La paz social y la seguridad: responsabilidades que los gobiernos no deberían olvidar

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Todas las tareas que quedan a cargo de las personas elegidas para administrar una nación, o sea quienes conforman el gobierno, son importantes, pero hay unas responsabilidades prioritarias que si no se cumplen dañan directamente a todos los aspectos de un país: mantener la paz social y garantizar la seguridad de la ciudadanía

Entre las promesas fallidas, está la incapacidad de las y los gobernantes para garantizar la paz a los ciudadanos, un derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Frente a esto, los grupos criminales están tomando la iniciativa, desafiando al gobierno y haciendo una cínica demostración de su fuerza. 

Los escenarios que vimos en días pasados nos muestran un México descompuesto. Hagamos un breve recuento: a finales de junio de 2023 en Celaya, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional cayeron en una trampa al acudir a revisar un automóvil sospechoso que se reportó al 911. El carro tenía una bomba que explotó durante la inspección y dejó a varios de los elementos lesionados.

Los primeros días de julio, un grupo delictivo secuestró durante tres días a 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chiapas, a quienes pusieron a grabar un mensaje para exigir a las autoridades la destitución de tres empleados de la institución a cambio de su liberación.

Apenas la semana pasada en Chilpancingo, Guerrero, alrededor de 3,000 personas bloquearon la Autopista del Sol, secuestraron a cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres agentes del gobierno estatal y uno federal exigiendo la liberación de dos hombres que fueron detenidos en posesión de armas y droga.

Los dos hombres pertenecen al grupo delictivo Los Ardillos, según lo que informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Además se llevaron una tanqueta blindada tipo Mamba Negra propiedad de la misma dependencia y exigieron ser recibidos en el Palacio del Gobierno, cosa que no sucedió. Al final lograron dialogar, retiraron los bloqueos y liberaron a los rehenes.

Es el mismo grupo criminal que dejó cuerpos desmembrados en la calle y amenazas contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, de quien se difundió primero un video donde se reúne con un presunto líder de Los Ardillos y luego, un audio en el que se logra distinguir parte de la conversación entre la alcaldesa y los asistentes a ese desayuno. Tanto la difusión del video como del audio hizo evidente la vinculación de gobernantes con el crimen organizado.

Los papeles se están invirtiendo de manera peligrosa; ahora quienes parece que se esconden son las autoridades y no los criminales. Son los delincuentes quienes acechan, atacan o secuestran a las fuerzas de seguridad según les conviene.

Urgen acciones serias, planeadas y reales desde el gobierno federal que incluya a todos los actores sociales para restablecer la paz en el país, ya que ni la guerra contra el narco de Felipe Calderón ni “los abrazos, no balazos” de López Obrador han funcionado. Las policías estatales son rebasadas por la fuerza que demuestran los criminales sin vergüenza alguna, y ni se diga de las policías municipales que tristemente parecen infantes de preescolar peleando contra boxeadores profesionales.

Hay experiencias internacionales que demuestran que este problema sí se puede resolver. No se trata de aplicar “mano dura” ni reprimir, se trata de algo así de sencillo: aplicar la ley. Los países, incluso varios latinoamericanos, que han optado por hacer valer las legislaciones y sobre todo combatir la impunidad han tenido resultados sorprendentes. ¿Por qué México no ha tomado nota de las buenas prácticas de otras naciones en el combate a la criminalidad en lugar de mantener estrategias fallidas?

Seguir tratando de maquillar la realidad de México, o decirle a los delincuentes que los van a acusar con su abuelita no solo es un sinsentido, sino que es una falta de respeto para todos los muertos que ha provocado la violencia y para sus familias.

Como si no fuera desalentador este panorama, el clima electoral como el que se avecina -o el que ya empezó adelantado a los tiempos oficiales- sólo va a empeorar las condiciones de inseguridad en el país. 

Sin una estrategia inmediata, México quedará desprotegido en este momento político tan importante. A los grupos de poder que acuerdan, financian o negocian con los grupos delincuenciales no les importa el precio social que se paga por golpear al gobierno federal, a Morena o la oposición por intimidar a aspirantes. Todo se vale con tal de cuidar sus propios intereses. 

Y aunque parezca un disco rayado, estas expresiones exacerbadas de violencia del crimen organizado contra el gobierno y la ciudadanía no pueden pasar desapercibidas ni deben dejar de mencionarse. No es una necedad, no es una conspiración, no son los medios fifís tratando de desprestigiar al gobierno. Es un reclamo que debe persistir hasta que se solucione. Si es necesario hablar mil veces de esto, mil veces lo haremos.

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