Buscan diferentes alternativas
“Cuando supe que estaba embarazada, estaba segura que no quería tenerlo. No podía decirle ni a mi novio, porque sabía que él estaba en contra de abortar, así que recurrí a mi mejor amiga. Comenzamos a buscar clínicas para la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, pero era difícil porque no podíamos ir a formarnos desde las 6 de la mañana por la contingencia, ni sabíamos si los centros estaban abiertos. Al final decidí mejor ir a una clínica privada”, cuenta Mariana González en una entrevista con Cuestione.
En la mayor parte de México no es posible acceder a la interrupción legal y segura del embarazo. De las 34.5 millones de mujeres en edad reproductiva (entre los 15 y los 49 años) que viven en el país, únicamente 11% vive en Oaxaca y Ciudad de México, las dos únicas entidades en donde es legal interrumpir el embarazo.
Ahora, con la contingencia sanitaria por COVID-19, los obstáculos son aún mayores. En la Ciudad de México, por ejemplo, de las 13 clínicas para la interrupción legal del embarazo que hay, solo seis continúan dando servicio, como constatamos al llamar a la línea de Medicina a Distancia para pedir informes.
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Hasta septiembre de 2019 se habían realizado 216,755 abortos legales en Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX. Sin embargo, la emergencia sanitaria que enfrentamos podría vulnerar este derecho, ya que no todas las clínicas públicas están brindando el servicio, las restricciones de movilidad dificultan el desplazamiento de las mujeres, el tiempo juega en su contra y no todas pueden pagar el tratamiento en un centro privado.
Los centros abiertos en CDMX son: el Hospital Infantil Coatepec en la Gustavo A. Madero, la Clínica Comunitaria Santa Catarina en Iztapalapa, el Centro de Salud México España en Miguel Hidalgo, el Hospital Materno Infantil en Tláhuac, el Centro de Salud Beatriz Velazco Alemán en Venustiano Carranza y el Centro de Salud Cuajimalpa (en esta última atienden hasta la novena semana de gestación, después de este periodo ya no se realiza el procedimiento).
No pueden esperar a que pase la cuarentena para interrumpir su embarazo
La ventana de oportunidad para interrumpir un embarazo se cierra un poco con cada día que pasa, a la vez que aumentan los riesgos.
Fondo María es una organización civil que desde hace once años ayuda a mujeres, principalmente fuera de la Ciudad de México con acompañamiento emocional, transporte y medicamentos para que viajen a la entidad a interrumpir su embarazo de una manera legal, segura y gratuita. “Las mujeres no pueden esperar a que pase la cuarentena para interrumpir su embarazo y no podemos pedirle a alguien que continúe si ya esta segura que no quiere”, dice Oriana López Uribe, vocera de la organización, en entrevista con Cuestione.
Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Jalisco son los principales estados de donde provienen estas mujeres, explica López.
Antes de viajar se aseguran de que las mujeres no presenten síntomas de COVID-19; de ser así, deben permanecer en casa para asegurarse que están bien y la Secretaría de Salud las evalúe, lo que puede tardar hasta dos semanas.
En los últimos meses, el Fondo María se ha encontrado con nuevos obstáculos: “Los costos se han multiplicado. Un procedimiento cuesta (entre transporte, medicamento y hospedaje) de 2,500 a 5,000 pesos, pero ahora con la reducción de servicios, la organización echa mano también de clínicas privadas, lo que hace que el costo por procedimiento pueda elevarse hasta en 15,000 pesos”, dice Oriana López Uribe.
Además, “con la contingencia, los procesos se volvieron más complicados. Nuestras líneas están saturadas de mujeres pidiendo información y ayuda. Si la mujer debe trasladarse de su estado a la CDMX, debe lidiar primero con las restricciones de movilidad, con encontrar transporte o vuelos, cada vez más escasos. Y aún cuando los precios del tratamiento suben en las clínicas privadas, preferimos acudir a estos lugares para evitar exponerlas durante la epidemia y para no saturar los servicios de salud pública”, agrega López Uribe.
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Lopez Uribe destaca tres factores que contribuyen al aumento en la demanda para interrumpir el embarazo: la incertidumbre sobre si los servicios de salud pública de la CDMX o Oaxaca continúan brindando atención; la dificultad para comunicarse y pedir informes (pues al estar encerradas con las familias, no encuentran espacios seguros); y la falta de recursos económicos. Las mexicanas están viviendo al día y no pueden pagar servicios privados.
Debido a esto, Fondo María lanzó una campaña para recaudar fondos que cubrirán los gastos necesarios para seguir en operaciones, además de seguir vendiendo en línea “productos con causa”, como libretas y playeras.
El gobierno debe asegurar estos servicios
Amnistía Internacional publicó una Guía para proteger los derechos de mujeres y niñas durante la pandemia de COVID-19 En este documento menciona que “ante los retardos previsibles en el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo, los Estados deberían considerar flexibilizar el acceso a este servicio para aquellas legislaciones que prevean un sistema de plazos, independientemente de la razón por la cual se solicita la interrupción del embarazo”.
Las mujeres no pueden esperar a que la cuarentena termine para que ellas puedan abortar. Hacerlo puede ponerlas en peligro al enfrentarse a abortos clandestinos y tener que viajar en medio de la emergencia sanitaria para poder llevarlo acabo. “Ninguna mujer debería tener que trasladarse de un estado a otro para poder interrumpir su embarazo, deberíamos poder ejercer nuestro derecho a decidir”, declara Oriana López Uribe.
