Los fraudes y desfalcos en la institución del gobierno que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) superan ya los montos que se registraron en el sexenio pasado a través del método conocido como la “Estafa Maestra” y aún así, hasta ahora, no parecía haber responsables.
Según lo identificado por la ASF, tan solo los desvíos de la dependencia podrían superar los $12,808 millones de pesos. Por esto, ya hay 53 expedientes abiertos en contra de exfuncionarios y funcionarios.
La última actualización del caso es que, por fin, una jueza federal vinculó a proceso a René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex por uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras ilícitas en la dependencia.
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Problemática desde el inicio
Segalmex se creó como una de las principales promesas de López Obrador para distribuir la canasta de alimentos básicos a bajos precios y mejorar la calidad de vida de los trabajadores del campo.
López Obrador nombró como titular a Ignacio Ovalle Fernández, secretario particular del ex presidente Luis Echeverría, titular del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo y titular de la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) con Salinas de Gortari.
Además, había sido diputado federal del PRI de 1994 a 1997, desde donde impulsó y aprobó el incremento del IVA del 10% al 15%.
Ovalle duró poco más de dos años como titular en Segalmex. Bajo su administración el organismo fue señalado por múltiples acusaciones de corrupción y aún así fue nombrado Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Lo que parecía ser un plan cargado de buenas intenciones, terminó en una investigación por parte de la FGR por supuestos desvíos millonarios que superan los $12,808 millones de pesos.
¿Cómo empezó todo?
Durante la conferencia matutina del 27 de julio de 2022, el presidente López Obrador señaló que el fraude Segalmex comenzó cuando “un administrador colocó fondos públicos de la dependencia en una financiera”.
Entonces no mencionó de quienes se trataba, sin embargo, el presidente se refería a René Gavira Segreste y a Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI). Y es por esas transacciones que Gavira fue vinculado a proceso.
De acuerdo con la FGR, Gavira como apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, entre 2019 y 2020, autorizó diversas compras ilícitas con recursos públicos.
Este es el segundo proceso penal iniciado contra el ex funcionario pues en abril pasado fue vinculado a proceso por comprar títulos bursátiles con recursos de Segalmex, que es a lo que se refería el presidente sin decir nombres.
En aquel entonces, fue imputado porque supuestamente el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020, autorizó el uso de recursos de Segalmex para comprar 100,000 títulos bursátiles por $100,000,000 de pesos a través de una Casa de Bolsa en junio de 2020.
Sin embargo, el portal del empresario hidalguense Gerardo Márquez, Animal Político, publicó hace unos meses la existencia del oficio donde el ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle autorizó en 2020 a Gavira Segreste, a efectuar inversiones en la bolsa con recursos públicos de Segalmex.
Eso sí, en mayo de este año, Ovalle Fernández, declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio con el cual se autorizó el uso de al menos $100,000,000 de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles.
Los desvíos
Por si fuera poco, no solo se ha usado dinero del presupuesto autorizado para compras ilícitas e inversiones en mercados bursátiles sino que también se ha ejercido mal el dinero destinado a la dependencia.
Como mencionamos en esta nota, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado desvíos en cada año y en los diversos programas que tiene. Las irregularidades fueron de $4,172 millones para 2019 y de $8,636 millones en 2020.
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¿Qué va a pasar con Gavira?
Por ahora la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, ordenó al ex funcionario presentarse cada 15 días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional a firmar asistencia.
Además, fijó como plazo tres meses para la investigación complementaria en la que la Fiscalía General de la República (FGR) y el imputado podrán reunir pruebas.
