Detrás de cada gobierno autoritario de América Latina no siempre hay un golpe de Estado o una revolución, a veces hay una historia de debilitamiento de instituciones y contrapesos, de acuerdo con Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México.
Por ejemplo, “en los casos de democracias entre comillas, como Nicaragua y Venezuela, no es como que de la noche a la mañana se restringieron las libertades, evidentemente hay una historia detrás que llevó a situaciones como la simulación de elecciones”, nos explicó Villalobos.
Para la experta, esta historia previa se cuenta con cambios a la Constitución, debilitamiento y desacreditación de instituciones y el desmantelamiento de fuerzas públicas y contrapesos del poder, “hasta llegar a un punto de no retorno”.
Te recomendamos: Otra crisis de la pandemia: el retroceso de libertades y derechos humanos para millones de personas
El camino sin retorno
De acuerdo con la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos, la simulación electoral del año pasado en Nicaragua que consolidó al gobierno antidemocrático de Daniel Ortega, no fue fruto de la casualidad sino el resultado de varias injusticias que en su momento provocaron llamados de alerta por parte de la comunidad internacional.
En agosto de 2018, Amnistía Internacional publicó el informe Nicaragua: Al evitar escrutinio internacional, gobierno deja en evidencia su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, después de que el gobierno de Daniel Ortega expulsó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“El gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión”, declaró en aquel entonces Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El mismo organismo expresó su preocupación por la represión policial que se llevaba a cabo en Nicaragua en julio de 2017, así como por la intensificación del castigo y violaciones a los derechos humanos de las personas que protestan en octubre de 2018 y por la ejecución de crímenes de lesa humanidad en diciembre de 2018.
En agosto de 2019 Amnistía Internacional también publicó un informe sobre la represión del gobierno de Daniel Ortega contra medios de comunicación.
“Nicaragua se ha convertido en un sombrío ejemplo de la rapidez con que puede verse menoscabada la libertad de prensa, con periodistas amenazados, criminalizados y atacados por hacer su trabajo”, escribió el periodista Carlos Salinas Maldonado.
El mismo periodista que alertó en 2014 sobre la reelección indefinida que había obtenido Daniel Ortega con los cambios en la Constitución de ese año.
“(Ortega) aprovechó su influencia en la Corte Suprema para exigir a los magistrados que emitieran un fallo para levantar esa prohibición (la de la reelección en períodos consecutivos)”, escribió Salinas.
En agosto de 2020 Amnistía Internacional publicó el informe Cárcel y COVID-19: El cóctel letal del gobierno de Nicaragua contra quienes le critican:
“Mientras el gobierno de Daniel Ortega minimiza el impacto de la pandemia, personas privadas de su libertad en cada rincón del país denuncian hacinamiento, falta de agua y cuidados médicos, presos con síntomas y hasta víctimas fatales. Para quienes han sido detenidas por motivos políticos, la situación es aún peor”, se lee en el informe.
En febrero de 2021 el mismo organismo advirtió en el reporte Las tácticas del gobierno para silenciar la crítica y la demanda social profundizan la crisis de derechos humanos, sobre las detenciones arbitrarias contra activistas políticos, lo cual terminaría siendo clave en las elecciones presidenciales de ese año.
Seguramente te interesa: Sigue violencia contra periodistas en México mientras estigmatizan a la prensa desde el gobierno
El señuelo
Para Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19 -organización que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información-, estas transformaciones antidemocráticas que se dan de manera gradual, por lo general son fruto de cambios en los marcos legales bajo pretextos como reforzar la seguridad.
“Marcos legales que lejos de proteger derechos, terminan convirtiéndose en instrumentos de persecución, de criminalización o instrumentos de censura”, explicó Cortés.
Estas modificaciones “ponen restricciones bajo figuras ambiguas, vagas, que pueden representar inconstitucionalidad en algunos casos”, agregó.
Cortés puso como ejemplo el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que se planteó en México a partir de 2020, “pues lejos de convertirse en un instrumento para garantizar la seguridad y reducir las extorsiones, es una afrenta para la seguridad y la privacidad de las personas”.
Sin embargo, para el experto, en el caso de México “seguimos contando con un Poder Judicial que puede ser un contrapeso a las decisiones que se tomen en el Congreso.
“Es posible que todavía tengamos una instancia independiente que permita evaluar a la luz del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, a la luz de la Convención Americana y a la luz de la Constitución”, explicó el especialista.
Por último, para Cortés es preocupante que el actual gobierno federal amenace con desaparecer órganos autónomos bajo argumentos como la austeridad o que no sirven para nada, ya que es una mala señal que ha ocurrido en otros países.
“Nos sorprendió este llamado que se hizo de querer desaparecer al INAI que si bien tiene formas y cuestiones que hay que mejorar, lo cierto es que se ha convertido en una herramienta crucial y fundamental en materia de transparencia”, explicó.
Y concluyó que estos contrapesos “son mejorables y perfectibles”, sin embargo “es una señal de alerta querer desarmar las instituciones que de alguna manera se han creado para garantizar la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía”.
