Una “gran simulación”, los esfuerzos del Estado para erradicar el delito de tortura

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México ha ratificado dos convenciones internacionales contra el delito de tortura y cuenta con leyes y mecanismos para sancionar este flagelo, pero el Estado incurre en “una gran simulación” al no apoyar a las víctimas de tortura, ni destinar presupuesto suficiente para que las fiscalías investiguen y castiguen este ilícito.

“¿Por qué no hay una acción real? Porque a este gobierno federal y a los gobiernos estatales no les importa erradicar la tortura; están demasiado preocupados por temas electorales”, nos explicó al respecto la integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra Eliana García.  

La también asesora en el Senado en temas de derechos humanos nos enumeró una serie de registros y documentos, tanto oficiales como de grupos civiles, que documentan que a pesar del discurso oficial de respeto a las garantías fundamentales, el delito de tortura aún se comete por agentes del Estado, principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas.

Este 26 de junio de 2023, la ONU conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el cual se proclamó desde 1997 a fin de erradicar totalmente este delito y aplicar de manera efectiva la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

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“México incumple leyes y convenciones internacionales”

“México ha firmado y ratificado dos convenciones: la Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, desde 1987, y contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU. Después, Mexico tipificó este flagelo tras el caso Ayotzinapa, en 2017, con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y sin embargo, tenemos datos alarmantes de este delito”, nos explicó Eliana García. 

La también ex diputada federal por el PRD puso como ejemplo los datos de la organización civil Causa en Común, que con base en reportes de la prensa señaló que en 2022 se registraron 1,793 casos de tortura, que “en buena parte” fueron perpetradas “por personas que no forman parte de organizaciones criminales”.

Igualmente, García -quien ha sido acompañante de víctimas de desaparición desde 1977- nos mencionó que según un informe de la organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch, en julio de 2021, 38% de personas que fueron detenidas por policías o soldados dijeron haber sido torturadas.

Asimismo, la experta abundó que de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2023 se han abierto 9,921 expedientes por este ilícito por parte de las fiscalías estatales de Justicia. Es decir, un promedio de 1,890 expedientes anuales.

“La Ciudad de México, la llamada ‘ciudad de los derechos’, tiene el registro más alto de casos de tortura con 20.4% (2,024), y le siguen Chihuahua, con 13.5% (1,341), y Quintana Roo, con 7.9% (785 casos)”, nos precisó la experta.

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Con todos esos datos, “imagínese si hasta este momento hemos erradicado la tortura; la erradicación de un delito implica dedicar presupuesto para personal especializado en la investigacion. La tortura es un delito que cometen autoridades: son agentes del Estado cometiendo actos de tortura, las fuerzas federales, estatales y municipales”, nos aclaró García.

Un ejemplo de la falta de presupuesto suficiente para investigar este delito fue la reducción de 4% de los recursos proyectados en 2022 para la Fiscalía Especial en Investigación del delito de Tortura, de la FGR, la cual tuvo $18,901,858 pesos para realizar su labor, según una investigación del portal Animal Político.

Simulación 

“Lo que se vive es una gran simulación, y fíjese qué cosa tan grave: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que opera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tiene un montonal de quejas y solo se tienen acreditadas no más de tres recomendaciones”, lamentó Eliana García. 

“Entonces, tenemos datos alarmantes de tortura; una CNDH que no emite recomendaciones; una FGR cuyos agentes del Ministerio Público, supuestamente especializados en tortura, no investigan, y una Suprema Corte que recibe consignaciones por este delito completamente mal hechas”, nos indicó la asesora legislativa. 

La especialista concluyó que “no va a haber forma de erradicar la tortura como violación a la ley, como un delito internacional, si no hay la determinación política de actuar. Hay leyes, tenemos un mecanismo y un registro, pero no se investiga, no se buscan evidencias para eventualmente sancionar. Las autoridades no dan seguimiento a las denuncias, lo hacen los grupos civiles de derechos humanos, y tampoco apoyan a las víctimas”.

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