La ex titular de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), María Elena “N”, enfrenta un proceso penal por el delito de uso ilegal del servicio público, por publicar información revictimizante sobre Lesvy Berlín Rivera Osorio, luego de su feminicidio cometido el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM.
Es el primer caso en que una persona servidora pública es acusada penalmente por hacer uso indebido de los datos recopilados en una carpeta de investigación de un feminicidio en la Ciudad de México y podría sentar precedentes para prevenir este delito, señaló la asesoría legal de la familia de Lesvy.
Lesvy Berlín Rivera Osorio era una joven universitaria de 22 años que estudiaba idiomas porque “quería ser ciudadana del mundo”, cuenta Araceli Osorio Martínez, su madre. Lesvy tenía un plan de vida que le arrebató Jorge Luis González Hernández, su entonces pareja. La madrugada del 3 de mayo de 2017, Jorge Luis ahorcó a Lesvy con un cable de teléfono de una caseta en CU. El asesino fue sentenciado a 52 años de cárcel.
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Hace cinco años, la familia de Lesvy Berlín inició un proceso penal para que la ex funcionaria fuera sancionada por usar indebidamente la información a la que tuvo acceso para discriminar y estigmatizar a la joven con mensajes que publicó un día después del feminicidio de la joven, desde la cuenta oficial de Twitter de la PGJCDMX.
Los mensajes publicados por María Elena “N” el 4 de mayo de 2017 se enfocaban en la vida personal de la víctima y no en el esclarecimiento de los hechos. Esto desató la indignación de muchas mujeres en las redes sociales, que de manera espontánea posicionaron ese mismo día el hashtag #SiMeMatan, creado por la periodista María José Evia Herrero. El 8 de mayo de 2017 María Elena “N” renunció a su cargo.
Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín y también defensora de derechos humanos, señaló que la ex funcionaria utilizó el testimonio del feminicida para criminalizar a Lesvy mediante esos twits, buscando fortalecer la hipótesis de suicidio con que se investigó, en un principio, la muerte de la joven.
“Frente al cuerpo lastimado de Lesvy, ella optó deliberada y dolosamente por creer en el dicho del asesino y además publicarlo como una verdad, considerando que era la salida más rápida para cerrar un proceso como suicidio”, nos explicó Araceli Osorio al salir de los juzgados en el Centro Femenil de Reinserción Santa Martha Acatitla, el pasado 13 de septiembre.
“Ella (la ex funcionaria) decidió que esa era la forma como quería comunicar. No comunicó la muerte violenta de una mujer, sino aspectos que provocaban en la sociedad un sentimiento de apatía y rechazo hacia esa joven”, señaló frente a los medios Araceli Osorio.
“Al decidir eso pensó que sus actos no iban a tener consecuencias y se equivocó, porque acá estamos nosotras para darle voz a las sin voz, para darle voz a Lesvy, para refrendar su memoria y para decir que no fue suicidio, que fue feminicidio. Feminicidio al que se sumó la violencia institucional consciente que se utilizó para culpar a Lesvy de su propia muerte”, agregó.
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Reconocimiento del daño
Más de cinco años después del feminicidio de Lesvy, la acusación penal contra María Elena “N” registró sus primeros avances, pues previamente las abogadas de la familia de Lesvy Berlín enfrentaron los amparos que la ex servidora pública interpuso.
Finalmente se programó la primera audiencia de la ex directora de Comunicación Social de la PGJCDMX para el pasado 29 de agosto, pero fue pospuesta para el 13 de septiembre, aunque tampoco se llevó a cabo y se reprogramó para el próximo 11 de octubre.
Esto porque la defensa legal de la ex funcionaria solicitó “la suspensión condicional del procedimiento”, es decir, llegar a una salida alterna, antes de enfrentar un juicio oral.
