Qué urge legislar
Los jueces son corruptos. Eso piensan casi 7 de cada 10 personas en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El mismo estudio señala que solo el 11.6% de la población cree que el trabajo de los jueces es muy efectivo y el 42.7%, que es efectivo.
El presidente López Obrador también les tiene desconfianza. El 7 de julio dijo que en los últimos tiempos se ha liberado a presuntos delincuentes, solo por errores administrativos.
“¿Y por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad a diestra y siniestra? Porque lo que está probado es que se usa como excusa para liberar a personas por dinero, esa es la forma más usual”, dijo el mandatario.
Carlos Daza, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos dijo que esta es una problemática que se ha discutido durante décadas.
“Se dice que cuando un juez no tiene fundamentos para sancionar a una persona, entonces tendría que aplicar la justicia. El problema es que la justicia no es un tema de discusión, es que es un tema de exacta aplicación de la ley”, explicó el experto.
Para el especialista, se tiene que aplicar la Ley porque vivimos en un Estado de Derecho, con un sistema de justicia penal que tiene que ser respetado. Si no, cualquier persona podría imputar un delito a gente inocente.
“El derecho penal tiene principios y lineamientos que protegen a cualquier persona. No puede ser una apreciación subjetiva de que él es culpable y entonces se hace justicia porque es culpable. No, tiene que ser un procedimiento que lo demuestre. En este momento que vive nuestro país tiene que aplicarse el derecho”, señaló el académico Carlos Daza.
Entonces, la manera de combatir la corrupción en los jueces no es cambiando el derecho, de acuerdo con Daza, sino vigilando la labor de los jueces. Y ya hay una instancia que se encarga de ello.
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¿Quién controla a los jueces?
Según el artículo 94 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está a cargo de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y el Tribunal Electoral (TE).
Para Carlos Daza, el CJF le da seguimiento a la labor de cada uno de los jueces. Este organismo es presidido por el titular de la SCJN que actualmente es Arturo Zaldívar.
“Si ven una irregularidad o una sentencia que no coincide, ellos tienen automáticamente que iniciar un procedimiento administrativo que puede llegar hasta la Fiscalía General de la República (FGR), detalló Daza.
Cuando existe la sospecha de corrupción de un juez, el CJF tiene que hacer un pleno, que es una sesión integrada por todos sus consejeros, para determinar si alguien incurrió en esa responsabilidad, de acuerdo con el doctor en derecho para eso está el CJF, para ver la conducta de esas personas.
Según Daza, no se puede proceder ante los magistrados directamente: “sí los puedes denunciar ante la FGR, pero en algún momento tiene que pasar por el Consejo para que este determine si hubo o no responsabilidad”.
En la investigación de un delito, cualquier persona puede denunciar a un juez ante la FGR, según el experto, y la investigación también le corresponde al CJF para deslindar su responsabilidad administrativa.
“El CJF trabaja sobre la responsabilidad administrativa, pero un juez también puede tener una responsabilidad penal por esos mismos hechos”, dijo Daza.
Y agregó: “Un juez tiene que responder ante el Consejo por su responsabilidad administrativa, por la función que cubre, pero también tiene que responder por su responsabilidad penal ante la Fiscalía”, y ante el Poder Judicial de la Federación.
ABC del Poder Judicial
El artículo 94 de la Constitución establece que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en la SCJN, el Tribunal Electoral –para impugnaciones electorales–, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito.
El artículo 102 dice que las Fiscalía General de República es el Ministerio Público de la Federación y le corresponde “la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal”.
Los Juzgados de Distrito son una primera instancia. Tienen a un juez que atiende los delitos del orden federal, es decir, los “previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales”, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los Tribunales Colegiados son una segunda instancia, presididos por un magistrado, en donde se ven “los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento”, según la misma ley.
La SCJN se compone de 11 ministros que funcionan en pleno o en dos salas.
Puede sesionar en pleno con siete ministros para atender controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y, en algunos casos, revisar sentencias pronunciadas por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito.
Cuando sesiona en dos salas (compuesta cada una de cinco ministros aunque puede sesionar con cuatro), resuelve recursos de apelación y revisiones de amparo de jueces de distrito y tribunales, así como controversias entre tribunales federales y los de los estados.
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¿Quién castiga a un juez?
Si se demuestra la responsabilidad administrativa de un juez en un acto de corrupción, es responsabilidad del CJF inhabilitarlo o suspenderlo, de acuerdo con Carlos Daza.
Pero, si se demuestra además su responsabilidad penal, tiene que responder ante un juez penal, un magistrado penal o un colegiado penal.
De acuerdo con el especialista, los jueces no son intocables. Hay varios casos de jueces que ya recibieron una sentencia del mismo sistema judicial al que pertenecen e incluso tienen órdenes de aprehensión.
Por ejemplo, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue acusado de decisiones judiciales cuestionables y enriquecimiento ilícito.
Desde 2012, fue señalado por el CJF debido a transferencias irregulares en sus cuentas bancarias y en las de sus familiares por al menos ocho años.
Supuestamente, Luna Altamirano ordenó la liberación de uno de los hijos de El Chapo, Iván Archivaldo Guzmán: lo exoneró del delito de lavado de dinero por falta de pruebas.
En 2014, el CJF denunció a Luna Altamirano ante la PGR por estos hechos.
El magistrado fue suspendido en 2017 gracias al procedimiento administrativo del CJF. Se amparó ante la SCJN, pero ésta ratificó su separación del cargo en mayo de 2019.
Debido a la denuncia del CJF, “tiene enfrente varias órdenes de aprehensión de la FGR”, nos comentó Carlos Daza.
Sin embargo, solo la mitad de los jueces corruptos han sido destituidos por el CJF, según un artículo de La Jornada publicado en abril de 2020. Y solo se procesa uno de cada tres casos que el CJF denuncia penalmente, debido a que no se aportan suficientes pruebas.
El panorama
En febrero de este año, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, presentó una propuesta de reforma judicial. Uno de los objetivos de esa propuesta es precisamente combatir la corrupción. En la exposición de motivos explica que no se ha podido desterrar esta conducta del sistema judicial.
“Por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores, o peor aún se pone precio a la justicia”, se lee en el documento.
Esta propuesta se encuentra actualmente en el Senado. Su discusión se podría retomar hasta septiembre de este año.
¿Llegará el día en el que la población mexicana confíe en los jueces y su aplicación de la justicia?
