La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por siete años para recibir contratos del gobierno a cinco empresas que integran el conocido “cártel de la sangre”, llamado así por coludirse para ganar contratos y administrar los laboratorios clínicos y servicios de bancos de sangre con sobreprecios durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador.
La sanción es contra las empresas: Instrumentos y Equipos Falcón, Centrum Promotora Internacional, Impromed, Valtrum y Selecciones Médicas.
Así, la administración pública federal, empresas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de todo el país deben abstenerse de “celebrar contratos” con estas empresas en los próximos siete años.
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Estas firmas que forman parte del llamado “cártel de la sangre”, hasta agosto de este año, eran de las principales proveedoras del sector salud, pero ya no podrán ser contratadas por ninguna dependencia del gobierno federal por realizar prácticas monopólicas en contra de la administración pública.
Génesis del “cártel de la sangre”
En 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo autónomo que se encarga de vigilar que haya libre competencia en el mercado, abrió el expediente DE-011-2016, para investigar al “cártel de la sangre” por sus prácticas monopólicas en el sector salud, como lo reportamos en Cuestione.
Cuatro años después, el 10 de agosto de 2020, la Cofece sancionó con $626,457,000 a 11 empresas y a 14 personas físicas que participaron en su representación “por acordar y/o intercambiar información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas” por el IMSS y por el ISSSTE para contratar servicios de estudios de laboratorio y de banco de sangre.
La forma de operar de estas empresas consistía en ponerse de acuerdo días antes de la licitación -a través de correos y llamadas- para que una de ellas tuviera la ventaja con su propuesta económica y fuera ganadora de los contratos.
Así, lograron coludirse para vender los servicios al IMSS y al ISSSTE en siete licitaciones, en los años 2008, 2010, 2011 y 2015.
Estos arreglos entre las empresas, señaló la Cofece -hace dos años-, “constituye una práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica”.
Las empresas cómplices en este entonces para repartirse las licitaciones eran Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración, Grupo Vitalmex, Vitalmex Soporte Técnico, Vitalmex Comercial (de Grupo Vitalmex), Instrumentos y Equipos Falcon, Centrum Promotora Internacional, Dicipa, Impromed, Hemoser, Selecciones Médicas (Seme) y Selecciones Médicas del Centro (Semece), según la Cofece.
Las 11 empresas obtuvieron ganancias con sobreprecios por unos $1,200 millones, lo que “generó un daño a las finanzas de ambos institutos” ya que para algunas pruebas el sobreprecio “fue de hasta 58.8% que pagaron a lo largo de diez años el IMSS y el ISSSTE”, reveló la Comisión.
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Negocios con la 4T
Pero la investigación de la Cofece no impidió que cinco empresas del cártel (Vitalmex, Instrumentos y Equipos Falcon, Centrum Promotora Internacional, Dicipa, Selecciones Médicas) siguieran haciendo negocios con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo reportamos aquí.
Durante 2019, estas cinco empresas acumularon más de $4,500 millones (40% de los cuales fueron por adjudicación directa) en más de 770 contrataciones públicas en servicios de banco de sangre, medicamentos y pruebas de laboratorio para cinco dependencias (IMSS, ISSSTE, Sedena, Secretaría de Salud de Oaxaca y de Yucatán), de acuerdo con el portal de compras del gobierno, Compranet.
Instrumentos y Equipos Falcon, Centrum Promotora Internacional, Selecciones Médicas son parte de las cinco empresas inhabilitadas por la SFP para no hacer contratos con el gobierno hasta después del 25 de agosto de 2029.
Las conductas ilegales del “cártel de la sangre” eliminaron la posibilidad de que el IMSS y el ISSSTE pudieran ocupar dichos recursos para mejoras de sus unidades médicas, en la contratación o capacitación de su personal de salud, o en la operación cotidiana de los centros de salud, según resolvió la Cofece en 2020.
