A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado acabar con el famoso outsourcing, o subcontratación de trabajadores, al menos 14 dependencias públicas federales contrataron este tipo de servicios entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Contratos que suman más de 489,000,000 de pesos.
“Vamos a predicar con el ejemplo”, dijo el presidente en noviembre de 2020 y se comprometió a que su gobierno no iba a recurrir a la subcontratación. Y presentó, ese mismo mes, una iniciativa para terminar con este esquema en el que están contratadas entre 2.4 y 4 millones de personas en el país, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Te puede interesar leer: Outsourcing: el gobierno elimina el problema, no lo soluciona
Pero en una revisión al portal de compras públicas del gobierno (Compranet), encontramos 32 contratos firmados por 14 dependencias públicas federales que se firmaron los últimos días de diciembre de 2020 y los primeros 20 días del 2021, para contratar servicios profesionales, de limpieza y seguridad, los cuales se contrataron a través del esquema de subcontratación. Es decir, después del anuncio del presidente.
Ésta no es una práctica nueva dentro de la administración pública. La subcontratación u outsourcing comenzó a ser utilizada en la década de los 60 del siglo pasado, para reducir gastos y simplificación administrativa, nos explica Alfonso Bouzas, abogado laboralista e investigador de la UNAM.
“Es una práctica habitual del gobierno, pues al no tener el suficiente presupuesto para abrir más plazas dentro de su organismo, recurre a la subcontratación de servicios en los que no se especializa”, nos explica Bouzas.
Sin embargo, este esquema se corrompió en la administración pública porque los propios funcionarios públicos comenzaron a crear empresas de outsourcing para recibir ganancias de los contratos, convirtiéndose en una fuente de corrupción y “degradación del trabajo”, nos explica Bouzas.
Te va a interesar leer: Estas son las reformas y leyes que el Congreso dejó en la congeladora hasta 2021
Contratan a empresas outsourcing con mal historial
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), un órgano que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el cuál se encarga de vigilar que los alimentos que entren al país no tengan plagas o produzcan enfermedades, contrató este mes a la empresa Mantenimiento y Servicios MEI, S.A de C.V., para el servicio de limpieza, en sus laboratorios, por 36.9 millones de pesos.
Esto, a pesar de que esa misma empresa fue acusada, en junio de 2020, de despedir injustificadamente a camilleros que trabajaban en el hospital ambulatorio COVID-19 del Centro Citi Banamex.
Otro caso: la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, asignó nueve contratos para servicios de limpieza y seguridad por un monto por 123,000,000 de pesos. El más alto de ellos, por 43,000,000 de pesos, lo firmó con la empresa Ocram Seyer, S.A. de C.V., relacionada con Marco Antonio Reyes, hijo de Manuel Reyes López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, empresa investigada por la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados por sus prácticas monopólicas.
Otro contrato de la FGR fue con la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, la cual fue señalada de haber firmado un contrato con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a pesar de que su vigencia como proveedor gubernamental estaba vencida. Además, lo hizo con sobreprecios en sus servicios de vigilancia, como documentó Aristegui Noticias, en enero de 2020.
También existen empresa versátiles en su catálogo de servicios, como Insumos y Servicios en General LACG, S.A. de C.V., que en 2014 dio mantenimiento de aire acondicionado y ventiladores a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que ahora provee a la FGR con 250 elementos de seguridad para vigilar sus instalaciones en este año. En otras palabras, la Fiscalía contrató una empresa externa para servicios de protección policiaca.
El contrato de outsourcing más grande en servicios de esa modalidad lo firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard, por un monto de 161.4 millones de pesos con la empresa Corporativo Sag de To, S. de R.L. de C.V., para servicios auxiliares en tareas administrativas y personal técnico operativo y otros, de acuerdo con el expediente de Compranet.
El outsourcing es una práctica que llegó para quedarse, nos dijo el abogado Alejandro Bouzas. Si el gobierno quiere regularlo, tendrá que comenzar por casa, con los servicios que contrata la administración pública.
