Dos años y medio después de la masacre de Camargo, en Tamaulipas, se logró una sentencia condenatoria contra los 12 agentes de la policía estatal que el 22 de enero de 2021 asesinaron a 16 personas migrantes provenientes de Guatemala, una de El Salvador, y a dos mexicanos, a quienes señalaron como los “polleros”, quienes presuntamente llevaban ilegalmente a las y los migrantes hacia Estados Unidos.
Aunque la condena parece un ápice de justicia en México, siguen habiendo muchas dudas alrededor del caso, principalmente sobre las razones por las que los elementos de la policía atacaron de manera tan brutal a las dos camionetas en las que se transportaban las y los migrantes y sus traficantes, a las que prendieron fuego con los cuerpos masacrados dentro para tratar de borrar la evidencia de su participación en el crimen.
Un elemento clave para que se resolviera el caso fue la declaración del policía Ismael Vázquez, quien meses después de dar su testimonio, cambió su versión para desmentir lo que le había pedido que dijera su superior, el comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Gopes) de Tamaulipas, Horacio Rocha Nambo, quien no ha sido acusado, pero también participó en los asesinatos, de acuerdo con el policía testigo.
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A Vázquez, por su cooperación con la investigación, lo condenaron a 19 años de prisión por los cargos de abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. A 10 de los policías les dieron 969 años de cárcel y a la coordinadora de la policía de Tamaulipas en Ciudad Mier y zonas aledañas, Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, le dieron 975 años de prisión.
¿Qué pasó el 22 de enero de 2021?
De acuerdo con la versión del policía Ismael Vázquez, el día de los hechos, entre las 8 y las 9 de la mañana, elementos de la policía estatal de Tamaulipas respondieron a un operativo por un supuesto ataque armado. Iban 24 elementos en seis vehículos, no 12 en tres vehículos, como se informó inicialmente. Las personas a cargo del operativo eran el comandante Rocha Nambo y la policía Vázquez Santillana.
Los elementos policiacos persiguieron en los vehículos a las dos camionetas donde viajaban los migrantes y los “polleros”, disparando contra ellos aun cuando ya estaban detenidas las camionetas. Ismael Vázquez afirma que, aunque les fue informado que desde las camionetas de los migrantes estaban atacando con armas de fuego, nunca vio a nadie disparar contra la policía.
Una vez llegadas todas las unidades policiales a los puntos donde poco después quedarían calcinadas las camionetas y las víctimas, Vázquez pudo observar a personas muertas por los impactos de bala y otras tantas heridas, incluyendo a mujeres aún con vida a quienes, por órdenes, hizo subir a la batea de una de las camionetas junto a los cadáveres de hombres que se encontraban ahí apilados.
Luego encontraron a los dos conductores heridos a quienes asesinaron a quemarropa, y finalmente, los mandos dieron la orden de rematar a quienes seguían con vida. Según el policía Ismael Vázquez, vio cómo uno de sus compañeros vació un bidón con gasolina en una de las camionetas con los cadáveres y también vio al comandante Rocha Nambo encender un papel que luego arrojó a la batea para iniciar el fuego.
Los agentes de la policía, por órdenes de sus superiores, recogieron los casquillos de las balas e incluso volvieron unas horas después y al día siguiente a recoger lo que hubiera quedado de evidencia, una vez que se fueron los agentes de investigación de la escena del crimen.
En el informe que entregó Mayra Vázquez Santillana -la responsable del operativo- dice que encontraron las camionetas incendiadas, con los cuerpos en el interior, alrededor de las 2:00 de la tarde de ese mismo día, entre cuatro y cinco horas después de los hechos. Sus declaraciones posteriores fueron inconsistentes.
Voluntad de las autoridades, la diferencia con otros casos
Las y los migrantes en tránsito por México son vulnerables a diversos delitos como la trata de personas, tráfico de órganos, secuestro y homicidio. Muchos de ellos son perpetrados por el crimen organizado, nos dijo Miguel Zenteno, abogado de la organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que acompañó el caso. Pero en otros, como en la masacre de Camargo, también están implicados elementos del Estado.
Una de las enormes diferencias entre este caso y otras atrocidades ocurridas incluso en el mismo estado de Tamaulipas -como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, en 2010, o las fosas clandestinas donde se localizaron al menos 195 restos en abril de 2011- ha sido la voluntad de las autoridades para esclarecer el caso.
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A pesar de todo tiene sus limitaciones: no se han aclarado las responsabilidades de las personas con cargos de mando, como el comandante Horacio Rocha Nambo, de policías que estuvieron presentes y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que “el vehículo en el que se transportaban las víctimas había sido retenido por la delegación del INM de Nuevo León, en diciembre de 2020”.
Sin embargo, la resolución penal y la severidad con la que se aplicó la sentencia resultan emblemáticas para la justicia mexicana, pues es la primera vez que se logra una condena en contra elementos del Estado por una masacre de migrantes, señala el comunicado de la FJEDD.
“Lo que notamos nosotros en comparación a algunos casos que hemos documentado en la FJEDD, es la voluntad del estado de Tamaulipas para llevar a cabo la investigación, porque tenemos investigaciones, en su mayoría en el ámbito federal -en la Fiscalía General de la República- en las que hemos notado apatía por parte de los servidores públicos (…) para agotar todo lo necesario y poder conocer qué es lo que ha pasado en cada uno de estos casos”, nos dijo el abogado.
Esta falta de interés por esclarecer los delitos promueve que se alarguen las investigaciones hasta por años y que un gran número termine en el olvido, propiciando una gran impunidad, nos explicó el abogado. “Hacen como que les pagan y ellos hacen como que trabajan”, acusó.
La cooperación y agilidad de las autoridades favoreció que se pudiera llegar a la detención de los policías en cuestión de días y la condena en su contra, destacó el entrevistado.
La sentencia es un hito en la historia mexicana
“Por parte de las organizaciones -como la FJEDD- siempre estuvimos pendientes del caso (Camargo). Yo creo que se brincaron muchos obstáculos y al final del día quedó corto, porque ahora sabemos quién privó de la vida a estas 19 personas y cómo lo hicieron, pero todavía seguimos con la interrogante de si hubo alguien que dio la instrucción, por qué lo hicieron, si estas personas están relacionadas con algún cártel”, detalló el entrevistado.
“Del juez Patricio Lugo -quien resolvió la sentencia la semana pasada- también me parece que su trabajo ha sido diligente, puso todo de su parte para que se resolviera de la mejor manera y lo más pronto posible. En este caso en particular yo no vi tantos obstáculos como en otros”, aseguró el abogado.
También las condiciones para que las familias de las víctimas que estaban en Guatemala pudieran estar presentes por medio de videoconferencias fue un gran avance en contra de la pesada burocracia que muchas veces obstaculiza el acceso a la justicia, nos dijo Zenteno.
“Yo creo que si hubiéramos estado ante otras autoridades, hubiesen privilegiado siempre la burocracia, la formalidad, el enviar una asistencia jurídica y que tardara un año en que se contestara para ver si habían podido notificar a las víctimas (los familiares)”, no se hubiera logrado la condena, destacó.
Para la justicia mexicana la resolución de este caso significa un precedente. Por lo menos envía el mensaje de que no pueden quedar impunes los crímenes que se cometen desde el Estado contra las personas más vulnerables, como las y los migrantes.
También nos dice que, aunque sea una tarea monumental, en algún momento la justicia alcanzará a quienes sigan abusando de su poder. Y eso no se puede echar para atrás.
