A sus 28 años, Pedro se preparaba para cumplir otro aniversario en el trabajo de sus sueños, como arquitecto en un despacho que hace dos años lo contrató. Pero cuatro días antes, el 25 de marzo, su jefe le avisó que ya no fuera a trabajar, porque lo darían de baja “temporalmente y sin goce de sueldo”. Esto, porque todas las obras de construcción que tenían se pausaron, por la incertidumbre ante el COVID-19. Su caso es uno de los tantos despidos injustificados en esta crisis sanitaria.
Alina, de 27 años, vivió algo similar. Hace dos años y nueve meses le ofrecieron trabajar en la empresa Cabify, como coordinadora de Adquisiciones. Se mudó desde Puebla a la Ciudad de México hace unos meses, sacó un coche a crédito para ir a su trabajo todos los días. Pero el 23 de marzo, a ella y otros 50 empleados, la empresa les anunció que su jornada de trabajo se iba a reducir a la mitad, así como su salario, cuenta la joven en entrevista con Cuestione.
Para disfrazarlo como algo voluntario, Cabify pidió a Alina y sus compañeros que firmaran un documento en donde cada uno expresaba su intención de estas reducciones, del que Cuestione tiene copia.
Carta que le hacían firmar a Alina por la reducción de su sueldo.
Pero ella no firmó porque, de hacerlo, no le alcanzaría para pagar ni la renta del departamento donde vive, tampoco podría cubrir la mensualidad del coche que sacó meses atrás.
Sin embargo, la empresa decidió despedirla por no haber aceptado la reducción de sueldo y le pidieron que firmara su renuncia voluntaria. Tampoco lo hizo.
“Tuve que hacer mis maletas y regresarme a Puebla. Ya no puedo pagar la renta y tengo que ver cómo le voy a hacer para sobrevivir y pagar el crédito que saqué”, dice Alina.
Como Alina y Pedro, en los últimos días ha habido cascadas de casos en que despiden a las personas, les obligan a renunciar o a reducir sus salarios, por la situación que viven las empresas y la economía ante el COVID-19.
Muchos trabajadores aceptan estas condiciones por necesidad, con la esperanza de que cuando pase la contingencia puedan volver a la normalidad, aunque lamentablemente muchas de éstas podrían llegar convertirse en “promesas sin cumplir”, dice el abogado laborista Manuel Fuentes Muñiz, en entrevista con Cuestione.
Cuestione solicitó la postura de Cabify, la cual reconoció que han establecido medidas de reducción de la jornada o de funciones de sus colaboradores, “con arreglo a la normativa local en materia laboral y en su mayoría en acuerdo voluntario con los colaboradores”, dijo a través de un comunicado.
Sin embargo, sobre el caso específico de Alina, no mencionó nada.
Unos de los casos que más se ha difundido en redes sociales fue el de la empresa Alsea, dueña de las franquicias de Starbucks o Domino’s Pizza, entre otras, que también anunció el cierre de sus tiendas sin el goce de sueldo a sus trabajadores, lo que levantó críticas.
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Pero, ¿qué dice la ley sobre estos despidos injustificados?
El 30 de marzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” en el país. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que todos los trabajadores que no cumplan “tareas esenciales” tendrán que permanecer en sus casas y, por ley, recibir su salario íntegro durante abril.
“Aquellos empleadores que intenten reducir los pagos a un salario mínimo, se van a estrellar con lo que dice la ley y enfrentarán un proceso laboral que van a perder”, dijo Ebrard.
En la misma línea, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde –acompañada de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud–, dijo este 1 de abril que, “de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios, y tampoco es aplicable el criterio de únicamente el pago de salario mínimo, la obligación general debe ser pagar el salario íntegro”.
La Ley Federal del Trabajo dice que, en caso de que se declare una contingencia de salud, la empresa o patrón está obligada a pagar sólo un salario mínimo al día hasta por un mes, a modo de indemnización. Pero aún no se ha decretado una contingencia, sino una emergencia sanitaria, por lo que todavía no aplicaría este criterio y las personas deberían de tener su sueldo íntegro.
Por estar ante una “situación de emergencia por fuerza mayor”, las empresas también se pueden amparar en la ley para tomar medidas, como la reducción de sueldos o las bajas temporales; sin embargo, están cayendo en actos ilegales e injustos cuando obligan a sus empleados a firmar documentos contra su voluntad o cuando disfrazan despidos injustificados como renuncias, y eso hay que denunciarlo, explica el abogado Manuel Fuentes Muñiz, en entrevista con Cuestione.
“El escenario es adverso para los trabajadores, pues siempre se ven afectados en sus derechos laborales, pues tienen menos posibilidades de ampararse o tener juicios inmediatos cuando denuncian”, explica Fuentes Muñiz.
En el caso de Alina, por ejemplo, primero la hacían firmar una carta en la que ella no estaba de acuerdo, después, como no aceptó, la despidieron, pero en lugar de indemnizarla como dicta la ley, le pidieron su renuncia voluntaria.
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¿Qué puedo hacer?
Por eso es que el abogado laborista recomienda que si estás en una situación similar, no firmes ningún documento y recurras a una asesoría jurídica. Es importante que sepas que tienes dos meses para presentar una denuncia después de que terminó la relación laboral. Sin embargo, con el cierre de oficinas gubernamentales, este plazo comienza a correr una vez que se reanuden las actividades y se supere la contingencia por el COVID-19.
Si estás ante una injusticia laboral, puedes levantar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) vía telefónica, al número 01-800-717-2942.
La Profedet, por su parte, difundió un documento sobre preguntas frecuentes de trabajadores durante la contingencia:
Faltará ver cómo se atenderán todas las quejas y castigarán a las empresas y empleadores que no cumplan con la ley durante la contingencia por el COVID-19.
