Acarreo o aventones para llevar a las personas a votar, promoción de la consulta por parte de diversas personas servidoras públicas e integrantes de partidos políticos, son algunas de las irregularidades que vimos el domingo 10 de abril, durante la jornada por la Revocación de Mandato en México.
“Esas conductas están prohibidas por la ley. Varias de ellas constituyen delitos electorales. Algunas de esas violaciones a las normas se hicieron de manera notoriamente pública. La autoridad no debería tener ninguna dificultad con identificarlas”, consideró Karolina Monika Gilas, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Una de estas irregularidades la cometió Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien a través de sus redes sociales difundió videos fotografías en las que mostró que transportó a personas a las casillas para que participaran en la consulta en la Ciudad de México. La camioneta que manejó el dirigente morenista tenía la siguiente leyenda: “Vota libre ¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!”.
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Sin embargo, esta no fue la primera ni la única irregularidad o violación a las leyes durante la jornada electoral. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde la cuenta oficial en Twitter, llamó a votar en la consulta de revocación de mandato.
De manera urgente ese mismo domingo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) revisó el hecho y ordenó a la SHCP quitar ese mensaje de la cuenta de Twitter. Además, la institución electoral pidió a otras instituciones, funcionarios y funcionarias a abstenerse de promover la revocación.
Previo a la jornada electoral, hubo diversas ilegalidades cometidas por altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una semana antes de la consulta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández promovió la revocación de mandato, junto con el comandante en jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Esto, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que las y los funcionarios públicos no pueden promover la Revocación de Mandato, como lo reportamos aquí.
Además de la SCHP, diversos funcionarios y funcionarias también promovieron la consulta: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; el gobernador de Zacatecas, David Monreal, entre otras y otros.
Karolina Gilas nos precisó que instituciones y personas funcionarias “no pueden involucrarse. No pueden hacer llamados al voto ciudadano ni en contra, ni en ningún sentido. Tampoco pueden condicionar proporcionar servicios públicos, beneficios de diverso tipo a condición de haber participado o votado de alguna manera. No pueden realizar el acarreo del voto. Todos esos elementos están estrictamente prohibidos por la ley”.
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Denuncias por violar las reglas electorales
Los representantes del PRD, Ángel Ávila, y del PAN, Víctor Hugo Sandón, presentaron una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral contra el dirigente morenista por el acarreo que hizo durante la consulta de revocación de mandato.
Además el PRD solicitó la anulación de la consulta de revocación del mandato por considerar que hubo una alta intervención de funcionarios públicos y que se utilizaron recursos de procedencia ilícita.
“Intervención grosera de los funcionarios públicos empezando por el presidente de la República, la jefa de Gobierno, gobernadores y gobernadoras, presidentes municipales, diputados federales, locales todos emanados de Morena que violaron la Constitución, la Ley y las resoluciones que violenta el principio de neutralidad establecido en el Artículo 134 Constitucional y el principio de Equidad en la contienda”, denunció el partido.
Por lo que, el 13 de abril pasado, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y el representante perredista ante el INE, presentaron una impugnación ante la Secretaría Ejecutiva del INE, que deberá ser enviada al Tribunal Electoral.
Este jueves 14 de abril, Ángel Ávila hizo otra denuncia para que las instancias electorales revisen la votación en distintas casillas, ya que según dijo se recibieron más votos que los que tenía la lista nominal, “en las casillas se despacharon con la cuchara grande en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco”, dijo.
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Desafíos para la autoridad electoral
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), parte de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el mismo 10 de abril que recibió 17 denuncias relacionadas con la revocación, 5 de ellas fueron del mismo domingo y las demás previas a la jornada electoral, “las cuales son examinadas por personal ministerial”.
El lunes 11 de abril, durante la conferencia matutina, el primer mandatario informó que un camión que transportaba a personas en Chiapas para ir votar en la revocación se volcó y murieron tres personas.
Según testimonios de habitantes del poblado de Nueva Victoria en esa entidad, la mayoría de las personas acudió por temor de ser excluidas de los programas sociales del gobierno federal, aunque algunas personas fueron a votar por convicción.
“No es que ellos quisieran ir, sino que vino ese señor y vino a amenazar con quitarles el Sembrando Vida y el Amanecer; ahí iba mi esposa con mi hija. Ella murió y mi hija está grave en el hospital”, dijo Juan Carlos Jiménez Velázquez, viudo de Petrona Vázquez González, una de las dos mujeres que murieron.
Las autoridades electorales, el INE, el TEPJF y la FEPADE, tendrán que responder ante las denuncias que se presenten por las irregularidades cometidas durante la revocación de mandato, indicó la doctora en Ciencias Políticas Karolina Gilas.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales estipula cuáles son los delitos electorales sancionados en los procesos y en las jornadas electorales. En casos de consulta popular las sanciones se establecen en el siguiente artículo:
Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:
I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular.
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.
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El proceso con más violaciones a reglas electorales
El consejero del INE, Ciro Murayama, señaló en un artículo que “estamos ante el proceso político electoral con la mayor cantidad de violaciones a las reglas del juego democrático que hayamos visto en décadas”.
El consejero enlistó una serie de ilegalidades: hubo incumplimiento del Congreso para aprobar la ley de revocación de mandato en tiempo, asfixia presupuestal hacia la autoridad, pretensión de la Secretaría de Hacienda de ajustar y modificar el presupuesto del INE, amenaza de cárcel al árbitro electoral.
Además de la opacidad en el uso de recursos en campañas propagandísticas, indebida intromisión partidista y que “el presidente, el gabinete, distintos gobernadores y legisladores atentaron contra el deber de neutralidad electoral que les impone la Constitución desde que inició la revocación y hasta el final”, puntualizó Murayama.
Mal precedente hacia 2024
El proceso de la revocación estuvo lleno de problemáticas, desde el diseño del mecanismo, los intentos de modificar reglas del juego ya sobre la marcha, lo que es cuestionable en un régimen democrático y que nuestra reglas prohíben tajantemente, nos dijo la doctora Karolina Gilas.
Ante este contexto, para la experta en temas electorales, se tendría que reconsiderar si la revocación “es realmente una herramienta útil con oportunidades de profundizar nuestra democracia y mirarla con mucho escepticismo”.
El hecho de que el gobierno no le diera al INE los recursos necesarios obligó al Instituto a buscar la salida de disminuir el número de casillas, pero esto es “un mal precedente de cara al 2024, la idea de que podemos celebrar comicios con un menor número de casillas”, esto, indicó, es responsabilidad de quienes “no asignan presupuestos necesarios para que esos derechos sean plenamente ejercidos”.
Consideró que la baja participación demuestra que en el fondo la ciudadanía se da cuenta que ese ejercicio no iba a cambiar nada, pues todos los escenarios favorecen al partido en el gobierno. Si hubiese participado el 40% de integrantes de la lista nominal y la mayoría hubiese votado en contra del presidente, tampoco modificaría el ambiente político, porque el mismo partido se queda en el gobierno.
Finalmente, Karolina Gilas dijo que “la revocación de mandato no es la manera más afortunada de fortalecer la democracia en un sistema de régimen presidencial”.