Esta salida alterna “consiste en que, previa reparación integral del daño, se pueda llegar a ciertas condiciones que la acusada debe de cumplir para que se pueda suspender el procedimiento penal”, nos explicó Katherine Mendoza Bautista, abogada de la familia de Lesvy e integrante de la organización de defensa de derechos humanos Justicia Pro Persona.
La abogada Katherine Mendoza nos explicó que están elaborando “un plan de reparación integral tomando en cuenta todas y cada una de las afectaciones morales, psicológicas y económicas” a las víctimas, Araceli Osorio y Lesvy Rivera, papá de Lesvy Berlín.
Puntualizó que lo importante de esta salida alterna es que la acusada reconozca el impacto del daño que provocó a la familia de Lesvy: “lo que más interesa en estos casos es que haya una justicia restauradora”, es decir, “que la acusada reconozca el impacto el daño que generó a las víctimas y tome conciencia de eso” para garantizar medidas de no repetición.
Una vez que la acusada cumpla con todas las condiciones a las que se comprometería “cesaría la persecución penal”. Pero si no se llega a un acuerdo con María Elena “N” entonces se realizarán las audiencias y después el juicio oral contra ella, nos explicó la abogada.
El proceso contra María Elena “N” “es un precedente importante para que conmine a las y los servidores públicos a una buena utilización de la información, responsable, ética y sobre todo respetuosa de los derechos humanos de todas las partes”, las víctimas y las personas acusadas, destacó Katherine Mendoza.
También se busca que haya garantías de no repetición de este delito y “sensibilidad en todas las autoridades que trabajan en el área de comunicación social en todo el Gobierno de la Ciudad de México”.
Para que no usen la información de manera que genere revictimización y para “que tengan patrones o directrices muy puntuales para cuidar la memoria, la honra, el nombre, el honor de las víctimas”, indicó la abogada frente a los medios de comunicación.
No impunidad ni repetición
Araceli Osorio expuso que el camino de la justicia restaurativa, -este camino alterno-, “ojalá que sirva para darle una oportunidad” a María Elena “N” para que “pueda entender el daño que hizo y los alcances de sus decisiones dolosas. Porque si eso no sucede entonces no habremos avanzado en materia de justicia en esta ciudad”.
Lo grave es que esas prácticas de revictimizar y filtrar información de casos de feminicidio continúan, “allí radica la importancia de que este proceso no se quede en el olvido, que no pase como uno más sin que haya consecuencias para quienes violentaron el derecho humano de Lesvy a la memoria”, nos dijo Araceli Osorio.
De acuerdo con la abogada Katherine Mendoza, en la Ciudad de México no hay procesos penales similares al que enfrenta María Elena “N” contra otras servidoras y servidores públicos.
“Hay un bajísimo porcentaje de denuncias contra servidores públicos por el ejercicio ilegal de sus funciones, por diferentes tipos penales. Sin embargo se quedan en la Fiscalía de Servidores Públicos por años. Son investigaciones que no llegan al ámbito judicial”, precisó.
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Investigaciones pendientes por filtración de información
Después del feminicidio de Lesvy Berlín, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) emitió la recomendación 01/2018 que señala que la entonces PGJ incurrió en negligencia y que la investigación se hizo con falta de diligencia.
Además documentó el uso ilegal de atribuciones por difundir información que revictimizó a Lesvy y la responsabilidad contra otras personas funcionarias que aún no tienen investigaciones formales por presuntamente filtrar imágenes e información de la carpeta investigación del feminicidio Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Como nos dijo Araceli Osorio estas personas funcionarias tendrán que enfrentar una investigación porque había “información sensible que tenían en sus manos, en su poder, como servidoras y servidores y que utilizaron de manera dolosa en contra de Lesvy para criminalizarla”.
“Y no solo porque sucedió con Lesvy, sino porque aún después de reconocerse este daño, ha seguido sucediendo con otras víctimas de feminicidio, como con Ingrid Escamilla”, sostuvo Araceli Osorio.
