Es imposible no hablar de la marcha del pasado 13 de noviembre convocada por diferentes organizaciones ciudadanas para oponerse a la reforma que el presidente y su partido están proponiendo para el Instituto Nacional Electoral.
La protesta como forma de expresión democrática no solamente es válida sino un ejercicio vital de participación ciudadana, especialmente cuando son pocas las alternativas para que los ciudadanos comunes podamos participar de la política e influir en las decisiones que se toman y que afectan el futuro de todos.
Los mexicanos vivimos en un estado de permanente frustración por la enorme cantidad de cosas que funcionan mal en nuestro país. Es evidente que todas las sociedades tienen sus problemas y que, si le preguntamos a los ciudadanos de otros países, también encuentran razones para quejarse.
Sin embargo, nuestras instituciones son particularmente disfuncionales y es una verdadera excepción cuando hay una que funciona correctamente. El Instituto Nacional Electoral es un ejemplo de ello. Desde el trámite para obtener la credencial que se ha convertido en nuestro principal documento de identidad hasta la complejísima organización de las jornadas electorales, el INE ha demostrado profesionalismo y eficacia. Algo que debería ser la norma, en México es la excepción.
Es en este contexto que el presidente y su partido quieren empujar una reforma por demás innecesaria. No es que el trabajo del INE no sea susceptible de perfeccionarse, todo lo es, pero honestamente, con los niveles de inflación que estamos enfrentando, el avance del crimen organizado, el deterioro de los servicios públicos y el rezago educativo, por mencionar sólo los asuntos más urgentes, definitivamente reformar el sistema electoral es absolutamente secundario en este momento.
Sin embargo, el presidente, que llegó al poder gracias al voto mayoritario, en unas elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral, ha decidido reformar esta misma institución argumentando diversas fallas.
Los ciudadanos que no somos ingenuos como el presidente y su partido creen, sabemos perfectamente que están queriendo cambiar las reglas del juego justo a la mitad del partido porque quieren asegurarse a como dé lugar de tener la ventaja en las próximas elecciones.
Y sabemos también, porque lo acabamos de ver con otras iniciativas legislativas que el partido en el poder, aunque no tiene la mayoría para hacerlas pasar, tiene la capacidad para ejercer presión sobre algunos miembros de la oposición para que voten a favor de sus reformas.
Es en este contexto que, ante el inminente riesgo de que sea aprobada una reforma regresiva en contra del INE los ciudadanos decidimos manifestar nuestra firme oposición y con ello demostrarle no solo al presidente, sino también a la oposición, que no estamos dispuestos a que pasen por encima de nuestra voluntad. Y esa voluntad es que NO haya una reforma electoral, al menos, no ahora.
Lo que no deja de ser interesante es que la ciudadanía encontró una causa común en la defensa del árbitro electoral cuando en los últimos meses se han presentado otras amenazas quizás más graves para la democracia, como, por ejemplo, la militarización de la seguridad y de la vida pública en general.
Quizás los hechos represivos ocurridos en 1968 y en 1971 dejaron una cicatriz tan grande en la sociedad mexicana que protestar en contra del ejército se antoja temerario.
En mi lectura, las personas que salimos a marchar el 13 de noviembre no solo estábamos queriendo proteger al INE sino enviando una señal muy clara de que no queremos ser atropellados por la clase política y que estamos dispuestos a organizarnos a pesar de nuestras diferencias para defender lo que queda de nuestras instituciones.
