El reciente caso en el que militares presuntamente cometen una ejecución extrajudicial contra personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pone de nuevo en el ojo del huracán el papel del Ejército en el combate al crimen organizado y en las violaciones a los derechos humanos perpetradas por sus elementos.
De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos, la actual política gubernamental de “abrazos, no balazos” contra la delincuencia es “mera retórica”, pues en los hechos se han reforzado la militarización y la estrategia bélica contra el crimen, como no ocurría desde que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico en 2006.
La directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Lucía Chávez, nos explicó que desde que inició el actual sexenio en 2018 no hubo una limpia en las Fuerzas Armadas, ya que siguen en activo militares que violaron derechos humanos durante los gobiernos de Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“No hubo una depuración para que en realidad cambiaran las cosas; el gobierno tiene mucha evidencia sobre estas violaciones porque conoce las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o las denuncias que se han interpuesto ante la FGR por crímenes que se cometieron”, nos precisó la activista.
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Chávez abundó que desde 2006 los militares no han estado preparados para labores de seguridad pública. En cambio, la también abogada experta en derecho internacional nos dijo que se debió haber reforzado a la ya desaparecida Policía Federal, así como a las policías municipales y estatales, “para establecer esquemas de seguridad ciudadana que pudieran prevenir el delito, y no hacer una estrategia bélica de combate frontal que solo ha traído más muertos y víctimas”.
Pese al discurso, siguen violaciones a derechos humanos
Sobre la estrategia de “abrazos, no balazos”, que desde el principio de su gobierno pregona el presidente López Obrador como una política de seguridad supuestamente diferente a la de los sexenios previos, Chávez nos aseguró que es una “cuestión retórica”, pues en el video de los recientes hechos en Nuevo Laredo “se ve a militares que a plena luz del día masacran a personas y montan un enfrentamiento, lo cual no es la primera vez que ocurre”.
“(Lo que pasó en Nuevo Laredo) no es un hecho aislado, es algo que ocurre continuamente. Como este caso se hizo mediático detienen a 16 militares, pero no detienen a los mandos encargados de supervisarlos”, observó la defensora humanitaria.
La directora de la CMDPDH lamentó que el poder del Ejército viene creciendo “a pasos agigantados, y que si se sigue permitiendo este tipo de impunidad, difícilmente se van a frenar estos abusos y se va a acabar con este ciclo de violencia que queda en el olvido”.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) coincidió en el análisis de Lucía Chávez. En un artículo sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo, la organización humanitaria indicó que esa presunta ejecución extrajudicial no es un caso aislado, sino que es una muestra “de lo que ocurre cuando se amplía el poder militar y cuando se deposita en los castrenses la función de seguridad pública”.
Según el Centro Prodh, en el actual sexenio se han detectado al menos 11 casos similares con alrededor de 39 víctimas. La agrupación citó que de acuerdo con documentos militares revelados por los Guacamaya Leaks, habría 798 personas fallecidas en enfrentamientos protagonizados por el Ejército durante los primeros cuatro años del sexenio, cifra que podría ascender a 1,000 personas asesinadas a manos de militares.
“El presidente de la República sigue afirmando que México ya cambió y que en el país ya no se violan derechos humanos, porque el gobierno no es el mismo de antes. Eventos como el de Nuevo Laredo lo desmienten y muestran que estas afirmaciones son falsas y peligrosas. Los abusos militares no se han erradicado”, indicó el Centro Prodh.
Datos de la violencia
Con base en un análisis de la Universidad Iberoamericana -a partir de datos oficiales-, de 2007 a 2022 hubo 5,491 enfrentamientos entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y civiles, los cuales dejaron 6,226 bajas civiles.
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Por su parte, Lucía Chávez nos apuntó que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la CNDH, la CMDPDH tiene contabilizadas a 1,261 personas asesinadas por “elementos del Estado” de 2018 a 2021; de las cuales el 60% corresponden a crímenes cometidos por integrantes de la Sedena.
“El gobierno no ha sido capaz de frenar la impunidad de todos esos crímenes que se cometen; es un círculo vicioso: mientras más violencia hay, ésta no se investiga ni sanciona, y no hay un incentivo para que se deje de hacer y los mandos dejen de dar indicaciones de reprimir y asesinar”, nos señaló la abogada.
“La conclusión a la que llegamos es que se trata de una situación multifactorial que el actual gobierno no ha sabido abordar de ninguna forma, y por el contrario continúa con la estrategia que ya tenían Peña Nieto y Calderón, y que además se profundizó con la militarización, cuyas consecuencias estamos viendo a la orden del día”, finalizó Chávez.
