Gira de Adán Augusto López para asegurar la militarización aumenta las tensiones políticas

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Casi a la medianoche del 12 de octubre fue aprobada la reforma para ampliar la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 por el Congreso. 

Una vez librado el obstáculo que representaba una Legislatura en la que Morena perdió en las elecciones intermedias de 2021 la mayoría calificada, necesaria para impulsar reformas constitucionales, la iniciativa ahora debe ser aprobada por la mitad más uno de los congresos estatales.

Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cabildear en los congresos locales para conseguir la aprobación en 17 de las 32 legislaturas que se requieren para que la reforma quede inscrita en la Constitución.

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Morena gobierna 16 estados y cuenta con el mayor porcentaje de congresistas estatales, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Competitividad. En todos ellos tiene la primera minoría y en dos cuenta con mayoría absoluta

Sin embargo, AMLO no quiere sorpresas, por lo que instruyó a un secretario de Gobernación que a la vez es su operador político viajar a estas entidades para garantizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Hasta el jueves la iniciativa no tuvo obstáculos y ya fue aprobada en los congresos de Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Campeche. Este viernes Adán Augusto viajó a Puebla, gobernado por Miguel Barbosa Huerta, y donde Morena cuenta con el respaldo de 23 de 41 legisladores. 

La minuta avalada en el Senado y la Cámara de Diputados sería ratificada también en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, donde gobierna Morena.

Si bien avanza la permanencia del Ejército en las calles, existe un factor criticable. De acuerdo con el especialista en Defensa y Seguridad Nacional, Javier Oliva Posada, en el Congreso se “utilizaron a las Fuerzas Armadas como una moneda de cambio”.

El también profesor-investigador en la FCPyS de la UNAM considera que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, negoció su impunidad.

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“Concedió la mayor parte de los votos de su bancada en la Cámara de Diputados para que procediera el ajuste al Artículo 15 transitorio de las leyes que dieron origen a la Guardia Nacional a cambio de que sigan impunes los abusos de poder del priista y corrupción en Campeche que están documentados”, nos dijo. 

Oliva Posada observó un debate muy pobre en el paso de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. En el Senado, la discusión se centró en los insultos.

Pero el contexto de la militarización de la seguridad pública del país es más amplio y se da en medio de una andanada de filtraciones y hechos en las que el Ejército no es la institución inmaculada que quiere hacer ver el presidente, nos comentó. 

“Se dio a conocer el informe de los hechos de Ayotzinapa, de Alejandro Encinas, donde claramente no se sustentan sus señalamientos respecto a la participación de elementos del Ejército. Estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos vandalizaron la puerta principal del campo militar”, nos recordó.

“Hay un montón de elementos que convergen en particular en la Sedena”. Lo más reciente es el hackeo de Guacamaya y extracción de 4,144,000 correos electrónicos internos y externos de la dependencia. 

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Con este telón de fondo, el estudioso en Seguridad Nacional consideró que los análisis y coberturas han sido insuficientes. “Los civiles no han estado a la altura de darle un tratamiento mucho más profesional a estos temas”, nos dijo.

Ahora, las acusaciones que se dieron en el Congreso se han trasladado a los estados. En ese tour mediador que realiza Adán Augusto López no pierde oportunidad de evidenciar a los estados opositores. 

Al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo llamó “hipócrita” y “egoísta” por pedir el apoyo de la Guardia Nacional para tareas de seguridad, que actualmente tiene desplegados 8,320 elementos del Ejército y de la GN, porque los 1,287 policías con los que cuenta el estado los emplean, según el secretario de Gobernación, para vigilar “empresas privadas, cadenas de súper, tiendas de conveniencia y gasolineras”.

El mandatario de Movimiento Ciudadano usó sus redes sociales para corregir los datos. Nuevo León cuenta con 6,567 elementos de la Fuerza Civil; 7,002 policías municipales de la ZMM y 1,152 policías rurales. En total hay 14 mil 721 elementos de seguridad, explicó.

Pero a decir de Oliva Posada, el debate ya está abierto, pues el gobierno ha criticado a mandatarios de la oposición por solicitar apoyo de militares para atender temas de seguridad pública, mientras rechazan la militarización.  

En el corte de caja, también le tocó a Jalisco por sus “baños de sangre” provocados por la inseguridad. “Ya no hablemos de Jalisco, donde el clásico que estaba en España publicó un tuit, a raíz de una masacre, bueno, de un enfrentamiento en Zapopan: ‘Ahí, gracias a nuestros militares se evitó una masacre’; pero no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma cómo esta”, acusó el secretario de Gobernación.

En un mensaje difundido en Twitter, Alfaro refutó las declaraciones del encargado de la Segob, y , como te explicamos en esta nota, dijo que eran contrarias a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Antes de nosotros hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva, donde están integrados todos los delitos”.

En el listado de evidenciados por Adán Augusto López también se encuentra el gobierno de Maru Campos, en Chihuahua, por contar con 1,100 policías estatales y 6,000 elementos de la Guardia Nacional y el mandatario panista de Guanajuato, Diego Sinhue, por la incapacidad para depurar a una “policía corrompida que estaba tomada por el crimen organizado”.

En su cabildeo, el secretario presume que con la reforma que extiende la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, se está dando “una oportunidad a las mexicanas y a los mexicanos de seguir construyendo la paz”.  

Se contará con policías municipales y “se les dotará de capacitación, dinero, armamento”, asegura López Hernández, pero el analista en Seguridad Nacional, Javier Oliva Posada, advierte que esto, si ocurre, va a tardar años.

“Morena primero eliminó el Subsemun y luego el Fortaseg, dos subsidios importantes para la seguridad pública”.

A decir de Oliva Posada “la crisis de inseguridad pública también tiene explicaciones presupuestales, 208 municipios en este año se quedaron sin recursos para seguridad pública por la decisión de Morena, por eliminar el Fortaseg”.

Estudioso del tema, nos precisa que en México vemos “una visibilidad de los militares”, pero porque se las asigna su comandante, “no porque ellos quieran construir aeropuertos o sucursales bancarias, son por instrucciones del presidente”.Con lo que descarta lo que algunos han querido ver como una militarización. “En México, son los civiles o presidentes desde Miguel Alemán hasta Andrés Manuel López Obrador, todos sin excepción han ido a buscar a los militares para algún tipo de servicio de trabajo adicional”.

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