El fracaso en la implementación en el alcance y vigencia del padrón de usuarios de telefonía móvil durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se debe a que durante su gobierno había más oposición en el Congreso mexicano, según nos dijo Francisco Javier Jiménez Ruiz, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
El actual Poder Legislativo cuenta con una experiencia que le ha facilitado al gobierno de la República crear y ejecutar políticas públicas de manera rápida, debido a que anteriormente fue oposición. Además, cuenta con una mayoría en el Congreso con la que puede aprobar nuevas leyes sin obstáculos, es por ello que consiguió lo que el ex presidente Calderón deseaba en 2008: un padrón de telefonía móvil.
Esto facilitó la aprobación del actual Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un registro de datos personales y biométricos de la ciudadanía que cuenta con una línea telefónica para comunicarse.
“Felipe Calderón llevó a cabo este padrón, con una cantidad de líneas telefónicas exageradas, y el éxito de su aprobación -del nuevo padrón en ese sexenio-, se debe a cuestiones técnicas. En primer lugar, la tecnología era menos eficaz que la contemporánea, y en segundo, las oposiciones a aquel gobierno ahora están en el poder”, nos dijo Jiménez Ruiz.
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El reglamento del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), fue publicado como decreto el 15 de mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. La recopilación de los datos inició en 2008, como lo documentamos en esta nota. El fin de este registro era ayudar a la prevención y persecución de delitos como el secuestro y las extorsiones telefónicas.
En abril de 2009 todas las personas que tuvieran una línea telefónica deberían registrarla. Las y los usuarios tenían que dar sus datos personales, como: nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Para su manejo, también se les pidió a las empresas de telecomunicaciones que crearan un registro de usuarios.
De acuerdo con el recuento de problemas del RENAUT hecho por el portal Infobae, 10 meses después de que se iniciara el programa, solo se habían registrado 20 millones de líneas telefónicas y comenzaron a otorgarse los primeros amparos a las empresas que se resistían a administrar y compartir un padrón de este tipo.
Otro de los problemas que tuvo este primer padrón de usuarios, se presentó en 2010 y fue el que más escándalo provocó: la base de datos de RENAUT era vendida a través de internet por 500 pesos y entregada a través de un correo electrónico o en un DVD.
De acuerdo con el periódico La Jornada, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en ese entonces, Héctor Osuna Jaime, afirmó ante la Cámara de Diputados que este instrumento estaba lejos de ser completo y confiable. También aprovechó para desmentir una de las anécdotas que más se recuerda sobre esta fallida base de datos.
“Hay leyendas urbanas, como los 15 mil registros a nombre del presidente. Eso es falso. Lo hemos consultado y es falso que sean tantas líneas a nombre de Felipe Calderón”, dijo el funcionario en ese entonces, según el diario.
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¿Por qué revivir el proyecto que falló en el gobierno de Calderón?
El primer intento por hacer un Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil tuvo como fin detener los secuestros y las extorsiones telefónicas. En este, según nos explicó Francisco Javier Jiménez Ruiz, el aumento de los delitos digitales como la suplantación de identidad y robo de datos bancarios, fue utilizado como pretexto para imponer una medida de esta naturaleza.
“El delito que más se desarrolló en la pandemia, al quedarse la ciudadanía en casa y al realizar más transacciones bancarias a través de sus computadoras y dispositivos móviles fue el robo de información, la suplantación de identidad, las transacciones no reconocidas en tarjetas de crédito y los bancos lo único que hacen es enviar un correo diciendo que ellos no se hacen responsables”, nos dijo el experto.
Jiménez Ruiz agregó que esto es lo que los gobiernos están aprovechando para solicitar, incluso, las huellas digitales.
El primer intento de registro fue eliminado el 2 de marzo de 2012, por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por el riesgo de que estos datos fueran comercializados en el mercado negro y pusieran en riesgo la vida de las personas que los proporcionaban.
De acuerdo con el experto, este gobierno sí tuvo la posibilidad de aprobar esta medida gracias a que el partido que está en el poder tiene una mayoría en el Congreso, que permitió revivir y aumentar sus alcances.
