Magistrados del TEPJF ponen en riesgo al órgano de justicia electoral previo a las elecciones

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estrenará nueva presidenta en enero de 2024. Es el cuarto cambio que el máximo órgano de justicia electoral realiza en menos de cuatro años desde que la magistrada Janine Otálora Malassis fue obligada a renunciar en 2019.

Otálora se hizo a un lado en aquel año tras la polémica que generó la validación del triunfo electoral de Martha Érika Alonso en las votaciones para gobernador de Puebla en 2018, quien falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018, al poco tiempo de tomar protesta.

Para suplir a Otálora en 2019 fue electo el magistrado Felipe Fuentes Barrera y a este le siguió en el cargo el magistrado José Luis Vargas Valdés, elegido en 2020 para ser reemplazado un año después, en 2021, por Reyes Rodríguez Mondragón quien dejará el cargo el 31 de diciembre de 2023.

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Arrancando el 2024 -año en el que se celebra un proceso electoral enorme- será la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso quien presida el TEPJF en sustitución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tuvo que renunciar por las presiones que recibió de la futura presidenta del Tribunal, de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera para que dejara el cargo por “falta de confianza”.

Las y los presidentes del TEPJF no han durado más de tres años en el cargo desde 2016 cuando Janine Otálora tomó el cargo. Los señalamientos y las batallas que sostienen internamente han provocado una rotación constante del puesto y los bandos se han marcado claros y atrincherados cuando se trata de destituir a quien está en la presidencia del Tribunal Electoral.

Así lo hicieron Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña, quienes no asistieron el lunes 4 de diciembre de 2023 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde Reyes Rodríguez presentó su informe anual, y en cambio, ese mismo día publicaron una fotografía donde aparecen los tres en un restaurante. Desde ese momento el mensaje estaba enviado.

Pero ¿qué es lo que se juegan en el TEPJF las y los magistrados? Pues nada más y nada menos que una lucha de más de treinta años para tener una institución de justicia que pueda resolver las quejas, las impugnaciones y los conflictos que se generan en el ámbito electoral y que desde 1986, cuando empezó a conformarse, se ha ido fortaleciendo para garantizar procesos justos y apegados a la ley electoral. No es cosa menor.

El TEPJF, resultado de la exigencia ciudadana

Antes de la reforma de 1986, con lo que se contaba para resolver conflictos electorales era solo el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que servía para dar mayor certeza jurídica a la elección de los diputados, así como resolver controversias del Consejo Electoral en el Congreso de la Unión.

Este recurso de reclamación se instituyó en 1977 y funcionó solo para emitir opiniones calificadas sobre las controversias del Congreso de la Unión, pero no generaban ningún tipo de sentencia. Recordemos que en las primeras décadas de nuestra joven democracia los procesos electorales estaban organizados por el Poder Ejecutivo con un sistema presidencialista absoluto. 

Durante todo el gobierno de José López Portillo -presidente de la República de 1976 a 1982- y los siguientes cuatro años del mandato de Miguel de la Madrid Hurtado -presidente de México de 1982 hasta 1988- no hubo mayor cambio. Pero en la década de los 80 los ánimos políticos de México empezaron a transformarse.

Habían pasado ya numerosos eventos que movieron las entrañas de la ciudadanía mexicana: los movimientos estudiantiles y la matanza de Tlatelolco en 1968 empujaron para que se realizara la reforma política que se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con un paquete de 17 reformas y adiciones.

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Luego, el terremoto del 1985 terminó de convencer a la ciudadanía de que podía organizarse y solidarizarse para hacer frente a la catástrofe sin depender del gobierno, que tuvo una actuación muy cuestionable ante la emergencia, como nos explicó el sociólogo y ex militante del PRD, Ricardo Pascoe Pierce, en esta nota.

También la izquierda mexicana empezaba a cobrar fuerza, a reunirse. Un conglomerado de políticos inconformes con el régimen establecido por el partido hegemónico -que entonces era el PRI- empezaron a movilizarse, captar la simpatía de sectores importantes y exigir una participación real en las contiendas electorales. Por aquí empezaba a esbozarse lo que después sería el PRD.

En 1986 se dibujaba la idea de un órgano autónomo de carácter administrativo que pudiera establecer los cimientos de la justicia electoral: el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel) que se instaló en 1987, de manera temporal, para resolver las controversias que surgieran en las elecciones de 1988, en las que se eligieron diputados, senadores y al presidente de la República.

No tenía mucho que hacer el Tricoel, porque al final, las resoluciones seguían recayendo en los Colegios Electorales donde se revocaron o simplemente se ignoraron las quejas que surgieron del proceso electoral en el que ganó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en medio de mucha suspicacia, incluso graves señalamientos de fraude electoral para quienes afirman que debía haber ganado el candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin embargo, el clamor ciudadano ya estaba encendido y pedía la exclusión del Poder Ejecutivo de la organización de las elecciones y de todo lo que tuviera que ver con el derecho ciudadano al voto.

En 1990 se creó finalmente el antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE), con el que se inició el cambio de ese sistema presidencialista que definía las candidaturas y controlaba los procesos electorales desde la Secretaría de Gobernación, como te contamos en esta nota, y se instituyó la creación del Tribunal Federal Electoral (Trife) en sustitución del Tricoel.

Fortalecimiento del Tribunal Electoral

A partir de la reforma de 1993 quedaron encargados el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de garantizar la debida integración del Tribunal Federal Electoral que se convirtió en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. La histórica frase decía “por encima de las sentencias definitivas de las Salas del TFE nada y nadie”.

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En agosto de 1996 el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación en calidad de órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral federal con la facultad de juzgar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones y sus procesos de manera incuestionable. Así ha sido hasta ahora.

Los partidos, las y los candidatos, la misma ciudadanía, han acudido al TEPJF para resolver las inconsistencias que se presentan en cada uno de los procesos electorales que hemos vivido desde entonces, confiando en la consigna que tiene el órgano autónomo para maximizar nuestros derechos político-electorales de manera igualitaria y para garantizar los principios democráticos del país.

Es gracias a esta figura -que no ha cumplido ni medio siglo de existencia- que podemos tener la tranquilidad como votantes de que se sancionen y corrijan los agravios que siguen cometiéndose en cada elección. Porque éstos no disminuyen, al contrario: las y los políticos encuentran nuevas maneras de burlar las leyes y hasta los tiempos electorales. 

El proceso adelantado de la selección de candidaturas de Morena y de la oposición con lo que era primero el Frente Amplio Por México y luego Corazón y Fuerza por México, es solo una muestra de la importancia de que exista un ente que regule, limite y sancione las acciones de los grupos políticos que se disputan el poder.

De manera que la integridad del TEPJF y de sus miembros no solo es necesaria para no perder la legitimidad del organismo que tanto le costó a México construir, sino para mantener el control en un ambiente político polarizado y turbulento como el que nos ofrece la clase política mexicana. 

¿Es hora de que los miembros del Tribunal se pongan a la altura de su responsabilidad?

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