Desde 2018, el World Justice Project (WJP) creó una herramienta para medir la situación del Estado de Derecho en México. El Índice de Estado de Derecho en México no solo mide el estado de derecho desde la perspectiva de jueces y tribunales, sino que también evalúa 8 elementos necesarios en un estado democrático: restricciones en los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil, y justicia penal.
Los resultados de la edición 2021-2022 del Índice muestran un deterioro en la mayoría de los estados del país. Este año, fueron más los que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances.
Según el reporte, estos cambios se explican por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales y un cierre del espacio cívico. La segunda es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción.
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Resultados estatales
Los puntajes generales cayeron en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. Y por su parte, subieron en Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas.
Esto quiere decir que en la mayoría de los estados van a la baja los contrapesos al poder, la transparencia, el combate a la corrupción y la aplicación de la justicia. También resalta que, igual que en las tres entregas anteriores, ninguno de los estados llegó a la puntuación idónea.
Más poder a los gobernadores
Uno de los indicadores más preocupantes es el deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales. Es decir, las instituciones que se crearon para poner límites a las y los gobernadores de los estados. Según los especialistas se debe tanto a un debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial, como a una menor efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.
Este indicador fue el que más bajó en el reporte. Los estados que empeoraron fueron Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas
Seguridad y justicia
La efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de justicia penal. Este es el indicador con los puntajes más bajos en todos los estados del país y perjudica directamente a los sistemas de justicia que siguen empeorando.
En términos de justicia, los estados los hicieron peor al garantizar los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso, así como en la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal.
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Los avances positivos del índice se dieron en materia de seguridad. A pesar de que el país todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances.
Los puntajes en orden y seguridad subieron en 19 estados (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y la sensación de seguridad de las personas creció en 24 entidades federativas.
Estos cambios hacen aún más evidente la necesidad de políticas públicas que garanticen elementos básicos para garantizar derechos y libertades a los ciudadanos. Los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro, en materia de Estado de Derecho en los distintos estados del país.
