México no olvida que hace más de cinco años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron desaparecidos. Sí: sus rostros y nombres siguen vivos en las voces de los manifestantes que buscan justicia, pero esta no ha llegado.
Aun con el cambio de gobierno, las expectativas de un trato diferente a los familiares de las víctimas, no se han cumplido.
El gobierno mexicano sigue sin poderle dar respuestas a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que, además de perder a sus hijos, continúan sufriendo represiones como la ocurrida en Chiapas (donde gobierna el morenista Rutilio Escandón), el 16 de febrero pasado, cuando unos 200 policías estatales los atacaron con gases lacrimógenos sin ningún motivo.
Los familiares han levantado la voz ante una represión que esperaban se hubiera acabado.
Las cuentas pendientes en el caso Ayotzinapa
Las deudas que el gobierno tiene con las madres, padres e hijos de los 43 estudiantes son muchas. Según dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, en entrevista para Cuestione, el principal deudor es el del expresidente Enrique Peña Nieto, que en lugar de esclarecer los hechos “se inventó una verdad histórica” para explicar la noche del 26 de septiembre.
“Nunca se consolidaron las líneas de investigación, se creó una hipótesis que nunca existió y condujo a ocultar la verdad, una hipótesis que estuvo destinada a encubrir a los responsables. No hubo una investigación pronta y hubo un grupo de acciones que buscaban tejer una cortina de humo”, explicó Rosales.
El año pasado hubo un avance después de que se realizaron 18 búsquedas de restos humanos, “pero en investigación todavía hay retos”, dijo. Ha habido 25 reuniones de trabajo, seis de ellas con autoridades; sin embargo, la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la República para investigar el caso ha ido un poco más lenta y el año pasado fue para equipar esta unidad pero las investigaciones no han avanzado, dijo el abogado.
Otros de los compromisos que van lentos son los que tienen que ver con la indagatoria de los funcionarios de la entonces PGR por las irregularidades en las investigaciones. “Se comprometieron a que habría un curso en las investigaciones, pero no hemos sido informados en los avances”, señaló Rosales.
“Hay instituciones cuyos miembros fueron de alguna manera responsables, policía federal, por ejemplo, que ahora contribuye en los operativos de búsqueda y acompañamiento. Pero no se ha avanzado en poner a disposición a los policías que participaron. Lo mismo con el Batallón 27 de la Sedena: no hay disposición ni apertura para que se investigue a quienes estuvieron esa noche ahí”, expuso el abogado.
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Enrique Peña Nieto y su “verdad histórica”
Una de las principales deudas con los padres de los desaparecidos y con México fue el manejo del caso del entonces presidente Enrique Peña. Cuatro meses después de la desaparición de los estudiantes, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Jesús Murillo Karam, dio a conocer una “Verdad Histórica”.
La versión presentada por Murillo Karam aseguraba que policías municipales habían entregado a los jóvenes al grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes supuestamente habían asesinado e incinerado los cuerpos de los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero.
La “verdad histórica” fue cuestionada por especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Equipo Argentino de Antropología Forense. Ambos grupos coincidieron que era científicamente imposible la teoría presentada por el entonces procurador Murillo Karam.
Aún así, casi al cierre de su sexenio, en 2018, el entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, insistía en la versión de que los estudiantes habían sido incinerados por grupos delincuenciales en Guerrero, pero que eran los padres de familia los que “tenían rechazo por aceptar” las investigaciones de la entonces PGR.
Por los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 se detuvo a 142 personas, pero 77 ya fueron liberadas, y no existe ninguna sentencia condenatoria, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
Lo que ha hecho el gobierno de López Obrador para resolver el caso
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una serie de acciones que, dijo, ayudarían a esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, pero los avances han sido pocos.
Siete meses después de la desaparición de los 43 estudiantes, en la avenida Paseo de la Reforma, fue colocado un antimonumento de protesta. Por más de cinco años, y en cada marcha exigiendo que “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los contingentes se detienen a hacer un minuto de silencio.
No sólo cuentan a los jóvenes estudiantes, sino que recuerdan a los más de 40 mil desaparecidos cuyas ausencias no han podido ser explicadas a sus familias. ¿Llegará algún día la justicia para las familias de los miles de desaparecidos?
