El 1 de marzo iniciaron formalmente las campañas electorales, las cuales durarán 90 días. En esta elección estarán en juego la Presidencia de la República y 20 mil puestos de elección popular.
Son las más grandes en la historia mexicana, pero también se prevé que sean las más violentas desde que se tiene registro.
El fenómeno de la violencia política siempre existe, pero aumenta en los procesos electorales, por lo que hay una alta posibilidad de que se eleve el número de autoridades y candidatos asesinados, agredidos o intimidados.
Y es que la delincuencia no solo se ha ido extendiendo y profundizando en regiones completas, asumiendo el control de distintas actividades económicas como el comercio, la agricultura, el transporte de carga, entre otras. También el crimen organizado está presente en las campañas: impone a candidatos y los amenaza o mata. La violencia criminal está tomando decisiones que solo deberían ser de quienes votan.
En el proceso electoral de 2021, según la consultora Integralia, se contabilizaron 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, de los cuales el 64% aspiraba a ocupar presidencias municipales.
Tristemente no hay motivos para pensar que estas elecciones serán pacíficas luego de registrarse varios hechos violentos desde el periodo de las precampañas.
Tan solo en el mes de enero de este año hubo 36 eventos relacionados con la violencia criminal en época preelectoral; entre esos, ocho casos se trataron de asesinatos a precandidatos, militantes o dirigentes de partido, de acuerdo con Data Cívica.
Además, la organización documentó en su análisis “Votar entre Balas” que los asesinatos en enero se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y ex candidatos asesinados desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral que culmina con las votaciones del 2 de junio.
Entre los casos más recientes están los asesinatos de dos precandidatos a la alcaldía del municipio de Maravatío, Michoacán. Ambos sucedieron el mismo día solo con una diferencia de horas entre uno y otro. ¿Qué clase de elección podemos esperar en este estado? ¿Por qué la violencia político-electoral se concentra a nivel municipal? Porque es ahí donde se “tejen” las redes de acuerdos ilegales entre las autoridades y el crimen organizado.
A pesar de esto y de que otras organizaciones, como Laboratorio Electoral, han señalado que los candidatos y candidatas a nivel municipal son las que corren un riesgo mayor en cada proceso electoral, el esquema de seguridad federal presentado por el Instituto Nacional Electoral y por el Gobierno para el proceso electoral de 2024 no contempla brindar protección a quienes son aspirantes de este nivel.
Por ello es evidente que la débil política de seguridad ha mermado la capacidad del Estado, sus Fuerzas Armadas y corporaciones, y ha fortalecido a las estructuras criminales de los cárteles que, ante la impunidad, han provocado un incremento de la violencia en México, en cuyos estados enfrentan una insana guerra por territorios para la producción, distribución y trasiego de drogas.
Ahora, este tipo de violencia también permea nuestra democracia, pues muestra que la lucha por el poder no solo se resuelve en las urnas, sino que se está resolviendo cada vez más con balas. Mientras, los partidos de todos los colores han fracasado en dar certidumbre y proteger a sus propios aspirantes.
El rol que juega el crimen organizado en las elecciones es un factor constante. A veces inunda de sangre las calles o a veces está metido en la disputa por los poderes locales. Esto se ve traducido en un panorama donde se mata a los candidatos para incidir en el resultado de unos comicios, ya sea para evitar que triunfe determinado aspirante o para desmotivar a la ciudadanía de participar en la jornada electoral.
Gran parte del problema es que las acciones del gobierno federal siguen siendo insuficientes para garantizar un proceso electoral como debe ser, en paz. La inseguridad no acabará si las autoridades solo se enfocan en las posibles víctimas en periodos electorales. Pareciera ser que solo importan las elecciones, no los candidatos ni los votantes.
Quedan por delante tres meses intensos: habrá que poner especial atención en lo que proponen quienes desean gobernarnos el próximo sexenio y si sus propuestas incluyen formas novedosas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Seguir negando la inseguridad o culpar a los gobiernos anteriores solo conduce a agravar el problema. Debemos exigir compromisos verdaderos y concretos.
No podemos darnos el lujo de permitir que el crimen organizado decida nuestro voto.
