Pedro N caminaba descalzo, maniatado y en ropa interior por las calles de la comunidad de Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, el 26 de septiembre de 2023. A sus pasos le seguía un grupo de personas que le habían colocado un cartel con la leyenda “soy ladrón” luego de haberlo golpeado brutalmente al sorprenderlo presuntamente robando cables de cobre de un hotel local, según dijeron testigos.
El paseo de la vergüenza al que obligaron al supuesto ladrón tenía el propósito de exhibirlo a manera de escarmiento, aunque de alguna forma también ayudó para que las autoridades intervinieran y trasladaran a Pedro N a un hospital para que recibiera atención médica. Los golpes que le dieron los habitantes enfurecidos provocaron que se le perforara un pulmón.
Los medios manejaron la noticia como un intento de linchamiento por la interrupción de las autoridades municipales que evitaron que la suerte de Pedro N empeorara en manos de la cólera colectiva, como ha sucedido en otras numerosas ocasiones en las que los presuntos delincuentes pierden la vida de manera inenarrable mientras el pueblo decide hacer su propia versión de justicia.
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Los linchamientos no nos acercan a la justicia, nos alejan
Un linchamiento es un acto ilícito, de eso no debe caber la menor duda. Además, debilita las instituciones democráticas, violenta derechos humanos e imposibilita el acceso a la justicia, según explica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH también indica que al ser actos ilegales, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar los casos y castigar a los responsables. Sin embargo, nada de esto evita que los linchamientos sigan ocurriendo en la actualidad ni que tengan finales horrendos en los que se tortura y asesina de la manera más cruel e inhumana incluso a inocentes.
Eso fue lo que sucedió en el trágico linchamiento de Daniel Picazo, como te contamos en esta nota, un joven abogado que fue confundido por pobladores con un “robachicos” gracias a la paranoia que creó un cadena de WhatsApp entre los habitantes de Papatlazolco, Puebla, en junio de 2022.
El destino final de Daniel no se le puede desear a nadie. Fue detenido, acusado injusta y arbitrariamente por una turba enardecida que lo golpeó sin piedad y le prendió fuego en medio de la plaza de la localidad hasta que el joven de 31 años perdió la vida. Por este crimen hay al menos 10 detenidos.
Más de 1,600 linchamientos en ocho años
Pensaríamos que historias aterradoras como la de Daniel Picazo no deberían pasar en la actualidad, que deberíamos haber aprendido al menos una lección de masacres conocidas y condenadas como la de San Miguel Canoa, Puebla, en 1968, cuando los pobladores lincharon y asesinaron a un pequeño grupo de estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Que estos relatos deberían servir de ejemplo.
Pero la realidad es otra. En tan solo ocho años -de 2016 a 2022- se registraron 1,619 linchamientos principalmente en zonas urbanas, contrario a lo que se suele pensar de que son más frecuentes en zonas rurales. Fueron 1,423 linchamientos que se completaron y otros 196 en grado de tentativa, de acuerdo con un artículo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El documento indica que son los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México las que concentran más del 74% de los casos en el país. De enero a junio de 2023, los datos más recientes de la organización Causa en Común, que genera información sobre temas relacionados con la seguridad, registró 94 intentos de linchamientos en México y 13 que sí fueron efectuados.
Descomposición social, lo más peligroso
El doctor en derecho y especialista en temas de seguridad José Antonio Álvarez de León nos explicó que hay tres grandes preocupaciones alrededor de un linchamiento. Primero que no haya una certeza de los motivos por los que una persona esté siendo objeto de un ajusticiamiento público, multitudinario y fuera de toda norma.
“Te están juzgando en ese momento sin más razón que el ánimo que creó ese escenario, sin conocer ningún otro antecedente. Por esto mismo, la razón lógica de la justicia penal es la investigación. Te pueden agarrar con la pistola en la mano y no fuiste tú. Es decir, la acreditación fáctica del hecho es lo más importante en la justicia”, destacó Álvarez de León.
El especialista nos dijo que la segunda preocupación es que, una vez que sucede un linchamiento, la población puede estarlo repitiendo como una medida para resolver sus conflictos.
“La ausencia parcial o limitada que tenía el estado de Derecho -la autoridad- para resolver los problemas, puede acabar como una ausencia y desconocimiento total de la autoridad. Cuando no hay eso (…) el Estado pasa de la descomposición a fallido”, resaltó el abogado.
El entrevistado aclaró que pocas veces se declara un Estado fallido en una sociedad occidental porque se asume que son las autoridades locales quienes están fallando, aunque esta situación gobierne en cada esquina del país.
La tercera preocupación que señaló el especialista es que el vacío de autoridad que provoca la venganza privada -o la justicia por mano propia- deja espacio para que surjan grupos de personas que dirijan las acciones de justicia selectivamente. Pequeñas mafias de justicieros con intereses muy particulares, que pueden buscar beneficiarse del poder que se les otorga.
La desesperanza aprendida
Los linchamientos son delitos difíciles de tipificar porque incluyen múltiples formas -agresiones físicas, tortura, privación de la libertad, homicidio, humillación y hasta agresiones sexuales- y de castigar, pues involucran a un número grande de personas que participan en mayor o menor medida, nos explicó José Antonio Álvarez de León.
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Lo que suele hacerse es que las autoridades acusan a quienes pueden comprobar su participación, por ejemplo, quienes aparecen en un video lastimando a la víctima.
“Entra una lógica más sistematizada del derecho penal, no los castiga colectivamente sino a quienes puede detectar que lo hicieron, el vínculo entre esa personas, bajo las reglas de autoría y participación”, detalló el especialista.
Pero además, Álvarez de León resaltó que la complejidad de los linchamientos tiene que ver también con una herida social muy grave que no logra subsanar ningún tipo de gobierno: el hartazgo de la gente con el abandono de la autoridad.
Ese sentimiento de indefensión, de falta de credibilidad en la aplicación de justicia, la corrupción y la impunidad imperante generan una furia colectiva que se propaga con la velocidad del fuego y que se vuelve más salvaje conforme avanza el linchamiento.
“Al final del día, el linchamiento es una expresión psicosocial que tiene su origen en el miedo, la auto represión, la falta de atención”, dijo el entrevistado, quien agregó que incluso, en términos más razonables, un grupo que detiene a una persona cometiendo un crimen podría retenerlo y entregarlo a las autoridades para que enfrente las consecuencias de sus actos.
Pero la gente no cree en que se vaya a hacer justicia. Piensan “lo van a soltar”, “va sobornar al policía y nunca va a llegar ante un juez” y otros razonamientos que, de alguna manera, tienen fundamentos empíricos en la carencia de justicia que ha vivido una gran parte de la ciudadanía.
El abogado nos explicó que la violencia extrema, la exhibición, humillación y estigmatización -que nunca son justificables ni válidos- durante un linchamiento se ejecutan para que sirva como ejemplo a futuros criminales; una forma de “curarse en salud” durante la psicósis colectiva donde se conectan las rabias de todos hasta perder el sentido común y la razón.
El linchamiento es un fenómeno sociológico que ciertamente ya debería estar erradicado en nuestros tiempos, junto al pensamiento de que “la ocasión hace al ladrón” y que “la justicia es de momentos”. ¿Lo lograremos en un futuro cercano?
