Adolescentes en prisión, maltratados y sin sentencia

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En nuestro país hay más de seis mil adolescentes (entre 12 y 17 años de edad) en lo que se llama “conflicto con la ley” (principalmente por robo), de los cuales mil 385 están en prisión preventiva, es decir, están encarcelados, en espera de una sentencia.

Las y los adolescentes que se encuentran en los Centros de Internamiento sufren maltratos físicos, psicológicos, y viven en instalaciones sin regaderas ni baños. Eso, a pesar de que la ley dice que deben contar con espacios seguros, según el último diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la prisión preventiva para los adolescentes, como “medida extrema” hasta por cinco meses, en lo que se resolvía su presunta responsabilidad en “delitos graves”. Incluye casos de homicidio, delincuencia organizada, trata de personas o robo con violencia.

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Hay un problema: cuando las y los adolescentes están internados, entran en una cultura carcelaria violenta. Por tanto, tienen 80% más probabilidades de volver a la cárcel cuando sean mayores de edad. Además, les hace más vulnerables de que grupos criminales les recluten, explica  a Cuestione Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Un adolescente cae en conflicto con la ley porque antes hubo desprotección del Estado, explica Pérez. Es decir, antes de ser victimario fue víctima, por la falta de oportunidades en la escuela, porque vivió en una zona violenta o no recibió protección de su familia.

“Cuando entran al sistema de justicia penal, en este caso la prisión preventiva, viene una estigmatización porque de alguna forma ya se les considera delincuentes, o están inmersos en las prácticas viciosas de las cárceles”, coindice Ana Aguila, investigadora y abogada del  Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP). 

La prisión preventiva se declaró constitucional por la SCJN con el argumento de proteger a menores de edad. Pero a tres años de ponerse en marcha, especialistas concuerdan en que esta medida sólo es regresiva y no respeta sus derechos de la primera infancia, al contrario, los estigmatiza.

Autoridades, sin conocimientos para aplicar la ley

La ley no es la misma para adultos y adolescentes, pues en el caso de los menores de edad se debe cuidar el Interés superior de la niñez, es decir, proteger sus derechos humanos antes de que lleguen a la mayoría de edad. Por eso, en 2016 creó una ley especial ellos: la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Para llevar los procesos de readaptación social de las y los adolescentes, también se necesitan jueces y juezas especialistas en menores de edad. Sin embargo, el país no cuenta personal especializado para llevar sus procesos penales dándoles el apoyo necesario.

De los 210 jueces que hay en 11 estados del país para las y los adolescentes, sólo 62 están especializados en impartición de justicia para adolescentes, según detalla un informe del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).

Incluso, los servidores públicos a cargo de estas personas jóvenes, tampoco tiene la capacitación para la prevención de tortura, ni tiene preparación para el cargo que tienen, según la CNDH. Y ocho de cada 10 menores son maltratados en su momento de detención, constató la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Por ley, estos menores en conflicto con la ley tienen programas de reinserción social. sin embargo, los programas no son incluyentes, pues carecen de atención especial para adolescentes con discapacidad, de acuerdo con Sofía González Talamantes, de la organización de justicia civil Documenta.

También se ha registrado que algunas actividades carecen de perspectiva de género. En la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por ejemplo, las mujeres adolescentes reciben capacitación para ser niñeras. 

“Estos programas basados en estereotipos sobre los supuestos deberes de las mujeres muestran cómo la política pública reproduce patrones culturales que favorecen la asimetría de poder entre hombres y mujeres”, según el IJPP. 

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