A tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Acuerdo con el que cataloga a sus megaproyectos como de “interés público y de seguridad nacional” podría poner en duda la transparencia de su administración, dar espacio a la opacidad y abrir la puerta a actos de corrupción.
Además, al eliminar los estudios de impacto, podría violentar los derechos humanos de las personas. Así lo advierten diversas organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y nacionales e integrantes de partidos políticos.
A 24 horas de haber publicado el decreto, el presidente aclaró en la conferencia de prensa mañanera del 23 de noviembre que en su gobierno tienen “la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad”, a propósito de la ola de críticas que levantó el decreto.
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El mandatario también declaró que este Acuerdo solo tiene el objetivo de “agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya”.
Pero las voces se siguen sumando y apuntan a que esta medida presidencial va en contra de la transparencia, rendición de cuentas, debido proceso, leyes ambientales, tratados comerciales, consulta previa, progresividad de los derechos humanos, entre otros, como también lo denunciaron las asociaciones civiles Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Causa en Común.
Controversia Constitucional
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Acuerdo, por una “posible transgresión” del Artículo 6 constitucional.
El INAI pretende “evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleve a cabo”.
Ante este escenario, Martha Tagle Martínez, ex-diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano, nos dijo que el Acuerdo “terminará perjudicando a la ciudadanía, porque no sabremos ni los recursos que se utilizarán ni si las obras que se estén impulsando cuentan con las características que se requieren para dar servicio”.
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“Cuando hay opacidad es la carta abierta para la corrupción”, porque si nadie está viendo qué sucede con los recursos públicos puede haber malos manejos, provocar que las obras sean hechas de manera inadecuada y se dañe la vida de las personas, manifestó.
Y puso como ejemplo de una obra con fallas en la construcción y con falta de mantenimiento, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuyo tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos colapsó el 3 de mayo pasado y ocasionó la muerte de 26 personas.
“La corrupción tiene efectos en la vida cotidiana de las personas. Cuando no le llegan los servicios que requieren de manera adecuada o que incluso pueden poner en riesgo su vida, por no ser obras que estén lo suficientemente supervisadas, vigiladas y con todos los estándares que se deben de cubrir”, comentó.
¿De qué trata el Acuerdo?
La Presidencia de la República publicó el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo con el que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura (…) que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”
Además, con el decreto se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una “autorización provisional” en tan solo cinco días y que durará por 12 meses, para iniciar la construcción de los proyectos emblemáticos del gobierno. Y se exenta a las obras de cualquier otro trámite, autorización o estudio que las diversas leyes establecen.
Así, el Acuerdo evitará que los megaproyectos (el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, por ejemplo) puedan ser detenidos a través de amparos -o suspensiones- y se garantice su terminación, conforme lo expuso el mismo presidente en esta conferencia matutina.
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¿El presidente tiene facultades para esto?
Martha Tagle nos explicó que el presidente “tiene facultades claras de reglamentar situaciones hacia el interior de la administración pública, según el Artículo 89 constitucional (artículo en que se fundamenta el Acuerdo), siempre y cuando no sean facultades de otros organismos autónomos y particularmente en materia de transparencia”.
Y aunque el presidente haya asegurado que su Acuerdo “no tiene nada que ver con la transparencia”, todo lo que se ha clasificado como de “seguridad nacional se ha reservado su información y no hay posibilidad de acceder a ella”, dijo.
Por esto, dicho decreto “es inconstitucional, sobrepasa sus facultades (de AMLO) reglamentarias en administración pública, atenta contra lo establecido en materia de transparencia y rendición de cuentas”, afirmó.
En entrevista con Cuestione, Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, comentó que “se abusa de la figura del acuerdo para saltarse la ley”. Esto, porque si la protección a las obras de infraestructura tal como lo establece el decreto “se pasará por la vía constitucional y legal” no podría ser posible de manera tan rápida, pues se requerirían reformas legales.
Incluso opinó que “se trata de dar un cierto grado de opacidad a las obras, sobre todo por la cantidad de recursos que están manejando las Fuerzas Armadas y las instituciones asociadas a este Acuerdo (…) Nadie tiene la garantía de en qué se van a invertir los recursos o si realmente se están invirtiendo en lo que se dijo. Esto abre un tema de posible corrupción”.
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Más violaciones a derechos y tratados internacionales
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados señaló en un comunicado que el Acuerdo “resulta francamente violatorio de las siguientes disposiciones constitucionales: la división de poderes (…); en materia de competencia económica en tanto que (…) genera una competencia desleal; disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente (…) y disposiciones sobre el desarrollo sustentable”, entre otras.
De igual forma, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó en su cuenta de Twitter que “analiza las posibles implicaciones en la vigencia de los estándares internacionales del Acuerdo” del presidente López Obrador.
Por ejemplo, “el deber estatal de realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente conforme al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
Mientras tanto, el Senado de la República analiza si presenta una controversia constitucional para impugnar el decreto. La controversia la tendría que presentar la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero. Veremos si Morena se atreve a desafiar al presidente.
