Por: Rodrigo Arróniz Pérez
Perú ha tenido tres presidentes en menos de una semana, ocasionando una de las crisis político-institucionales más peculiares de la región, situación que de manera concreta, se explica por una cadena de hechos, iniciada en 2018, pero con antecedentes mucho más profundos, en la historia política contemporánea, del país.
Los hechos.
El 9 de noviembre, el Congreso peruano votó por amplia mayoría la vacancia del presidente interino Martín Vizcarra Cornejo, en funciones desde marzo de 2018, y con término a julio del 2021, lo que implicó su deposición inmediata del cargo. Acorde con la Constitución, ante la ausencia de titulares en las dos vicepresidencias (situación del Perú), la tercera línea sucesoria para ocupar la titularidad del Ejecutivo, es quien presida el Congreso.
Manuel Merino era la persona ocupando ese cargo de manera que, en forma automática, fue juramentado como nuevo presidente de la nación, consumando así un insólito proceso parlamentario, con rasgos semejantes a un golpe técnico de Estado.
La destitución de Vizcarra y la llegada de Merino, desataron airadas protestas a lo largo del país, que se fueron incrementando conforme pasaron las horas, apoyadas por múltiples voces influyentes de actores políticos, sociales, empresariales, de los medios de comunicación y del espectáculo.
Las movilizaciones en las calles, provocaron una reacción desproporcionada de la Policía Nacional, lo que pareció confirmar el talante golpista del nuevo régimen, y llevaron a una escalada en las confrontaciones, dejando como saldo, decenas de heridos y causando la muerte de Brian e Inti, dos jóvenes heridos por disparos y perdigones provenientes de las fuerzas del orden.
Merino, quien para entonces se encontraba organizando su gabinete -con figuras igual de polémicas e impopulares como él- vio elevar el descontento social a niveles exponenciales (94% de rechazo a su presidencia) y ya con una amenaza de vacancia proveniente del Congreso, provocó su renuncia precipitada, dejando al Poder Ejecutivo acéfalo, y al país en un profundo vacío institucional.
El parlamento se vio obligado a nombrar a un nuevo presidente del Congreso, que una vez en el cargo, asumiera de manera directa la Presidencia del país. Las negociaciones iniciales condujeron a rechazar posibles ternas, como el de la abogada y feminista Rocío Silva, quien no logró conseguir el consenso necesario, para ser la primera mujer presidenta del Perú.
Finalmente, la balanza se inclinó hacia Francisco Sagasti (miembro del novel Partido Morado, de los pocas agrupaciones políticas que votaron en contra de la vacancia de Vizcarra), quien el 16 de noviembre asumió como titular del Ejecutivo, cargo que ejercerá hasta la transición de poderes, que iniciará con las elecciones generales del 21 de abril de 2021, y concluirá con la juramentación del nuevo presidente, en julio del mismo año.
Los antecedentes.
Desenmarañar la trama que llevó a la vacancia de Martín Vizcarra es, ciertamente confuso, ya que Perú es un país con mecanismos de control y contrapesos entre poderes que, si bien en la teoría parecen novedosos, en la realidad han llevado a recurrentes crisis políticas, y parálisis institucionales.
Para las elecciones generales de 2016, Pedro Pablo Kuczynski invitó a Vizcarra a ser parte de su fórmula presidencial como candidato a Primer Vicepresidente. Tras obtener la victoria, asumió esa posición, paralelo a la de embajador ante Canadá, pero en 2018 tuvo que regresar al país, tras la renuncia de Kuczynski por acusaciones de corrupción, relacionadas con el caso Odebrecht, así como por la difusión de unos videos donde operadores de su gobierno aparecían sobornando a diferentes actores políticos.
Es así que Vizcarra asume la presidencia interina del país, no sin cargar sospechas de haber negociado con partidos opositores la ruta legal para su nombramiento (sospechas que se fortalecieron al nombrar a Cesar Villanueva como primer ministro, siendo éste, uno de los principales promotores de la destitución de Kuczynski).
Ya en el cargo, Vizcarra se confrontó con el Congreso (entonces controlado por el fujimorismo), quienes en reiteradas ocasiones le negaron la “cuestión de confianza”, figura con la que el parlamento, aprueba o censura decisiones del ejecutivo, situación que lo orilló, en 2019, a disolver el parlamento y convocar a elecciones extraordinarias, y de donde surgieron las y los parlamentarios que votaron su vacancia.
El asunto que llevó a esta disolución, fue la imposición del Congreso en nombrar a seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El nuevo Congreso entró en funciones, apenas en marzo de 2020.
