La primera vez que Selene Euresti sintió que su mundo se derrumbaba fue cuando a su hijo Alexis, de seis años, le diagnosticaron leucemia en marzo de 2019, en la Clínica 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León.
La segunda, cuando el médico tratante de Alexis le dijo, tres meses después del diagnóstico, que ya no había metotrexato y no podrían seguir dándole las quimioterapias que su hijo necesitaba para dar la batalla contra el cáncer. “En el hospital me decían que tenía que tener paciencia, pero el cáncer de mi hijo no podía esperar”, nos dice Selene en entrevista.
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Decidida a encontrar una solución, Selene interpuso un juicio de amparo (una demanda contra actos u omisiones de las autoridades) en contra del IMSS –en septiembre de 2019–, cuando Alexis cumplía tres meses sin su tratamiento.
Con la ayuda de la abogada Andrea Rocha, Selene y Alexis se ampararon por la falta de medicamentos y un juez sentenció a su favor, ordenando al IMSS garantizar el derecho a la salud del niño. Pero el desabasto en el hospital no terminó.
Durante los meses siguientes, la mamá de Alexis fue testigo de cómo ese desabasto llevó a Evan Omar, un bebé de dos años, a perder la batalla contra el neuroblastoma (cáncer en las células nerviosas).
Y de cómo otro niño de tres años, también llamado Alexis, falleció. Cada muerte era dolorosa por sí misma, pero era una alerta de que el siguiente podía ser su hijo, si las autoridades no hacían algo pronto para solucionar el desabasto.
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Los amparos que salvan vidas
Con los amparos, los abogados José Mario de la Garza, en San Luis Potosí; Andrea Rocha, en Ciudad de México; y Héctor Trejo, en Tamaulipas, han buscado obligar a los hospitales públicos, por la vía legal, a hacer lo necesario para dar los medicamentos a los pacientes y salvar sus vidas.
De la Garza ha tramitado 100 juicios de amparo en tribunales federales; Andrea Rocha acumula en su escritorio 33 amparos que representan a 200 niñas y niños con cáncer en ocho entidades del país, y el abogado Héctor Trujillo, ha respaldado más de una docena de juicios para los niños con cáncer.
Todo lo han hecho de forma altruista y completamente gratis. Sin embargo, los amparos que han promovido para que las dependencias les den los medicamentos a los menores, son apenas un parche para tapar el gran problema que hay por el desabasto de fármacos en el país, que hasta hoy no ha terminado.
Hasta el segundo cuatrimestre del año pasado, las denuncias por desabasto de medicamentos oncológicos aumentaron 188%, como documentó la organización Cero Desabasto.
Por eso es que no hay un solo día que los teléfonos de los abogados no dejen de sonar, con personas buscando una solución. Para ellas, estos amparos son la medicina que puede salvar a sus hijos del cáncer.
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¿Cuál es el camino legal?
Los juicios de amparo para demandar el desabasto están prácticamente ganados, porque lo que está en riesgo es la vida de una persona. Los jueces admiten la demanda y de inmediato emiten medidas (suspensiones provisionales) para que tengan sus medicamentos y el proceso legal continúa, pero mientras sus fármacos tienen que entregarse, nos explica De la Garza.
“Los hospitales no pueden argumentar que no tienen recursos para comprar los medicamentos, porque se trata de vidas humanas. El juez los obliga a sacar los fondos de donde sea para cumplir con su obligación”, nos dice el abogado.
Todos los amparos citan el artículo 4 de la Constitución del país, el cual dice que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y es obligación del Estado garantizar este derecho.
Las principales dependencias que están demandadas por las y los pacientes de cáncer son el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Nacional para el Bienestar y la Secretaría de Salud, así como sus titulares, y si éstos se niegan a dar los medicamentos, pueden tener sanciones que van desde la inhabilitación temporal o definitiva, hasta la prisión por tres y hasta nueve años, nos explica la abogada Andrea Rocha.
El problema es que aún con las resoluciones de los jueces, no han visto un cambio en el sistema de salud, pues continúa el desabasto. José Mario de la Garza, por ejemplo, ha tenido que ir personalmente a los hospitales con el amparo en mano para presionar al personal médico y estar ahí horas hasta que le den el medicamento a las personas amparadas.
Además, el amparo sólo protege a las personas que iniciaron la demanda, no a todos los niños y niñas con cáncer del mismo hospital, ni para los entre 18 y 23 mil casos activos o en tratamiento que hay en el país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a niños con Cáncer (Amanc).
Lo que están haciendo las dependencias de salud para cumplir con los amparos, es que están rotando medicamentos, es decir, si en algún hospital con demanda necesitan medicamentos, los piden de otras clínicas para cumplir con el abasto, pero no están resolviendo el tema de fondo, que es la compra y distribución de más medicamentos, coinciden Andrea Rocha y el abogado José Mario de la Garza.
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En búsqueda de responsables
Las y los abogados que están detrás de estos amparos también están litigando para dar con los responsables del desabasto en el país, pues hasta ahora no ha habido consecuencias penales por la muerte de los menores de edad que han perdido la vida en esta batalla.
Por eso es que en septiembre de este año, los familiares de Evan Omar –junto con la abogada Andrea Rocha– demandaron penalmente en la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Zoé Robleto, director del IMSS.
Y no ha sido la única denuncia. La abogada Andrea Rocha ya presentó otra por omisión y abuso de autoridad en contra de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ignorar las quejas que los familiares presentaron en contra de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE.
“La CNDH,al ser un órgano autónomo, tenía la obligación de atender estas quejas y hacer recomendaciones a las dependencias necesarias y apoyar a los familiares que han sufrido por el desabasto. Sin embargo, omitieron hacerlo”, nos dice Rocha.
Además hay otras dos denuncias penales en contra del Insabi por haber destinado 500 millones de pesos en la rifa del avión presidencial, pues pudieron haberse destinado a la compra de medicamentos, así como otra por el presunto robo de más de 38,000 medicamentos contra el cáncer, nos explica la abogada.
José Mario de la Garza está preparando una denuncia penal en contra de las autoridades que han omitido abastecer los medicamentos y eso ha ocasionado muertes y retrocesos en los pacientes con cáncer, nos adelanta.
“No podemos quedarnos solo en los amparos, tienen que haber consecuencias para todas las personas involucradas en esta tragedia que se asemeja a un genocidio”, nos dice el abogado.
A principios de 2020, el presidente López Obrador prometió que para el primero de diciembre de ese mismo año, en México habría un sistema de salud como el de Dinamarca (otorgar medicamentos gratuitos y cobertura nacional), sin embargo, su gobierno aún no ha podido garantizar, siquiera, que haya medicinas para las enfermedades más severas.
Mientras, el desabasto sigue cobrando la vida de decenas de niñas y niños.
