Fuerza letal

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Entre las muchas contradicciones que vivimos, hay una que es especialmente curiosa: la forma en que actúan las fuerzas armadas ante los grupos criminales

Por un lado, hemos visto múltiples videos en que los militares o miembros de la Guardia Nacional son perseguidos, humillados o abrumados por presuntos delincuentes.

Esto ha sido defendido desde Palacio Nacional y la Sedena como parte de la estrategia de “abrazos y no balazos”, que es considerada “diferente” a lo que se hacía en sexenios anteriores y como una forma más efectiva de hacer frente a la violencia. 

El argumento es que ha bajado la letalidad en el uso de la fuerza, dejando menos civiles muertos durante los enfrentamientos de los que se registraban antes. La idea es que tener unas fuerzas de seguridad pasivas reduce la violencia. 

Pero por otro lado, tenemos los malditos datos que tanto incomodan. Si bien el secretario de Defensa Nacional aseguró, con gráficas y todo, que ahora matan a menos, la información disponible muestra un escenario distinto.

De acuerdo con datos analizados por Intersecta, una organización de la sociedad civil especializada en temas de violencia y seguridad, usando información obtenida mediante transparencia, hay opacidad, manipulación de cifras y, por supuesto, mentiras

En primer lugar, no es verdad que las fuerzas armadas maten a menos gente ahora que antes. Según lo que sabemos, en 2020 se mantuvo la tendencia de más muertos que detenidos, una constante desde que comenzó la guerra de Felipe Calderón contra el narco

Según la información disponible, entre el 1 de diciembre de 2018 y abril de 2022, murieron 689 personas como resultado de enfrentamientos con el Ejército, tanto presuntos agresores como “víctimas”, y quedaron heridos 166, indicó la Secretaría de la Defensa.

Esto da un índice de letalidad de 4.15 personas muertas por cada una que resultó herida.

Además, sigue habiendo enfrentamientos en que no dejan ningún detenido, solo muertos. Eso pasó en Mazamitla, Jalisco, dónde 5 personas fueron abatidas y no hubo ningún arresto. La versión oficial es que eran agresores, pero no se presentó ninguna evidencia de que hubiera habido una amenaza letal para las fuerzas de seguridad. 

Esto es un problema grave, explica Intersecta en su análisis, ya que no se levantan evidencias de que en efecto hubiera habido peligro para las fuerzas de seguridad. Podemos suponer que lo hubo, podemos confiar en que actuaron correctamente, pero la verdad no lo sabemos. Esto es terreno fértil para las ejecuciones extrajudiciales que, sabemos, ha cometido el Estado.

Además, la Sedena no sigue las metodologías internacionales para medir el índice de letalidad, sino que se inventó el propio, lo cual lo hace incomparable con el pasado y con los indicadores de otros países.

Lo que se ha hecho es que en lugar de medir muertes y heridos, mide fallecidos, lesionados y detenidos. 

Uno podría suponer que los lesionados en general resultan detenidos, y que muchos de los detenidos resultan heridos. Pero al separar y sumar esos dos indicadores, la cifra real de sobrevivientes está muy probablemente inflada.

Además de eso, la información que está disponible sobre la capacitación de los militares en uso de la fuerza y derechos humanos nos habla de un esfuerzo mínimo, apenas para cumplir con la regla: un curso online de pronto, un taller por acá. Nada sólido ni sistemático. 

Y volvemos a la gran contradicción: por un lado, el presidente nos dice que hay que cuidar a los criminales, que no debe haber violencia, y que su estrategia está funcionando. Por otro, las fuerzas armadas siguen ejerciendo extrema fuerza y matando a más de los que detienen.

Por supuesto que por muy delincuentes que sean, es indispensable garantizar los derechos humanos de la gente, pero eso no puede significar de ninguna manera dejar a criminales peligrosos libres en comunidades aterrorizadas. 

Al final, es un juego de suma cero: la imagen de las Fuerzas Armadas se daña al parecer impotente, pero son tan violentos como antes; al mismo tiempo, los criminales se sienten empoderados y protegidos por el discurso del gobierno.

Y mientras, la gente, el pueblo, sigue sufriendo la interminable violencia criminal. 

¿Este es el cambio prometido?

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