En septiembre pasado, se intentó una primera acción de vacancia en su contra, por un pretendido caso de contratación irregular a un artista afín a su administración, desde el Ministerio de Cultura.
Esta primera moción no avanzó, pero quedó claro que había una consigna desde el legislativo para destituir al presidente, a como diera lugar, que incluyó acercamientos de congresistas, como el propio Merino, con las Fuerzas Armadas, en esos días.
El segundo proceso de vacancia al que fue sometido Vizcarra, emanó de investigaciones en proceso, sobre posibles actos de corrupción, durante su gestión como Presidente Regional del Departamento de Moqueda (equivalente a gobernador en México), imputaciones de las que aún no hay culpabilidad probada, pero que permitieron estirar la figura de “permanente incapacidad moral o física” (contemplada en el Artículo 113° de la Constitución) para avanzar en su vacancia.
Una altísima fragmentación del congreso, aunado a sombríos intereses políticos, y con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, conjuraron para que se lograran los votos necesarios para llevar adelante su destitución, y con ello detonar la crisis ya conocida.
Vale la pena recordar que de los últimos seis presidentes del Perú, Fujimori, Toledo y Humala se encuentran encarcelados o en libertad provisional, Kuczynski con arresto domiciliario, y Vizcarra con procesos abiertos, mientras que Alan García cometió suicidio, el día que sería apresado.
En los seis casos, las acusaciones han sido por corrupción, aunque solo Fujimori tiene sentencia condenatoria definitiva.
Lo anterior exhibe algunas de las fragilidades del Estado peruano que, al llevar al extremo mecanismos de control y contrapesos entre poderes, más bien se ha traducido en continuas parálisis de sus instituciones, creado incentivos para arraigar prácticas de “canibalismo político”, dejando como resultado colateral, una población desencantada y una democracia muy endeble.
Sin duda, la corrupción –especialmente la de las elites- es otro factor a tomar en cuenta, cuando se analizan este tipo de crisis institucionales. En Perú, hay una percepción generalizada de que, gran mayoría de la clase política está involucrada, en alguna medida, en sobornos, tráfico de influencias, arreglo de contrataciones públicas, nepotismo, etc. Esto, ha propiciado “contrapesos perversos” que favorecen las vendettas políticas, y de nuevo, crea incentivos para inhibir la participación de personas altamente valiosas, en la vida pública.
Es importante mencionar que, para 2019, más del 60% de las y los peruanos, señalaban a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la violencia o la economía, mientras que la institución percibida como la más corrupta, era el Congreso (76%), seguida por el Poder Judicial.
La tolerancia a la corrupción en el país es alta, lo que también ayuda a explicar el contexto en donde todo esto ha ocurrido, y que es parte endémica de la sociedad peruana, pero sobre todo, de su ecosistema político-partidista.
Los escenarios.
Francisco Sagasti ha realizado nombramientos ministeriales, que parece mandar las señales adecuadas: personas con trayectorias sólidas, que contribuirán desde sus respectivas carteras a conducir a una transición ordenada, y con un país pacificado.
Sin embargo, los vicios sistémicos están ahí presentes. La fragmentación del voto es un problema latente para generar mayorías que faciliten la gestión gubernamental, en tanto los contrapesos lejos de limitar y neutralizar excesos de poder, están generando parálisis y crisis políticas cíclicas.
Con relación a las próximas elecciones, ya se comienzan a esbozar algunos nombres que buscarán competir por la presidencia, como el de la joven política Verónika Mendoza, el ex futbolista George Forzyth, o Julio Guzman y Carolina Lizárraga del partido Morado. Incluso el ex presidente Ollanta Humala ha deslizado la posibilidad de participar en el proceso.
Si algo se puede aseverar de los procesos políticos peruanos, es que nunca hay nada seguro en las predicciones, por lo que es muy complejo adelantar vísperas, de lo que ocurrirá, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
Finalmente, la crisis en Perú ha llevado a un clamor extendido, para convocar a un proceso constituyente, y revisar de fondo la vigente, que data de 1993. Esto no ocurrirá en el corto plazo, pero bien vale la pena mantener la mirada puesta en las nuevas demandas sociales, a quienes las transiciones a la democracia y los ajustes estructurales de hace 30 años, les dicen poco o nada.
Cada vez es más recurrente el surgimiento y auge de agendas políticas en el límite de los espectros ideológicos, que obligan a reflexionar cuáles son los paradigmas que moldearán los sistemas y regímenes políticos que prevalecerán en los siguientes 50 años.
