Ahora que estamos en tiempos de precampañas es muy común oír hablar del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero hace más de 30 años no era así…
En México, la creación de las actuales instituciones electorales costó incluso la vida de ciudadanos anónimos que anhelaban una verdadera democracia en nuestro país. El régimen de partido único con el PRI “ganando” elecciones sexenio tras sexenio (o la “dictadura perfecta”, como la llamó el escritor peruano Mario Vargas Llosa) se volvía insostenible para una sociedad cada vez más crítica y consciente de sus derechos.
Tras lo que fue calificado como uno de los fraudes electorales más escandalosos en la historia de México (el de 1988), el sistema político priista surgido luego del triunfo de la Revolución (1910-1917) no tuvo más opción que modernizarse y ceder espacios democráticos para mantenerse en el poder.
¿Cómo surgieron el IFE y el INE?
Hasta las controversiales elecciones de 1988, en las que se dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, la instancia que controlaba y daba validez a las votaciones era la Secretaría de Gobernación (como te contamos en esta nota).
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Pero en 1990 se creó por ley al Instituto Federal Electoral (IFE) -precursor del actual INE– como un órgano imparcial que diera “certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales”. El IFE fue resultado de reformas constitucionales en materia electoral. El Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenó la creación del instituto.
En 1993, tras otra reforma electoral, se le otorgaron al IFE las siguientes atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos; y establecer topes a los gastos de campaña.
Después, con las reformas electorales de 1994 y 1996 se instituyó a los consejeros ciudadanos, y se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración.
Y ya en este siglo XXI, en 2014, una nueva reforma constitucional en materia político-electoral rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó al IFE en una autoridad de carácter nacional: el INE, a fin de “homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral”.
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Entre las funciones principales del INE están organizar la elección de los dirigentes de los partidos a petición de estas organizaciones; garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y TV; organizar consultas populares; y fiscalizar los recursos de los partidos políticos en el transcurso de las campañas.
El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados; uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. La actual consejera presidenta es Guadalupe Taddei Zavala.
A nivel nacional, el INE trabaja con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que en cada entidad federativa se encargan de organizar las elecciones para las gubernaturas, congresos estatales, presidencias municipales e integrantes de ayuntamientos, entre otros procesos.
La labor conjunta entre el INE y los OPLE es para homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales locales, y así “garantizar altos niveles de calidad en la organización de las elecciones”.
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¿Y el Tribunal Electoral para qué sirve?
Como aquí te contamos, ya desde 1986 se dibujaba la idea de un órgano autónomo de carácter administrativo que sentara las bases de la justicia electoral: el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), que se instaló en 1987 de manera temporal para supuestamente resolver las controversias que surgieran en las elecciones federales de 1988. En los hechos, ese tribunal no hizo mucho que digamos ante el fraude denunciado ese año.
Con la creación del INE en 1990 también se instituyó al Tribunal Federal Electoral (Trife) en sustitución del Tricoel. A partir de la reforma de 1993, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encargaron de garantizar la debida integración del Trife, que se convirtió en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
En agosto de 1996, el Trife se incorporó al Poder Judicial de la Federación y se convirtió en el TEPJF, por lo que pasó a ser un órgano especializado y la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral federal, con la facultad de juzgar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones de manera incuestionable (es decir, es el que al final califica o da su visto bueno a todo el proceso).
De acuerdo con su página web, el TEPJF se encarga de resolver las controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete magistraturas; cinco salas regionales y una sala especializada. La actual presidenta de la Sala Superior es Mónica Aralí Soto Fregoso.
Así, estas son las autoridades que -de acuerdo con la legislación vigente- se encargan de vigilar y garantizar que los procesos electorales estatales y federales se realicen con equidad, justicia y con pleno respeto a los derechos de las y los candidatos, así como del electorado. ¿Cumplirán a cabalidad con sus funciones en el actual proceso electoral? Esperamos que sí.
