“Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos”, dijo el ex procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, el 27 de enero de 2015 cuando el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto entregó lo que conocemos como “La verdad Histórica” sobre el caso Ayotzinapa.
La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos en los días 26 y 27 de septiembre de 2014 ha avanzado desde entonces a tropezones. Llevamos nueve años esperando que se esclarezca el paradero de los estudiantes y se le otorgue justicia a las familias.
El 27 de septiembre de 2023 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó su segundo informe sobre el caso, presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Te puede interesar: Ayotzinapa, la tragedia que nunca termina
Todos esperábamos que se cumpliera la promesa de llegar a la verdad. No la verdad que le conviene al gobierno, sino la verdad que se merece la población, aquella en la que le dijeran a las familias dónde están sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Pero no.
Contrario a esto, el segundo informe que presentó Encinas regresó a varias de las hipótesis que desde 2015 apuntaban las responsabilidades hacia las policías locales, los grupos delictivos como los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos, y peor aún justifican la actuación de los elementos del Ejército quienes “sólo estaban siguiendo órdenes” y son “pueblo uniformado”, como ha sostenido López Obrador.
Las hipótesis del informe
El segundo informe del caso Ayotzinapa del gobierno de López Obrador arroja tres posibles hipótesis sobre los motivos de la desaparición de los estudiantes en 2014. La primera es que hubo una confusión dentro del cártel Guerreros Unidos “respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza”.
La segunda es que la desaparición de los estudiantes se hizo con “la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde José N (se refiere a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala en ese entonces) y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo N, Ángel N y Félix N”.
Esta misma versión, donde responsabilizan como autor intelectual de la detención y desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, Guerrero, es la misma que presentó Murillo Karam en el primer informe que recibimos del caso en 2015.
La tercera hipótesis que aparece en el informe es “el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados”, que coincide en parte con lo que señaló en su sexto informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso y presumía como la causa del ataque que en uno de los autobuses que tomaron los estudiantes podría haber existido un cargamento de drogas o armas, como te contamos en esta nota.
Defensa cerrada al Ejército
“El Ejército y sus mandos actúan con lealtad. Y yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente López Obrador el 3 de octubre de 2023 durante su conferencia matutina al ser cuestionado sobre la inclusión de elementos militares en la investigación del caso Ayotzinapa.
“No se puede juzgar a una institución como el Ejército, fundamental para el fortalecimiento del Estado nacional (…) No se puede socavar una institución como el Ejército solo por el mal comportamiento de uno, dos, cinco, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros”, dijo López Obrador defendiendo a la fuerzas castrenses y asegurando que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado toda la información en sus manos sobre el caso.
Sin embargo, el GIEI -al entregar su sexto y último informe- acusó justamente lo contrario: una opacidad inquebrantable y obstaculizadora del Ejército, motivo por el que decidió abandonar el caso, como te explicamos en esta nota.
Humberto Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización de la sociedad civil, nos explicó que la defensa férrea del Ejército lo que hace es confirmar lo que desde hace mucho tiempo han documentado y denunciado diversas organizaciones: que el Ejército se constituyó en un poder de facto con un peso muy fuerte en las decisiones del país.
“Cuando hay delitos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, las desapariciones de la Guerra Sucia, hacer que el Ejército rinda cuentas desde la parte más básica que es que den acceso a la información que ayude a esclarecer los casos, es sumamente complicado. Es una institución muy opaca y cerrada”, acusó Guerrero Rosales.
El especialista nos compartió la preocupación de que este sexenio no solamente le ha dado línea de continuidad al empoderamiento del Ejército en materia de seguridad pública sino que lo introdujo a otras esferas públicas del país. Estarán manejando una gran cantidad de recursos y proyectos sin abrirse a los controles y mecanismos de rendición de cuentas.
El presidente, en la misma conferencia matutina del 3 de octubre de 2023, dijo que el error que cometió el Ejército cuando fabricaron la llamada Verdad Histórica fue querer ocultar las cosas y aseguró que “todo lo que se ha logrado ha sido porque ha habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada”.
También puedes leer: Ayotzinapa: Fuerzas Armadas logran imponer la sombra sobre la desaparición de los 43
Pero en consideración de Guerrero Rosales, la defensa del presidente a las Fuerzas Armadas fortalece la opacidad y la impunidad, obstruyendo nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
“Lo que está obstaculizando es el elemento más esencial en cualquier caso de desaparición forzada que es el esclarecimiento del paradero de las personas (…) Y hay un segundo nivel, que es la afectación del derecho a la verdad de la población e incluso de la comunidad internacional”, nos dijo el entrevistado.
Guerrero Rosales también afirmó que la defensa del Ejército, los discursos y la narrativa que vienen del gabinete de Seguridad y del mismo presidente solo aportan a que haya más confusión sobre lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa.
El presidente López Obrador afirmó ese mismo 3 de octubre de 2023 que sí fue un crimen de Estado: “no hay duda” sostuvo, pero regresó a la defensa del Ejército: “el Ejército, a ver, pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales”.
“Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran a los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa”, agregó.
Omisión, ese es el delito que le atribuye el presidente en su hipótesis a la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro país que tienen la consigna por naturaleza de defender a la ciudadanía, si no ¿cuál es su propósito?
Humberto Guerrero Rosales afirmó que algún día se conocerá la verdad de lo que pasó en Iguala.
Llegará el día en que dejaremos de preguntarnos si los estudiantes fueron cremados y repartidos sus restos por las zonas de Río Balsas, Pueblo Viejo, casa de Huitzuco, el basurero de Cocula o el rancho que señalan los testimonios. Si fueron disueltos en ácido, tirados en barrancas, fosas clandestinas o si siguen vivos.
Porque la ciudadanía, las organizaciones y las familias de los estudiantes no quitarán nunca el dedo del renglón. Simplemente porque el dolor no los deja.
