“Mira nomás qué bonita melena”, escuchó Bertha del primer mexicano que conoció en persona mientras envolvía en su puño su cabellera negra con ella boca abajo, en el piso de una celda. La migrante colombiana de entonces 19 años de edad vomitó nerviosa y suplicó entre sollozos que no le hicieran daño pero la violaron en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Era agosto del año 2007.
El 27 de marzo del año pasado, la tragedia volvió a tocar las puertas de otra estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí murieron 40 migrantes principalmente de América Central y del Sur, en un incendio donde quedaron atrapados entre las rejas de las celdas migratorias que permanecieron bajo llave.
El más reciente informe de la CNDH confirma lo que muchos ya sabían: que las estaciones migratorias siguen siendo lugares de sobrepoblación, falta de infraestructura y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
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El día que detuvieron a Bertha por no tener papeles que acreditaran su estancia legal en México, iba acompañada de Katherine, una amiga de la infancia que vivía en el mismo barrio de calles sin pavimento del que emigraron en Cali, Colombia.
Bertha y Katherine, víctimas de trata de personas, llegaron a la frontera entre México y Guatemala bajo promesas falsas de un futuro económico mejor para ellas y sus familias pero al detenerlas en Chiapas, la estación migratoria de Tapachula se convirtió en el infierno.
“La persona que supuestamente nos iba a recoger en Chiapas no llegó sino como cuatro días después de lo planeado”, mientras tanto “nos violaban diario, nos separaron de celdas, quedamos incomunicadas y nos aventaban botellas con agua como si fuéramos animales“, cuenta Bertha a Cuestione.
“Ninguna es adecuada“: CNDH
Una estación migratoria es un lugar administrado por el Instituto Nacional de Migración para concentrar de manera temporal a las personas que no acrediten una situación migratoria regular en México. Para Bertha y Katherine “es una cárcel”, el motivo por el que acuden a terapia sicológica “para salir de ahí”.
“Desde la población migrante hay muchas quejas, las estaciones son inadecuadas, tienen problemas de población, de salubridad, en muchos casos no fueron pensadas ni para la cantidad de población que albergan o fueron montadas de forma provisional”, dice Yarima Merchan Rojas del colectivo Migrante 33, que tiene por objetivo apoyar a la población migrante residente o en tránsito por México para lograr el ejercicio pleno de sus derechos.
El infierno que pasaron las migrantes colombianas en la estación migratoria de Tapachula quedó para la historia en el libro Crónica de las Violencia de ediciones Porrúa. Dos años antes de su llegada a México, con Vicente Fox como presidente de México, ya se documentaba el calvario que vivían las y los migrantes en las estancias habilitadas por el INM.
En ese entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un primer Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana. En él se externó la preocupación por el alto índice de marginación y malos tratos que sufrían las personas migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias del país.
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Catorce años después, en el 2019, la CNDH publicó otro Informe donde quedó de manifiesto “que las condiciones y características estructurales de los recintos migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), habían mantenido un modelo carcelario, afectando la integridad física y mental de las personas migrantes; se vulneraba el derecho al trato digno”, menciona el documento.
Ahora, en un tercer Informe, la CNDH ofrece un semáforo donde muestra las condiciones de 38 estancias provisionales y 11 estaciones migratorias para el periodo mayo-julio de 2023 con respecto a las condiciones de alojamiento, infraestructura en seguridad, protección y defensa y percepción de las personas alojadas.
Desde el ejercicio específico de la CNDH para la integración de este Informe Especial, “ninguna estación o estancia se considera adecuada, 13 de ellas son insuficientes, 21 son inadecuadas y el resto se encuentra en situación crítica”. La calificación general en escala del 0% al 100%, resultó en 47.93%.
Para el Informe Especial se entrevistaron a 316 personas de distintas nacionalidades de Venezuela, Guatemala, Honduras, Siria, Polonia, Kuwait, entre otras. Se consideraron cuatro calificaciones: adecuada (80 a 100 puntos), insuficiente (60 a 79), inadecuada (40 a 59) y crítica (0 a 39); la estancia provisional de Huehuetán en Chiapas es la peor calificada con un total de 21.67 puntos.
La transformación que no llegó
Las tragedias en las estaciones migratorias en México han sido constantes durante muchos años. Desde incendios hasta condiciones inhumanas de hacinamiento y falta de atención médica adecuada, estas instalaciones han sido escenario de sufrimiento y pérdida de vidas de migrantes que buscan un futuro mejor.
El Informe actual de la CNDH revela que cuando menos los últimos cuatro sexenios en México el diagnóstico de las estancias y estaciones migratorias ha sido el mismo; sobrepoblación, falta de infraestructura, poca seguridad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población migrante.
De acuerdo con la CNDH, el Instituto Nacional de Migración (INM) y su modelo de estaciones migratorias -que nació en 1993 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio TLC- respondía a una política de seguridad fronteriza que no corresponde con la dinámica migratoria actual.
“Estos lugares originalmente concebidos como sitios de tránsito han visto a personas permanecer durante días en condiciones de hacinamiento, careciendo de servicios básicos como agua y saneamiento. Esta situación se agrava aún más cuando hay personas enfermas o con discapacidades“, explica Merchan Rojas, experta en fenómenos migratorios en México.
La CNDH ha dejado claro que es hora de un cambio en las estaciones migratorias. Que se necesita un nuevo modelo integral que respete los derechos humanos de los migrantes y que no los criminalice, que subraye que la migración irregular no es un delito, que se garantice el principio de no devolución, el derecho a la vida y la paz.
El tiempo para la transformación es ahora. La pregunta que queda es quién se encargará de llevar a cabo este cambio y qué acciones concretas se necesitan para que México pase de las viejas recomendaciones a acciones nunca antes vistas en materia migratoria. De lo contrario, más vidas como las de Bertha, Katherine y los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, serán destruidas en las sombrías paredes de las estaciones migratorias mexicanas.
