Aumenta violencia política contra mujeres en los procesos electorales

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La violencia política contra las mujeres también puede impactar en las preferencias electorales de las candidatas a cargos públicos, según reveló un estudio de la UNAM. Esto además de sufrir y tener que lidiar con las agresiones físicas, el tratar de impedir su registro como candidatas o restringir su derecho a votar.

La investigación elaborada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM documentó cómo cinco candidatas y precandidatas que experimentaron violencia política en las elecciones de 2021 también sufrieron discursos estigmatizantes en los medios de comunicación y en redes sociales, como Twitter.

Y en los casos de las candidatas al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, y de Baja California, María Guadalupe Jones Garay, quienes además de obtener el cuarto y tercer lugar en los resultados electorales, pasaron a tener el segundo lugar de preferencias (según encuestas de El Financiero) a ser catalogadas como las candidaturas “peor evaluadas”, según la tendencia que observó el análisis.

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El mismo estudio reflejó que los principales agresores visibles fueron los partidos políticos  y en menor medida los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Esto lo concluyeron al analizar el Registro Nacional de Personas Sancionadas, datos del INE, las fiscalías y entrevistas que realizaron las investigadoras de la UNAM.

De 131 quejas por violencia política de género presentadas ante el INE, al 25 de junio de 2021, 28 fueron remitidas a los partidos políticos, aunque las deben resolver los partidos “no informan ni tienen seguimiento”, se anota en el informe.

Caso Guadalupe Jones Garay – Hank Rhon

En las elecciones del 6 de junio de 2021, Jorge Hank Rhon contendió por tercera vez por la gubernatura de Baja California. Quedó en segundo lugar. Sin embargo obtuvo dos sanciones por haber cometido violencia política de género, lo que incluyó su ingreso al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.

Un mes después de las elecciones, el 7 de julio de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Hank Rhon, excandidato por el PES, cometió violencia política de género al insultar la inteligencia de las mujeres al “usar expresiones que se basan en estereotipos discriminadores”, previo a su toma de protesta como precandidato a la gubernatura.

En la segunda sanción, 23 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) determinó que Hank Rhon volvió a usar “expresiones basadas en estereotipos y prejuicios, con el objeto de denigrar o descalificar a la víctima”, ahora en contra de Guadalupe Jones Garay, excandidata a la gubernatura por la coalición PAN, PRI y PRD, el 18 de mayo de 2021, en pleno proceso electoral.

El tribunal electoral de esa entidad encontró que las faltas de Hank Rhon eran leves. Resolvió que además de ser inscrito en el registro nacional de personas sancionadas por un año, recibiría una “amonestación pública”, debía pedir una disculpa pública a Guadalupe Jones -que realizó el 28 de julio de 2021-, y tomar cursos de género en línea impartidos por el Inmujeres. 

Guadalupe Jones obtuvo solo 12% de los votos, mientras que en marzo de 2021 tenía 33% de preferencia. Fue superada por Hank Rhon quien se llevó el segundo lugar con 30% de la votación, a pesar de que entre abril y mayo el empresario tenía entre 6% y 16% de intención de voto, según encuestas, como lo muestra la investigación de la UNAM.

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¿Qué es específicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género? 

Esta violencia se manifiesta cuando a mujeres precandidatas, candidatas o en cargos públicos se les limita, anula o menoscaba su ejercicio de los derechos políticos y electorales, por parte de sus compañeros de trabajo, partidos políticos, dirigentes, militantes o simpatizantes de los partidos políticos e incluso por los medios de comunicación, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Dicha Ley señala al menos 22 conductas que son violencia política, como obstaculizar la asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie o descalifique a una candidata, entre otras prácticas.

Después de varios años e intentos del movimiento amplio de mujeres por tipificar esta violencia finalmente se logró hace casi dos años, cuando el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a siete leyes federales para prevenir, atender, sancionar y erradicarla, así como para otorgar medidas de protección y reparación del daño a las víctimas. Y entraron en vigor el 14 de abril de 2020. 

A raíz de estas reformas, quien cometa – y se le demuestre – violencia política contra las mujeres se le puede sancionar en sus candidaturas o a sus partidos con quitar recursos, invalidar un proceso electoral, suspenderles de sus cargos, entre otras medidas.

La doctora en Ciencia Política Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fundadora de la Red de Politólogas, nos explicó que la violencia política contra las mujeres ha estado ahí siempre, pero a partir de estas reformas cambiaron los ojos con que la miramos, porque ahora vemos esa violencia.

No solo se trata, nos dijo la especialista en entrevista, de una violencia física, sino de una violencia sútil, escondida detrás de estereotipos, simulaciones, resistencias o sesgos de género. Por esto, el reto es implementar una reforma educativa más igualitaria para cambiar las formas en que se transmiten ideas respecto a cuál es el papel de las mujeres en la sociedad y en la política.

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Impactos de la violencia política contra mujeres en elecciones pasadas

En el proceso electoral de 2021, de las 954 víctimas de violencia política, 343 fueron mujeres, lo que representa 36%. Y de las 102 personas políticas asesinadas 87 eran hombres y 15 mujeres, según el Séptimo informe de violencia política en México 2021 de la consultora Etellekt.

El registro donde está Hank Rhon comenzó a funcionar a partir del proceso electoral 2020-2021. A la fecha hay un total de 179 registros y 158 personas sancionadas, de las cuales 26 son mujeres y 132 hombres. Un hombre acumula 10 registros, una mujer tiene tres registros y ocho personas cuentan con dos registros. Oaxaca tiene el mayor número de personas sancionadas (con 41) y le sigue Veracruz (con 29).

En los procesos electorales de 2015 a 2018 se intensificaron actos violentos contra las mujeres. De 2017 a 2018 “se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, de las cuales 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 23 asesinatos”, según reporta una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 

Más retos para las siguientes elecciones

Para Yndira Sandoval, integrante de la organización feminista Las Constituyentes Feministas MX, aunque las reformas significaron un avance aún falta que el padrón de personas sancionadas tenga claridad en los grados de las sanciones y de las temporalidades, como la no elección, inhabilitación y reparación del daño hacia la víctima. 

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Si bien estar en ese registro es solo una falta administrativa “no perdamos de vista que la violencia política no solo es una forma de violencia, sino que es un delito y los delitos son materia del Ministerio Público”, nos señaló. 

El INE implementó la declaración “3 de 3 Contra la Violencia” como requisito para registrar candidaturas en 2021. Es una iniciativa promovida por Las Constituyentes -desde 2018- para evitar que personas que han violentado a mujeres lleguen a cargos públicos. 

Yndira Sandoval nos comentó que con la medida “3 de 3” se previene la violencia política porque se le cierra el paso a personas que han violentado a mujeres, pero falta que además de que no ocupen cargos o candidaturas “sean investigadas, juzgadas y en su caso sancionadas” y no queden al amparo de la impunidad.

Este 5 de junio habrá elecciones en seis estados. Por ley, los partidos políticos deberán postular al menos en la mitad de sus candidaturas a mujeres para elegir 6 gubernaturas, 35 ayuntamientos y 25 diputaciones locales. Y también deben prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.

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