Programas de asistencia social necesitan políticas de desarrollo y empleo formal para no ser solo clientelares

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A principios del siglo XX la justicia social empezó a ser una deuda moral que se transformó en dinámicas solidarias para que el Estado pudiera contener a las poblaciones más desfavorecidas mediante programas de apoyo y asistencia social.

De esa manera nacieron las políticas de seguridad social, consideradas el método moderno para garantizar el bienestar de las mayorías que buscaban cubrir al menos lo más básico para que una persona pudiera sobrevivir: atención primaria de salud, abrigo y vivienda; condiciones sanitarias y de educación mínimas.

Bajo esta lógica, en México se construyeron modelos de programas sociales que son necesarios, principalmente por los altos números de personas en pobreza en el país, pero que también han tendido a ser utilizados como moneda de cambio por las fuerzas políticas, viciando su origen y convirtiéndolos en programas “clientelares”, nos explicó el politólogo y catedrático de la UNAM, Jorge Márquez Muñoz.

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Un “programa clientelar” es aquel que ofrece dinero o beneficios -como permisos para poner un negocio, un puesto ambulante, un taxi, etcétera- a cambio de ciertas acciones principalmente electorales, como participar en mítines, votar por un grupo o por un candidato, nos dijo Márquez. 

“Quien te está dando el beneficio está generando una relación política y partidista contigo, y te está coaccionando para que votes en cierta dirección. Esa es la diferencia, porque puede haber programas sociales que no son clientelares”, detalló el entrevistado.

De acuerdo con el especialista otro punto importante es que el “clientelismo” no está tipificado en la ley electoral.

“Lo que sí está tipificado es la compra y la coacción del voto. El clientelismo es la forma perfecta para hacer estas dos cosas, en el sentido de que quien te ofrece el servicio o dinero, genera una relación con el beneficiario de tal manera que no lo denuncie”, nos dijo Márquez.

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El entrevistado nos explicó que la compra y la coacción de votos son de los delitos electorales menos denunciados, porque por lo general quien compra el voto y quien lo vende están en una cierta complicidad. “Y el clientelismo es ese cobijo que hace que sea menos agresivo”.

Además, estas acciones se llevan a cabo con mayor frecuencia en un terreno donde la clase social te lo permite, ya que la efectividad de estas dinámicas también tiene que ver con el conocimiento de los derechos de los votantes, por lo que es más fácil llevarlas a cabo en estratos socioeconómicos con mayores carencias.

El asistencialismo por sí mismo no funciona

El politólogo Jorge Márquez nos dijo que los programas sociales en principio van de la mano de los servicios sociales, ya que tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través del desarrollo social.

Por esta razón, tiene que ser complementaria la asistencia económica que se le da a las personas de escasos recursos, jóvenes estudiantes o adultos mayores con los servicios de salud y educación necesarios para que este desarrollo se lleve a cabo.

“En este sexenio, López Obrador se dio cuenta de que la gente, de alguna manera, agradece más cuando le das el dinero en la mano que cuando le das un servicio”, acusó el catedrático de la UNAM.

Esto hace que el gobierno actual y el Presidente sean los más populares que hemos tenido en México, porque las capas más pobres de la población tienen una idea muy inmediata del bienestar, detalló Márquez.

La abogada, socióloga y académica de la UNAM, Elvira Cedillo, nos dijo que hay un deber del Estado de proveer programas asistenciales a ciertas poblaciones y para esto existen dos esquemas: uno en el que el gobierno tiene que generar programas universales que den apoyo a las poblaciones en ciertas condiciones.

“Por ejemplo, actualmente se habla de un ingreso universal que implica darles a las personas un mínimo de ingresos que les de cierta calidad de vida y esto se aplica en países que tienen una alta tributación de impuestos”, nos dijo Cedillo.

La socióloga nos explicó que estos recursos se retornan cuando las personas llegan a edad avanzada o cuando tienen situaciones de paro o desempleo, como en España, Inglaterra y otros países de Europa en los que el gobierno les transfiere recursos durante el tiempo que no están trabajando.

El otro enfoque, nos dijo la especialista, es en el que se deben construir programas de política social solamente a grupos focalizados, especialmente aquellos que tengan alguna condición física o de salud mental que los incapacite de proveerse recursos a sí mismos.

“Este esquema es el que se seguía en México hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia del país. Todos los apoyos que se daban a las poblaciones que se encontraban por debajo de la línea de pobreza tenían el objetivo de que pudieran generar ciertas capacidades para que pudieran acceder de una mejor forma al mercado de trabajo”, detalló la entrevistada.

En términos generales, los programas de asistencia social tienen que funcionar en dos flancos. El primero a corto plazo para dar el apoyo inmediato a las personas que lo necesitan hoy, como a los adultos mayores.

Y el segundo a largo plazo, ya que, por ejemplo en el caso de los apoyos económicos bimestrales que otorga el gobierno a las personas mayores de 65 años (65 y más) existe una complicación, nos explicó Elvira Cedillo.

“En estos momentos, en México es posible hacer la transferencia de recursos económicos a la población de adultos mayores porque son menos del 10% de la población. En 2030, la población de adultos mayores va a pasar a ser cerca del 11% de la población y en 2050 se estima que van a ser un tercio de la población”, agregó.

Esto significa que va a ser una gran carga para el presupuesto federal porque un tercio de la población tendría derecho a esta pensión y esto sería difícil de manejar para el gobierno en turno en 2050.

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¿De qué manera se puede hacer que estas personas no dependan de esta transferencia monetaria? Se tendría que garantizar que se tiene acceso al trabajo formal durante el tiempo que las personas son económicamente activas, es decir de los 15 a los 59 años, nos explicó Elvira Cedillo.

Pero en la realidad mexicana, el 60% de los ingresos de las familias vienen de la economía informal, no tiene acceso a una pensión ni a la seguridad social. Esto hace que no puedan tener una jubilación y una pensión cuando tengan edad avanzada.

“Desde 2010 y hasta 2030 tenemos algo que se llama la ventana de oportunidad, es decir México tiene el mayor volúmen de población en edad económicamente activa. En teoría, tienes una población económicamente activa que te genera valor al insertarse al mercado de trabajo, pero el crecimiento económico del país se encuentra actualmente estancado”, comentó la experta.

Esto, nos dijo Elvira Cedillo, quiere decir que estamos en un círculo vicioso y que el hecho de no se están generando fuentes de empleo formales es una bomba de tiempo que de no atenderse de fondo, va a explotar en las próximas décadas.

Encontrar el modelo que se adapte a las necesidades de las y los mexicanos requiere de un compromiso desde el Estado que no solamente aporte los recursos, sino que ayude a construir un camino de oportunidades en beneficio, principalmente, de quienes se encuentran más vulnerables.

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