Ante la pasividad de las autoridades, el delito de la trata de personas crece en México

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El reciente caso de ocho mujeres colombianas secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que presuntamente fueron víctimas de trata, dejó en evidencia el desdén y desconocimiento de las autoridades para combatir este delito que va en ascenso en México, acusó Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

“Hubo situaciones muy extrañas: si usted revisa las fotos de las mujeres que se estaban buscando, que tenían más el tipo de escorts, no tienen nada que ver con las que devolvieron… Tampoco hubo operativo (de rescate) de la Fiscalía de Tabasco, que ni siquiera es competente, no tenía nada que hacer ahí. Desesperadamente trataron de apagar el fuego de lo que se les prendió en Tabasco. Hay mucha ignorancia y mucha mala fe”, nos dijo Ulloa.

Según la información del caso, las jóvenes de origen colombiano desaparecieron en Tabasco el 5 de enero de 2024, tras haber sido enviadas por el CJNG a una fiesta privada. El hecho tuvo repercusión internacional, al grado que el gobierno colombiano intervino para exigir la pronta localización de las mujeres.

De acuerdo con testimonios, las víctimas pertenecían a un grupo de entre 50 y 70 mujeres que fueron traídas a México desde Colombia, a través de una red de trata del CJNG encabezada por Saulo David Sánchez Zetina, conocido como El Jaguar. Las colombianas llegaron a Villahermosa con una deuda de $120,000 pesos a liquidar por medio de los eventos a los que fueron enviadas, por lo que sus pasaportes estuvieron retenidos.

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Una semana después, las mujeres fueron encontradas en un hotel de paso en las afueras de la capital tabasqueña. El 15 de enero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la mayoría de ellas entraron (a México) como turistas: “empezaron a tener actividades recreativas, de amistad; fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas… se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien”.

Al día siguiente, el 16 de enero, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, sostuvo que las mujeres colombianas “negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad”, y agregó que “todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada”. Así, el gobierno dio carpetazo al asunto.

“Cero atención al delito de trata”

“Yo no sé a qué está jugando (el gobierno) o a quién le quiere tomar el pelo. No tiene forma de entender las dinámicas de la trata y de cómo se violenta a mujeres y niñas”, nos explicó Teresa Ulloa sobre la actuación de las autoridades en este caso.

“Varias de las colombianas que salieron en la foto, que dizque fueron rescatadas -más bien las liberó el cártel- tienen facha de ser menores de 18 años, y no se parecen en nada a las fotos que circularon primero de cuando las buscaban y tampoco tienen apariencia de una mujer exuberante como las escorts”, abundó la también abogada.

La especialista en derechos humanos de las mujeres nos aseguró que ha aumentado el delito de trata: “mientras más pobreza, aumenta la vulnerabilidad y tampoco (el gobierno) hace mucho que digamos, porque se les cruza la idea de que la prostitución y la pornografía son un trabajo como cualquier otro, pero no se dan cuenta de que con más pornografía y más prostitución, aunque sea de adultas, más se propicia que niñas y niños sean víctimas”.

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Ulloa criticó que el combate de la trata de personas “no es prioridad, ni está en la agenda política de este gobierno”. Como ejemplo, nos señaló que el Estado incumple las obligaciones que estipula la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Tal norma define a la trata como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

La directora de CATWLAC detalló que la Ley General prevé que se debe invertir para crear polos de desarrollo en los lugares de origen de las víctimas de trata, con condiciones de vulnerabilidad grave. “Si les preguntamos cuáles son los lugares más frecuentes donde se recluta a mujeres y niñas, que son las principales víctimas de trata y explotación sexual, no saben y no tienen ningún programa (para atender esas zonas)”, apuntó la experta.

La realidad de las cifras

De acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 hubo (hasta el mes de noviembre) 564 presuntas víctimas mujeres de trata de personas a nivel nacional. La cifra es un poco menor a lo registrado en 2022 cuando se reportaron 637 mujeres víctimas de este delito.

No obstante, entre 2018 y 2021 hubo un aumento constante en el número de mujeres víctimas de trata de personas en la mayor parte del país. A partir de las cifras oficiales se estima que cerca del 34% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

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Asimismo, además de ser origen, tránsito y destino para la trata, México es el tercer país a nivel global con más casos de este delito con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, solo después de Tailandia y Camboya, según la organización internacional A21.

En cuanto a las ganancias para las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, Teresa Ulloa nos dijo que oscilan en más de $100,000 millones de dólares al año. Otro problema, advirtió la especialista, es la impunidad en la que quedan estos casos cuando llegan ante la justicia, pues “no se castigan como se debería”.

“No llegan los suficientes casos a sentencia. Nosotros en CATWLAC, a finales de 2023, logramos apenas tres sentencias de casos que venían desde 2014 todavía con el sistema penal tradicional y uno con el nuevo de juicios orales. Hubo condenas hasta por 60 años de prisión”, detalló la activista.

Finalmente, Ulloa consideró que ya existen la normatividad y mecanismos como la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, para hacerle frente de manera efectiva a este ilícito, pero -insistió- lo que hace falta es voluntad política del gobierno para actuar en la prevención, castigo y erradicación de la trata.

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