Las señales han sido evidentes: dejar sin acceso a servicios médicos a más de 15 millones de personas tras desaparecer el seguro popular sin antes diseñar y construir una alternativa que garantizara el derecho a la salud; prohibir a los estudiantes ir a la escuela durante más tiempo que casi todos los demás países del mundo por no considerar la educación como una actividad esencial; apostar por más petróleo y otros combustibles como fuentes de energía cuando el planeta lleva transitando hacia otras alternativas desde hace años; negarse a discutir el uso de tecnologías blockchain que sirven para registrar operaciones digitales de cualquier transacción económica y que están revolucionando el mundo, o patear el bote del grave problema de las pensiones que ejercen cada vez más presión sobre las finanzas públicas y que se están comiendo los recursos que necesita el Estado para garantizar, justamente, derechos como la educación y la salud…
Las alertas empiezan a sonar cada vez más fuerte: el intento de unificar la ciencia con la visión del Estado a través del Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, en lugar de vincular a las empresas de tecnología con la investigación científica de punta; la propuesta de reforma eléctrica que intenta centralizar un mercado que empezaba a volverse competitivo y que quitaría los incentivos para tener más energías limpias; o la falta de planeación que lleva a mover más de 20,000 árboles en la Riviera Maya sin que quedara claro que fuera necesario…
El diagnóstico parece claro: a este gobierno no le importa el futuro, o por lo menos no una buena parte de lo que se requiere para que las y los mexicanos puedan tener una mejor calidad de vida durante las siguientes décadas.
Tampoco parece tener interés por los efectos que tiene la actividad humana en el calentamiento del planeta ni por las recomendaciones científicas para mitigarlos ni para adaptarnos a un mundo que, ya sabemos, será cada vez más hostil.
Incluso en temas económicos, cuando muchos países están viendo cómo transitar hacia sistemas financieros que puedan administrar las criptomonedas, el gobierno mexicano parece cerrado a tener esa discusión, alertando sobre sus peligros y anunciando solo una versión digital del papel moneda y no una criptomoneda con cadena de bloques.
Las soluciones están al alcance de todos: para que el país tenga un futuro más digno, nos urge volver a revisar las prioridades.
Y no tenemos que inventar el hilo negro. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 que plantea 17 objetivos para que el planeta y las personas podamos vivir de manera sostenible, con paz y acceso a la justicia durante las siguientes décadas.
El primer objetivo para este desarrollo sostenible, y el más urgente, es la erradicación de la pobreza. Otros objetivos incluyen eliminar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad.
También se propone lograr la igualdad de género y asegurar el acceso al agua y la energía, además de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, y promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Y sin embargo, cuando se comparan estos objetivos con las acciones del gobierno actual vuelve a ser evidente el desprecio por el futuro: los programas sociales no están llegando a los más pobres: en 2020, solo 32% de las personas en situación de pobreza recibieron apoyos de programas sociales; ese año un millón de personas se sumaron a los 27.5 millones que en 2018 no tenían acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
El gobierno actual tampoco ha incentivado las libertades económicas. De 2016 a 2020, México ha perdido 15 lugares en el Índice Doing Business, un reporte del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países.
El desprecio más preocupante es hacia las niñas y niños: como no votan, parece que tampoco cuentan. Desde el inicio del gobierno se canceló el programa de guarderías que no solo apoyaba a las madres trabajadoras, sino que les daba a las y los más chicos espacios de aprendizaje. En temas de salud, los menores de 15 años no han sido incluídos en la estrategia de vacunación contra el COVID-19.
La educación de calidad tampoco es una prioridad del actual gobierno. La pandemia evidenció las carencias que tienen las escuelas en México: una de cada tres no tiene lavamanos y solo una de cada cinco cuenta con conexión a internet. Y el programa Aprende en Casa se quedó muy corto al intentar suplir la asistencia presencial a los colegios. El Banco Mundial estima que la pandemia retrasará los conocimientos de las y los mexicanos dos años: si antes el promedio era 3o de secundaria, ahora llegarán solo a 1o de secundaria.
Y como vimos, tampoco se está atendiendo el acceso a la salud ni a energías más limpias.
Pese a lo anterior, se debe reconocer que hay algunas acciones de este gobierno que sí están alineadas con lo que los especialistas en cambio climático recomiendan para tener un futuro viable, entre las que destaca la política de apoyo a los campesinos o productores agrícolas de pequeña escala, quienes emplean prácticas más sostenibles como la restauración de la tierra o la rotación entre cultivos.
Como consideramos que una de las principales funciones de un gobierno es garantizar un futuro viable para las personas, esta semana en Cuestione estaremos analizando cómo lo que se está haciendo y dejando de hacer hoy, impactará en el país que tendremos mañana.
