Con más dudas que certezas. Así es como sindicalistas, abogados laboralistas, analistas financieros y empresarios recibieron la propuesta de reforma constitucional, que se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados, para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana, con dos días de descanso obligatorio.
La iniciativa “requiere de un mayor análisis, pero de primera mano creo que un mayor descanso para los trabajadores sería bueno, siempre y cuando no afecte a los salarios”, nos dijo Benedicto Martínez, coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), central obrera que agrupa a diversos sindicatos independientes a nivel nacional.
En tanto, Manuel Díaz, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, nos aclaró que la iniciativa es “bastante corta” en comparación con la realidad de otros países, donde se plantean jornadas de tres o cuatro días a la semana: “propuestas de este tipo tienen como fin que las personas sean felices, pero la realidad económica en México es totalmente diferente. El trabajo informal está creciendo; en muchos lados es mayor que el formal y estas personas deben trabajar todo el tiempo. Una reforma como ésa no los beneficia”.
Por su lado, el abogado laboral Joaquín Ortega -quien defiende a ex trabajadores de la extinta aerolínea Mexicana- fue más tajante, al decirnos que una semana laboral de 40 horas “es un sueño guajiro”, pues -nos explicó- se necesitaría no solo incrementar el salario mínimo, sino toda la escala de salarios de cada contrato colectivo, así como en cada fábrica o centro de trabajo.
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Mientras que el sector empresarial, en voz del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada, advirtió en un comunicado que la iniciativa de reforma laboral para reducir la jornada de trabajo de seis a cinco días generaría “costos extras” para millones de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 99.8% del total de centros de trabajo, y generan más del 70% del empleo en el país.
¿Qué dice la iniciativa?
El 25 de abril de 2023 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la fracción IV del Apartado A del artículo 123 de la Constitución, en materia de días de descanso laboral. La iniciativa establece que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario (trabajador o trabajadora) de dos días de descanso, cuando menos”.
Sin embargo, al clausurar el periodo de sesiones en San Lázaro el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado de Morena Ignacio Mier pospuso hasta septiembre de 2023 el debate y eventual aprobación de ese dictamen en materia de “justicia laboral”.
Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen primero debe ser aprobado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, por mayoría calificada, con la cual no cuentan Morena y sus aliados. Si la reforma es aprobada tendrá que pasar al Senado para seguir el mismo proceso. Finalmente, si el dictamen avanza, debe ser aprobado por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor.
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Según el dictamen aprobado, lo que se busca es “mantener la salud física y mental de las y los trabajadores, propiciar un equilibrio en la relación de tiempo de trabajo y el descanso que se refleje en el ámbito familiar, fisiológico, social, educativo y cultural de la persona”. También se resalta que la propuesta carece de impacto presupuestario, pues “las normas que se aprueben tienen carácter declarativo, no crea instituciones, ni impone obligaciones, cargas, derechos, procedimientos u órgano alguno”.
¿Podría quedar en buenas intenciones?
Contrario a lo que informó la Cámara de Diputados, en el sentido de que la aprobación de la reforma “no tendrá impacto presupuestal”, el abogado laboralista Joaquín Ortega nos aclaró que establecer la jornada laboral de 40 horas “depende directamente de las finanzas públicas”.
“En México, la carga impositiva (cobro de impuestos) pesa sobre la pequeña y mediana industria: en los salarios, honorarios y el consumo, a través del IVA. El peso de los gastos del Estado se hace recaer en el sector social con más empleados asalariados. Tanto la jornada de 40 horas, como cualquier incremento de carga a los gastos laborales de la pequeña y mediana industria sería absolutamente imposible” porque no podrán pagar más impuestos, explicó el abogado.
En el mismo sentido, en una investigación con motivo del Día del Trabajo 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que ajustar el tiempo de las jornadas laborales “requiere de una planeación y estimaciones que consideren el impacto sobre los costos que enfrentan las empresas, y el riesgo de generar un mayor incentivo a la informalidad”.
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Igualmente, la Concanaco-Servytur apuntó que ante la posible reducción de la jornada laboral, el gobierno tendría que agilizar esquemas de apoyo económico y financiero, mediante subsidios o préstamos a bajo interés, para compensar los costos adicionales de tener que contratar más empleados para sustituir a la mano de obra que dejará de trabajar.
“Es necesaria una reducción temporal en las tasas de impuestos o la posibilidad de diferir el pago de las mismas para aliviar la carga financiera adicional que puede surgir como resultado de la implementación de la reforma”, señaló el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada.
Lo que hace falta
Por su parte, el sindicalista Benedicto Martínez nos enfatizó que está demostrado que las jornadas excesivas generan un agotamiento natural en las y los trabajadores, por lo que con menos horas laborales habría “menor agotamiento y mayor productividad”.
“Tendría que contratarse a más personal; la duda es: bajo qué condiciones y cuántas horas de trabajo, porque ¿cómo serían los turnos? (en el caso de la industria automotriz, por ejemplo, hay tres turnos al día). Puede haber horarios corridos, con descansos entre semana, es decir, habría reacomodos de turnos y horarios, además de mayor contratación. Debemos vigilar que el personal nuevo se contrate bajo las mismas condiciones”, apuntó el dirigente del FAT.
Respecto a la preocupación del sector empresarial, Martínez nos dijo que las pequeñas y medianas empresas tendrían que buscar la manera de recuperar las horas laborales que perderían en caso de ser aprobada la reforma, además de encontrar mecanismos para ser más productivas, “sin que se afecte a los salarios”.
En conclusión, el también economista por la UNAM Manuel Díaz nos dijo “que es natural que los diputados traten de vender su iniciativa de reforma como una excelente conquista laboral, pero no es así”. Y es que el experto explicó que el proyecto, para que en verdad beneficie a empresas y trabajadores, debería estar acompañado de programas educativos, mayor capacitación laboral y desarrollo de innovaciones tecnológicas.
“El que un trabajador tenga un día de descanso más no es un logro laboral significativo, y menos aún cuando no es producto del esfuerzo y lucha de los representantes sindicales o de los legisladores”, finalizó el analista financiero.
¿Se logrará beneficiar a quienes trabajan sin afectar la economía de las empresas?
