En medio de una ola de violencia política sin precedentes en México, analistas y partidos de oposición calificaron de “insuficiente” el protocolo del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la seguridad de las y los candidatos en este proceso electoral 2024, en el que se votará el próximo 2 de junio por más de 19 mil cargos públicos en todo el país, incluyendo la Presidencia de la República.
Los asesinatos recientes de candidatos locales -los más vulnerables en este proceso- incluso prendieron las alertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo este 4 de marzo de 2024 que se debe proteger de la violencia al importante periodo electoral en el que ha entrado México.
“Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, demandó Türk durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el representante de la ONU al llamarlo “comparsa de la oposición”: “el alto comisionado es, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”.
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Violencia al alza
“Está siendo una campaña muy violenta, donde los criminales están tomando un papel más protagónico y que va a escalar todavía más. Parece que el crimen organizado en este momento tiene más confianza en sí mismo, se siente más fuerte”, nos advirtió el doctor en Ciencia Política Jorge Márquez.
Con ese panorama, el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM criticó la actitud de López Obrador de evadir y minimizar la gravedad de la violencia electoral: “a estas alturas el presidente no va a querer dar una instrucción que vaya en contra de los abrazos a los criminales. Creo que se va a seguir haciendo de la ‘vista gorda’”.
El 1 de marzo de 2024, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que había un conteo de 17 aspirantes asesinados desde que comenzó el actual proceso electoral en la segunda mitad de 2023. Precisó que cuatro de esos crímenes correspondían a candidaturas para las gubernaturas. A este listado se suma el asesinato de Alfredo González Díaz, aspirante del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, perpetrado el 3 de marzo de 2024.
Ante ello, si bien Jorge Márquez nos explicó que el protocolo del INE para proteger a las y los candidatos es adecuado “aunque sean medidas emergentes”, precisó que es tardío, pues “nos agarra al cuarto para las 12”. Y es que el experto nos dijo que lo que se necesita es una reforma a fondo, incluso con rango de ley, para blindar a las elecciones de la intervención del crimen organizado.
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Es de recordar que en ese sentido fue la crítica de PAN y PRD al señalar que el protocolo del INE es “insuficiente” por no contemplar la injerencia de los cárteles en la postulación de candidatos, ya que -según denunciaron- ha habido personas amenazadas para que no acepten las postulaciones.
Incluso el PAN acusó al INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su presunta omisión para emitir medidas suficientes que garanticen un proceso libre de violencia y de la intervención del crimen organizado. Acción Nacional pidió mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales, y filtros de investigación para “blindar las elecciones”.
¿De qué va el protocolo del INE?
El 7 de febrero de 2024, el INE presentó el Esquema de Seguridad para las Candidaturas en el proceso electoral de este año. Entre sus medidas está la protección para las y los candidatos en zonas de incidencia delictiva alta y media, previa solicitud al instituto, la cual será enviada a la Guardia Nacional para su análisis y procedencia. También se tomarán en cuenta las amenazas previas contra las y los abanderados.
Asimismo, en las regiones con alta incidencia delictiva las y los candidatos tendrán protección de cuatro vehículos de escoltas y uno principal, así como con 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los únicos que tendrán seguridad en automático serán los candidatos a la Presidencia y a las nueve gubernaturas en disputa, mientras que las y los aspirantes a la Cámara de Diputados y al Senado deberán solicitar el resguardo.
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Respecto a las candidaturas locales, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la protección para estos aspirantes corresponde a los gobiernos estatales y municipales. La funcionaria dijo que hasta el 5 de marzo de 2024 se recibieron 23 solicitudes de protección: tres presidenciales, tres de candidatos a gubernaturas, siete por senadurías y 10 por diputaciones federales.
¿Qué más hace falta?
El politólogo Jorge Márquez nos señaló que “de ninguna manera va a alcanzar” el personal de la Guardia Nacional y el Ejército, para proteger a tantos candidatos y candidatas en un territorio tan grande como el de México.
“Seguro a la mera hora ni va a alcanzar porque también tienen que cuidar la elección y la papelería, y seguir en la cacería de migrantes. Hay municipios donde deben poner 10 escoltas; habrá donde vayan con un guarura, pero hay municipios en Michoacán en donde esa escolta a lo mejor ni alcanza. No va a ser posible cubrir realmente las regiones rojas como Tierra Caliente o el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua)”, abundó el experto.
Finalmente, el maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM nos dijo que al gobierno federal le hace falta aplicar los sistemas de inteligencia, para anticiparse de manera efectiva a las agresiones del crimen organizado en el actual proceso electoral: “sabemos que el crimen está infiltrado y el gobierno tiene información de primerísima mano. Creo que es el momento de que la use inteligentemente”.
No obstante, Márquez lamentó que al parecer hay una falta de voluntad política para atacar de manera activa al crimen. “A veces hay incluso la estrategia de dejar pasar. Tristemente creo que más allá de protocolos, sus insuficiencias y demás, no se trata de un problema de incapacidad del Estado -porque tiene la información importante y estratégica-, sino que es cuestión de voluntad”, concluyó.
