Ximena tenía 20 años cuando salió de un antro en Ciudad Satélite. De último momento, Luisa, su amiga, decidió que no se iría con ella, como habían quedado. Esa decisión de último minuto le salvó la vida a Luisa, pero Ximena no corrió con la misma suerte.
“Dicen que cuando te toca, ni aunque te quites y supongo que a mí no me tocaba”, recuerda Luisa, quien no esconde que tiene más de un año viviendo con sentimiento de culpa, porque “quizá, si la hubiera acompañado, le hubiera dicho que le bajara antes de que tomara la curva”.
En el camino que va de Lomas Verdes a Chiluca, Estado de México, los accidentes son comunes. Las curvas empinadas son una trampa en la que más de uno se ha confiado. Esa noche, de 2016, Ximena dejó de ser la chica alegre que estudiaba Mercadotecnia, para engrosar la estadística de 16 mil muertes ligadas a accidentes viales, una cifra roja que pone a México como el séptimo país más peligroso en esta materia en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS).
Y es que aunque la mayor parte de la presión mediática y acciones de gobierno se concentra en temas de seguridad pública (con una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes), nadie voltea a ver la seguridad vial, que tiene una tasa de 13.2 muertes.
En 2018, se gastaron 170 mil millones de pesos en seguridad pública. ¿Y en seguridad vial? Se desconoce, pues buena parte de esta responsabilidad recae en municipios y estados, por lo que especialistas buscan -sin éxito- desde hace años, que se aprueba una Ley General de Seguridad Vial.
¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito en México?
Los expertos consideran que se debe a una falta de cultura para manejar, pero también, porque no existe una Ley de Seguridad Vial, de la que han habido propuestas, pero que normalmente se quedan en la congeladora.
El problema de los accidentes de tráfico es tan grave en el país, que se encuentra entre las principales causas de muerte, por encima de enfermedades como el cáncer; desde el primer año de vida y hasta los 34 años, para hombres y mujeres, y se prolonga para los varones hasta los 44 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Así, morir en un accidente vial -siendo peatón, conductor o pasajero- parece ser una pena de muerte que pende desde los primeros años de vida.
“Todo el mundo pensamos de las personas que fallecen:´fue en las carreteras´ y la verdad es que la gran mayoría va en las vialidades, dentro de las ciudades”, explica Marco Priego, director de Movilidad de World Resources Institute (WRI) México.
El tamaño de los accidentes viales ocurren a lo largo y ancho de la República y, según el “Informe sobre la situación de la seguridad vial 2017”, elaborado por la Secretaría de Salud (SSA), son 13.2 muertos por cada 100 mil habitantes, que en México se traduce en unas 16 mil personas. Peatones, motociclistas y ciclistas son los más vulnerables, pues constituyen 65.4%.
Pero en esta problemática, los villanos no son los conductores, sino la falta de pilares preventivos a través de una Ley General de Seguridad Vial, que no existe actualmente, coinciden expertos consultados.
Priego destaca que “es preocupante porque esas personas estaban como peatones. Están utilizando la calle, están haciendo su día a día, y estos números son comparables con cualquiera de los problemas que puedan haber en México (…) Es un problema olvidado”.
“La falta de una planeación, administración y gestión vial son el fondo de que haya tantas víctimas por accidentes de tránsito. El problema es que no hay la capacidad técnica, ni presupuestos, ni la voluntad política”, explica Francisco de Anda, director de Movilidad y Desarrollo México (MDM).
Según Ezequiel Palacios, coordinador de proyectos de la asociación México Previene, “en cualquier país es necesario tener este tipo de política pública integral, porque muchas sólo están enfocadas en el carro. Se puede evitar a tiempo que ocurran más incidentes”.
Una ley con dientes
Los tres especialistas consultados resaltan que ya se tiene una década insistiendo, desde la sociedad civil, la implementación de una Ley General de Seguridad Vial, y esperan que con esta nueva legislatura, sea avalada y con presupuesto suficiente para llevarla a cabo.
Las tasas más altas se repartieron entre Sinaloa, Durango, Zacatecas y Tabasco, y las más bajas en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Michoacán, indica el último informe basado en cifras del INEGI.
Esta es la magnitud de los accidentes viales en México que, a decir de los expertos, requiere de una política integral que atienda gestión, infraestructura, vehículos, usuarios y atención hospitalaria.
Desde 2011 se dieron los primeros intentos, narra Priego. Sin embargo, con el tiempo se fue a la congeladora del Congreso y no tuvo frutos. “Lamentablemente hoy, después de siete años, no tenemos una Ley General de Seguridad Vial, no tenemos una institución encargada líder y no tenemos un presupuesto para velar por la seguridad vial y la salud de los mexicanos en términos viales”.
Según el director de MDM, en términos técnicos la gestión requiere de análisis de datos; en infraestructura: un diseño para mitigar los riesgos; en los vehículos: mantenimiento entre ligeros y pesados, así como regulación equipamiento de seguridad; y en las empresas, que cuenten con políticas internas de gestión de riesgos.
Camino a una Agencia
A esas afectaciones, se suma según el director de movilidad de WRI, que los lesionados a causa de los incidentes viales, con el tiempo gastan para intervenciones médicas, atención y compra de medicamentos, lo que impacta económicamente a los países.
Las organizaciones denunciaron en diciembre del 2017, que México está atrasado a nivel regional, pues en países como Colombia, Chile y Argentina, existen Agencias Nacionales de Seguridad Vial, dirigidas a una atención integral.
Desde la perspectiva de Anda, la ley debe acompañar un proceso de mediano y largo plazo, en al menos cinco años, para tener una “aplicación real en la práctica nacional”, con miras a la creación de una Agencia mexicana.
“De otra manera podría quedar la ley como otro instrumento legal en letra muerta que no derivara en reglamento, y que realmente no habría ninguna capacidad para ponerla en marcha, es el gran reto que se tiene”, abunda.
Los especialistas consultados destacan que si bien ha existido interés en congresistas de las actuales legislaturas de las cámaras de Diputados y Senadores, temen que ocurra lo mismo que en 2011, donde sólo quedó en la ratificación.
Priego acusa que en los 10 años promoviendo la Ley General de Seguridad Vial, reconoce que ésta “no está en la cartera política”.
¿Seguirá la seguridad vial siendo tema de segunda mano, aún cuando cada día mueren unas 43 personas en el país a causa de ella?
