La ley ahora debe valerse bajo los lentes de la llamada Cuarta Transformación y no bajo “los lentes neoliberales”. O al menos eso consideran Dolores Padierna y otros miembros afines a Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión-órgano del Congreso conformado por 19 diputados y 18 senadores que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran (del 15 de diciembre al 31 de enero, y del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año)-.
Y es que durante la Tercera Comisión de trabajo de la Permanente, transmitida el 26 de junio via Zoom, a los legisladores de Morena se les hizo fácil no acatar un amparo concedido por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, y llevar a cabo esta sesión que tenía por objetivo entrevistar a los candidatos de la terna propuesta por el presidente para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Este organismo público tiene la función de proporcionar de forma gratuita los servicios de asesoría y consulta en temas fiscales, defensoría y representación legal contra actos de las autoridades fiscales que vulneren los derechos de todas las personas contribuyentes.
El amparo, promovido por las organizaciones de la sociedad civil México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), solicitaba reconocer la ilegalidad de la terna enviada por el presidente al no cumplir con los requerimientos legales.
Sin embargo, Dolores Padierna junto con Mario Delgado y otros legisladores de la llamada Cuarta Transformación, catalogaron esta acción como parte de “la estrategia que la oposición tiene para parar todo lo que las fuerzas progresistas” quieren avanzar, siguiendo adelante con la reunión.
Frente a esta situación, las organizaciones interpusieron ante el mismo juez un incidente de violación a la suspensión provisional que, de ser admitido, podría involucrar a los miembros de la Comisión permanente en el delito de desacato. Ese delito contempla de tres a nueve años de prisión, de acuerdo con el artículo 262 de la ley de Amparo.
La doble sesión de la Comisión Permanente
De acuerdo con material de video al que tuvo acceso Cuestione, la primera transmisión de la sesión arrancó únicamente con la participación de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo. En ella, el diputado Mario Delgado dio a conocer la notificación del juez respecto a la concesión del amparo que, como medida cautelar, solicitaba la detención del proceso de selección de candidatos.
¿La causa? Que ninguno de los tres candidatos –Martha Patricia Jiménez Oropeza, Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio– cumplen cabalmente con los requisitos de cinco años de experiencia necesaria en temas fiscales para el cargo, de acuerdo con la la Ley Orgánica de la Prodecon. Además, en años recientes los tres fueron funcionarios de nivel alto en dependencias del gobierno federal lo que también les impide acceder al puesto.
Dolores Padierna criticó esta notificación argumentando que “la derecha está en lo suyo. No descansan. Acuden ahora al poder Judicial ante todo. Nada les parece”.
Ante los reclamos del amparo que expresan que ninguno de los candidatos cumple con la experiencia de cinco años en temas fiscales requerida por la ley, Padierna argumentó que “la Cuarta Transformación tiene 1.5 años de experiencia en el poder. Difícilmente podemos tener experiencia en los cargos, porque vamos llegando al poder”.
Además añadió que “la ciudadanía hizo un cambio profundo de régimen” y que, por tanto, “esta ley está hecha solo para el PAN o para el PRI”, por lo que el juez tendría que valorar estos argumentos en su resolución definitiva “porque no se puede tener experiencia con tan poco tiempo en el poder”.
Después de esta intervención, el diputado Reginaldo Sandoval (Partido del Trabajo) cuestionó si en ese momento en la reunión virtual estaban “solo los de la 4T”, a lo que Delgado aseguró que sí, y que no se estaba transmitiendo en el Canal del Congreso, sin percatarse que la transmisión había iniciado.
Luego de la participación del diputado Sandoval y del diputado morenista Pavel Jarero, la transmisión fue interrumpida sin ninguna explicación. Minutos después arrancó una nueva sesión con la participación de los demás legisladores en las entrevistas a los candidatos.
La suspensión a la que se le hizo caso omiso
Ricardo Mendoza, director jurídico de México Justo, nos explicó que la concesión del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León establecía como medida cautelar la detención del proceso de nombramiento, en lo que el juez determina si la terna es legal o ilegal.
