El gobierno de Perú declaró estado de emergencia nacional por 30 días y por 60 en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes para contener las violentas protestas que se dan después de que el Congreso destituyera al ex presidente Pedro Castillo acusado de rebelión luego de que intentó disolver la cámara legislativa e instaurar un “gobierno de excepción”, como te contamos en esta nota.
El nuevo ministro de Defensa peruano, Alberto Otárola, informó que esta medida implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de libertad de tránsito, de libertad y seguridad personales y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
La actual presidenta Dina Boluarte ha demostrado disposición para encaminar al país hacia nuevas elecciones -primero propuso que fueran en abril de 2024 y luego en diciembre de 2023– lo cual nos habla de un poco de estabilidad, nos dijo la directora de la organización mexicana sobre asuntos internacionales Global Thought Mx, Daira Arana.
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“Lo que también estamos viendo son protestas de apoyo al ex presidente Castillo. Dina Boluarte no es tan conocida en Perú, no tenía la fortaleza que podrían tener otras figuras políticas para generar un buen gabinete y poder gobernar en las condiciones actuales. Es una situación bastante complicada la que se tiene sobre la mesa”, nos dijo Arana.
Daira Arana nos explicó que Perú tiene un contexto político complicado porque su Constitución “parece estar diseñada para evitar el gobierno propiamente”.
“El hecho de que el Congreso de Perú tenga la facultad de destituir al titular del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo tenga la facultad de disolver el Congreso si este no cumple con ciertas cuestiones, dificulta la permanencia de estas figuras, la posibilidad de gobernabilidad y esto también dificulta una transición democrática”, nos dijo la especialista.
La directora de Global Thought Mx consideró que para tener una verdadera transición democrática en el país andino es necesaria una reforma constitucional que permita delimitar mejor los aspectos en los cuáles los poderes pueden disolver a otro.
“Fue lo que pasó con Castillo, él tenía la facultad de disolver el Congreso porque no lo estaba dejando gobernar, fue la última instancia que tenía. No había posibilidad de negociación ante estas circunstancias, pero al mismo tiempo este exceso del ‘estado de excepción’ le abonó un poco a esta coyuntura”, resaltó Arana.
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Y es que Castillo no tenía un panorama favorable desde el principio, ya que en Perú -como en México y toda Sudamérica- hay un fuerte clasismo en torno a las figuras políticas que desde la izquierda puedan representar el comunismo y el socialismo, que fue lo que sucedió cuando ganó la presidencia, detalló la entrevistada.
“La figura de Castillo, como maestro rural, indígena, no fue muy bien recibida (…) muchos dicen que era marxista-leninista. Dentro de los círculos políticos y sociales del Perú se ve como un tema de peligro hacia hacia socialismo, pero también con un poco de clasismo, ¿cómo un profesor rural, que se viste de cierta forma, habla de cierta manera, que se ve de cierta manera va a gobernar una de las economías más importantes de América Latina?, acusó Daira Arana.
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Pedro Castillo no tenía la lealtad de las Fuerzas Armadas en el sentido magnificado de lo que significaría esto: apoyar toda decisión del Poder Ejecutivo, sea a favor o en contra de la población. Es decir, cumpliendo sus órdenes, nos dijo Daira Arana.
Y es interesante porque tanto la Policía Nacional de Perú, como las Fuerzas Armadas decidieron deslindarse del “estado de excepción”, no respetar la facultad del Presidente para disolver el Congreso, pero sí la facultad del Congreso de destituir a Castillo, recalcó la especialista.
Arana destacó que estas medidas son -de alguna forma- un compromiso de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas del Perú hacia el respeto democrático y constitucional de los poderes políticos, sin embargo la entrevistada se cuestiona si esto mismo hubiera sucedido con un presidente de derecha.
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“Porque dentro de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública en el Perú y en otros países, también hay resistencia a todo lo que tiene que ver con la izquierda, que es relacionado automáticamente con comunismo, socialismo, con Venezuela, Cuba o Rusia”, apuntó.
La situación en Perú es bastante compleja, sobre todo en términos de gobernabilidad y contención de las protestas sociales que hasta ahora han dejado siete muertes y que se pueden magnificar si la fuerza pública no actúa de manera adecuada, consideró Daira Arana.
La entrevistada resaltó que estas circunstancias se pueden hacer aún más complejas si no se modifican los términos constitucionales que impiden la gobernabilidad en el mediano y largo plazo y si “los propios actores políticos no se dejan de filias y fobias respecto a las ideologías con las que se puede gobernar y se concentran en las dimensiones sociales y económicas que necesita el país”.
Finalmente, la especialista acusó que la economía y la estabilidad de Perú -como las de muchos países- están en un momento de recuperación después de haber sido fuertemente golpeadas por fenómenos como la pandemia por la COVID-19 en los últimos años, por lo que lo último que necesita es generar un ambiente donde siga reinando la incertidumbre.
