Las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen sueldos que ni el presidente ni sus homólogos jueces en otros países tienen.
Cada uno de los ministros de la SCJN perciben un ingreso bruto total al año –sin descontar impuestos– de más de 5,000,000 de pesos, es decir, un promedio mensual de casi 417,000 pesos mensuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2021.
Los ingresos de las y los ministros representan 2.5 veces más que el salario bruto del presidente y hasta 98 veces el salario mínimo mensual, que reciben más de 12,000,000 de personas en nuestro país, según las cifras del INEGI.
Te va a interesar leer: Esto nos cuestan los asesores de la Corte
Estos ingresos incluyen su salario mensual y prestaciones -como prima vacacional, aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores y hasta un “pago por riesgo”- que se le da a las y los ministros “por la naturaleza y complejidad” de sus funciones.
Con estos ingresos, los ministros mexicanos ganan más que sus homólogos de Chile, Colombia, Argentina, Brasil y España, aunque no más que los de Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña, de acuerdo con la información pública de los gobiernos de otros países consultados por Cuestione.
Bajan sus salarios por austeridad
Los ingresos de los ministros y ministras mexicanos han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones, quien los considera “ofensivos”.
La Ley de Remuneraciones, que impulsó López Obrador en el primer año de su gobierno, establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Las y los ministros de la Corte aceptaron reducir su salario en 25% respecto a lo que ganaban en 2018, en promedio perciben casi 417,000 pesos mensuales. Es decir, ni con esta medida, ganan menos que el presidente.
El artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte no podrá ser disminuida durante su cargo, aunque esto no significa que no puedan hacer autorregulaciones en su presupuesto en favor de eficiencia o economía, como aclararon en un comunicado.
Te va a interesar leer: El amparo, un recurso legal para toda la ciudadanía pero difícil de tramitar
¿Y qué hacen los ministros?
La SCJN es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Tiene la función de proteger y hacer que se cumpla la Constitución mexicana y se encarga de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía.
Los ministros de la SCJN se encargan de resolver los juicios de amparo, controversias constitucionales y defender los derechos de toda la cuidadanía, así como evitar abusos de poder.
El Poder Judicial es un contrapeso importante en el gobierno, pues las decisiones que toman deben ser independientes y autónomas al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente.
Sin embargo, los ministros son elegidos por el presidente y el Senado se encarga de ratificarlos para desempeñar el cargo por un periodo de 15 años.
Te va a interesar leer: Las millonarias pensiones de la SCJN (como la de Olga Sánchez Cordero)
Burocracia de oro
Tres de cada cuatro servidores públicos de la Corte son ajenos a la labor jurisdiccional, y en realidad hacen funciones administrativas, de acuerdo con el informe ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?, elaborado en 2010 por los investigadores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo.
En promedio, la SCJN emplea a 3,000 funcionarios, mientras que, por ejemplo, la Corte en Estados Unidos emplea siete veces menos personal (483 personas), la de España 278 personas, la de Perú 175 personas y la de Chile a apenas 75 personas, de acuerdo con el informe.
La SCJN no es un tribunal que se limita solamente a sus funciones, sino que además administra casas de cultura en todo el país, organiza eventos, publica libros, lo que encarece su operación, advierte el informe.
Ocultan sus propiedades
Otra de las críticas que han recibido los ministros de nuestro país se debe a la opacidad en las declaraciones de sus bienes y propiedades, ya que no son públicas. Alegan que “si no existe el consentimiento de los ministros para su publicidad, es información confidencial”, ya que su divulgación afectaría su vida privada y la de sus familiares.
Sin embargo, todos los demás funcionarios públicos sí están obligados a declarar esta información, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las declaraciones patrimoniales sirven para detectar y evitar la corrupción. Es un ejercicio de fiscalización ciudadana para rendir cuentas, como apunta la organización México Evalúa.
Un caso claro es el de Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo como ministro el 3 de octubre de 2019 al revelarse que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) por presuntamente recibir transferencias “sospechosas” que no correspondían a sus ingresos reportados.
Nadie pone en duda la enorme responsabilidad y tareas que tienen los jueces en nuestro país, sin embargo, para acercarse al principio de transparencia que predican, también deberían empezar por la propia Corte.
