la liberación de tres de los perpetradores del crimen de Estado.
Además de Murillo Karam, la FGR , obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Ayotzinapa es un crimen de Estado
Casi ocho años después de que 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos fueron desaparecidos, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa determinó que se trató de un crimen de Estado.
De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, autoridades del más alto nivel del gobierno fueron omisas y negligentes con la intención de manipular la verdad e impulsar una narrativa distinta a los hechos.
El informe establece que la llamada “verdad histórica” a la que llegaron las investigaciones del ex procurador Jesús Murillo Karam buscaba legitimar socialmente la verdad de los hechos, limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por los grupos criminales, así como la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, sin considerar la participación de autoridades estatales y federales. Es decir, buscó blindar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Ángel Aguirre de cualquier responsabilidad.
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Como ejemplo, el funcionario mencionó que las investigaciones de la Comisión resaltan que la afirmación de que los estudiantes fueron a la ciudad de Iguala para boicotear un evento del DIF de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca, es falsa. Sin embargo fue uno de los sustentos de la “verdad histórica”.
“Autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar los hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, se lee en las conclusiones de la Comisión dadas a conocer por la Presidencia.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
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El informe indica que las autoridades en todo momento tuvieron conocimiento de las actividades y movimientos de los estudiantes desde su salida de la normal rural de Ayotzinapa hasta su desaparición gracias a Julio César López Patolzin, soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional que además de ser alumno de la normal realizaba tareas de agente encubierto. Sin embargo esa dependencia ni siquiera implementó el protocolo para la búsqueda de un soldado desaparecido, lo que habría salvado la vida del elemento castrense y los otros 42 estudiantes.
“Este solado, López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de Infantería Marcos Barbosa, del 27 batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo militar de desaparecidos”, señaló el subsecretario Encinas.
“El teniente Barbosa tendrá que rendir cuentas de su omisión en el garantizar la integridad física y de la búsqueda del soldado, que hubiera sido muy útil activar el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos para evitar la desaparición de los muchachos”, agregó.
Descartan hallar con vida a los estudiantes
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación indicó que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, señala el informe, todos los testimonios y evidencias acreditan que luego que a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras la persecución en Iguala, se dio la orden de matar y desaparecer a los jóvenes.
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El informe apunta que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
De acuerdo con la comisión existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.
En una conferencia de prensa, normalistas de Ayotzinapa pidieron la encarcelación no solamente de Jesús Murillo Karam, sino de todos los responsables e involucrados en la “verdad histórica”, incluyendo mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina.
“Al que deben de culpar y encarcelar a todos los que intervinieron en la ‘verdad histórica’ porque es una vergüenza. En este país se prefieren intereses de unos cuantos que a la población en general.
“Es importante recalcar que el gobierno y las investigaciones están dejando en claro que nuestros compañeros fueron asesinados”, afirmaron.
¿Cuánto más falta para conocer la verdad en el caso Ayotzinapa?
