Las estrategias de seguridad nacional para combatir a los grupos del crimen organizado y narcotráfico se han basado desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón en la detención de sus líderes y la desarticulación de los cárteles, principalmente.
En muchas ocasiones, estas estrategias han tenido como respuesta una ola de violencia por parte de los criminales en la que no solo retan al Estado, sino que demuestran su poder aterrorizando a la población con bloqueos, enfrentamientos, quema de negocios y otras acciones atroces, nos dijo Jesús Salazar Rojas, catedrático del diplomado Comunicación Política y Periodismo de Investigación de la Secretaría de Marina.
El especialista destacó que las respuestas violentas de los grupos criminales se intensificaron desde 2006 y al inicio del gobierno panista de Calderón, cuando el ex mandatario anunció con bombo y platillo su llamada guerra contra el narco en la que sacó al Ejército de sus cuarteles para patrullar las calles.
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El ex presidente mandó a 5,000 militares y policías para poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas en su estado natal, Michoacán, en lo que se llamó Operación Conjunta Michoacán.
La respuesta de los grupos criminales en el estado, como el cártel de La familia Michoacana, fue explosiva y la violencia se empezó a extender a la población. Una de estas tragedias tuvo lugar el 15 de septiembre de 2008 cuando un grupo armado lanzó dos granadas en la plaza colonial de Morelia durante los festejos patrios matando a ocho personas y dejando a decenas heridas.
La violencia se disparó en el país. La tasa de homicidios pasó de 7.8 por cada 100,000 habitantes en 2004 a 25.3 en 2010; durante la década de 2000 también se incrementaron drásticamente los delitos de extorsión, secuestro, tortura, mutilación y los desplazamientos forzados.
Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero fueron otros estados en los que se replicaron los operativos policiaco-militares, que en parte lograron reducir la presencia de los grupos criminales en esos lugares, pero crearon lo que en medios llamaban “efecto cucaracha” donde la narcoviolencia migró hacia otros estados como Sonora, Veracruz y Tabasco.
Detenciones de capos no ha servido para detener la violencia
Han sido diversas las detenciones de grandes líderes del narcotráfico por las fuerzas de seguridad mexicana.
En enero de 2008 se detuvo a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, entonces aliado del capo Joaquín El Chapo Guzmán -líder del cártel de Sinaloa- en Culiacán, Sinaloa. Un año después, en 2009, se detuvo a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, de la misma agrupación delictiva, e hijo del capo Ismael El Mayo Zambada.
En diciembre de ese año apresaron a Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, líder del cártel de los Beltrán Leyva quien murió en un enfrentamiento con militares en Cuernavaca, Morelos. En 2010, la entonces policía federal capturó a Edgar Valdez La Barbie, quien buscaba el control del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
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Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, quien tomó el mando del Cártel del Golfo desde 2003 fue abatido en 2010. Dos años después, en 2012, muere uno de los fundadores y líder de Los Zetas Heriberto Lazcano, alias El Lazca, abatido por elementos de la Secretaría de Marina.
La Marina capturó en 2013 a Miguen Ángel Treviño -el Z-40– cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese año fue detenido por el Ejército Mario Armando Ramírez, sustituto de El Coss en el liderazgo del cártel del Golfo, también en Tamaulipas.
En 2014 la Marina detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán Sinaloa, considerado el narcotraficante más buscado del mundo y el Ejército capturó a Nazario Moreno El Chayo, fundador de los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios.
También en 2014 el Ejército capturó a Héctor Beltrán Leyva, quien tomó el poder del cártel de los Beltrán Leyva, en una marisquería de Guanajuato y en octubre de ese año a Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez y hermano del capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos; en 2015 fue detenido Servando Gómez La Tuta, el último de los líderes del cártel Los Caballeros Templarios, por mencionar algunos.
Sin embargo estas detenciones no han logrado disminuciones significativas del tráfico de drogas, delitos como la extorsión, el secuestro y la violencia que gira alrededor de las actividades delictivas de estos grupos.
Incluso en algunos casos han incrementado las agresiones, como en el 2019 cuando se intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán que desató una ola de criminalidad en Culiacán, Sinaloa, conocida como El Culiacanazo.
Los miembros del Cártel de Sinaloa iniciaron una serie de bloqueos, agresiones y quemas de vehículos en la capital sinaloense para exigir la liberación de Ovidio Guzmán. Además tuvo lugar una fuga masiva de presos del penal Aguaruto.
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Al final, por decisión del Gabinete de Seguridad y apoyado por el presidente López Obrador se retiraron a las fuerzas de seguridad y el detenido quedó en libertad para “salvar la vida” de la ciudadanía, aunque fue aprehendido nuevamente en 2023.
Este despliegue de violencia también se dio en 2022 en los estados de Jalisco y Guanajuato como respuesta al operativo para detener a Ricardo Ruiz Velazco, apodado El Doble R, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Jesús Salazar Rojas nos explicó que la detención de los líderes del crimen organizado no es una estrategia efectiva porque trae consigo dos principales efectos: los capos, al ser detenidos, siguen teniendo capacidad de maniobra desde las cárceles que, dicho sea de paso, están invadidas de redes de corrupción.
Y segundo, porque la captura de los líderes provoca la fragmentación de los cárteles en grupos más pequeños, menos organizados, que pelean entre sí por el control de los territorios y en esa lucha existen numerosos daños colaterales como las desapariciones y desplazamientos forzados, los enfrentamientos y miles de víctimas colaterales.
Salazar Rojas nos dijo que hacen falta muchas acciones para combatir el problema del crimen organizado en México, desde la reestructura y capacitación a las policías de todos los niveles, hasta desenredar las redes de corrupción que vinculan a los criminales con las instituciones y los gobiernos.
Hasta que no suceda esto, la captura de los capos sirve solo de maquillaje para disimular la realidad: nuestras autoridades no tienen la capacidad real para hacerle frente a este fenómeno que carcome diariamente nuestro tejido social.