Esto quiere decir, de acuerdo con Mendoza, que con esa medida, el juez “busca guardar el estado de cosas en el estado en el que se encuentran para no causar un daño irreparable, como es designar a una persona que no cumple con los requisitos”.
El abogado argumenta que los legisladores no se pueden escudar en que no habían sido notificados por el poder judicial pues, de acuerdo a la tesis jurisprudencial 2006797 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la suspensión “surte efecto al decretarse -lo que sucedió tres días antes de la reunión (23 de marzo)- y no al notificarse”.
Además, de acuerdo con evidencia del grupo de trabajo de la ONG, un día antes de la sesión se le avisó a la diputada Padierna sobre dicha suspensión, a lo que ella respondió que “todas las derechas quieren tomar al Poder Judicial para sus fines políticos”.
El desconocimiento de la ley: candidatos que no cumplen con los requisitos
En opinión de Ricardo Mendoza, la Ley Orgánica de la Prodecon, en el artículo 7, es muy clara respecto a los requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar la titularidad del organismo.
Analizando los perfiles, con base en estos requisitos, queda claro que ninguno de los tres aspirantes propuestos por Andrés Manuel López Obrador cumple con ellos. A continuación se muestran los argumentos presentados por las ONGs en este amparo.
Estas son las características personales de las personas que aspiran al cargo:
Martha Patricia Jiménez Oropeza
Es Licenciada en Administración con una maestría en la misma materia, incumpliendo con lo descrito en la fracción II del artículo 7.
Además, ninguno de sus encargos en los últimos cinco años está relacionado con la materia fiscal, como lo estipula la fracción III de la Ley Orgánica de la Prodecon. Entre 2014 y 2015 se desempeñó como directora general adjunta en la Oficialía Mayor de la entonces Secretaria de Desarrollo Social, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2016 fue directora de Administración en el Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. Al año siguiente, y hasta 2018, trabajó como asesora del Presidente Municipal de este municipio. En 2019 se desempeñó como directora general adjunta de Administración y Finanzas en Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior.
Actualmente es Coordinadora Administrativa de la Dirección General del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Finalmente, tanto Nacional Financiera como el Banco Nacional de Comercio Exterior son entidades paraestatales, por lo que su trabajo en estos organismo paraestatales contraviene lo estipulado en la fracción IV.
Carlos Alberto Puga Bolio
A pesar de que es licenciado en Derecho, su experiencia laboral no cumple con lo estipulado en la fracción III de la ley Orgánica de la Prodecon. De 2013 a 2015 fue Director del Área Jurídica de Ia Coordinación de. Servicios Generales de la Policía Federal en la Secretaría de Gobernación.
Después fue Enlace “A” de la Dirección Territorial de Santa María Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc, entre 2015 a 2016. Posteriormente (2016 a 2018), también se desempeñó en el gobierno municipal de Centro, Tabasco, como Subcoordinador Titular de la Unidad de Mejora a la Imagen Urbana.
Finalmente, entre 2019 y 2020, trabajó en la SHCP como Director Jurídico de Normatividad en la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales y como Director de Área del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.
Además de que ninguno de esos puestos está relacionado con el tema tributario, ambas posiciones contravienen lo estipulado en la fracción IV de la ley Orgánica de la Prodecon.
Ricardo Rodríguez Vargas
Licenciado en Derecho con maestría en Economía. En los últimos cinco años se ha desempeñado en dos cargos: Economista en la Dirección General de Investigación Económica en el Banco de México (2015 a 2018) y como Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a partir de noviembre de 2018.
Por lo tanto no cumple con lo estipulado en las fracciones III -experiencia en temas fiscales de cinco años antes de la designación- y IV-haber sido funcionario de alto nivel en alguna dependencia del gobierno federal-.
La historia no reinició en 2018, aunque en Morena parezca que piensan otra cosa.
