Casi la mitad de las instituciones estatales no cumplieron con las leyes de transparencia durante 2021

Compartir:

Aunque están obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 48% de las instituciones que ejercieron recursos públicos de los 32 estados del país omitieron publicar información sobre sus procesos de compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2021. 

La Plataforma Nacional de Transparencia es el sistema que concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, esto incluye los contratos de obras, bienes y servicios de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Su información demuestra que un total de 2,423 instituciones no registraron la información completa en la plataforma, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Te sugerimos: INAI: ¿para qué sirve y cómo se usa?

Solo 52% de las instituciones de los 32 estados registraron información de compras públicas en la PNT. En 2021, el monto total de las compras públicas de todos los estados del país fue de $346,000 millones de pesos, que representó el 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, puntualiza el IMCO.

Para elaborar este primer diagnóstico nacional, la asociación hizo un análisis de un total de 251,148 procesos de compra, realizados durante 2021 por las instituciones de los 32 estados de la República, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, para detectar prácticas de riesgo de corrupción.

Tras revisar esta información la asociación encontró que la Plataforma demuestra ineficiencias en el registro de las compras públicas de todos los estados del país, lo que limita el acceso a la información, porque posee miles de vínculos rotos, tiene errores de registro, la información está fragmentada o no está homologada.

Fernanda Avendaño, coordinadora del área Anticorrupción en el IMCO, señaló que este registro parcial que hacen las instituciones estatales representa una falta al acceso a la información pública, aumenta la opacidad, dificulta el monitoreo de los recursos públicos.

Todo lo anterior implica un riesgo de que haya corrupción, porque se vuelve prácticamente imposible el monitoreo de los recursos públicos que ejercen las instituciones estatales, señaló.

También puedes leer: Transparencia en tiempos de redes sociales: mucha información, pero a modo

Estados con menor y mayor registro de sus compras

El diagnóstico también arrojó que en el Estado de México únicamente 4% de los sujetos obligados por la ley registraron o subieron información de sus compras públicas a la Plataforma Nacional de Transparencia. En Nayarit y Tamaulipas solo el 30% de las instituciones cumplieron con esta obligación.

En contraste, Guanajuato es el estado donde el 100% de sus instituciones registraron las compras públicas de 2021 en la PNT. Le siguen Hidalgo donde 90% de las instituciones que hicieron compras públicas subieron la información a la plataforma y Puebla con el 88%.

Otro de los hallazgos es que seis de cada diez adjudicaciones directas estatales publicadas en la Plataforma no cuentan con un acceso directo al contrato. Y los tres estados con el menor porcentaje de enlaces o ligas accesibles al contrato son Coahuila con 4%, Sonora con 6% y Tamaulipas con 6%. 

El IMCO puntualiza que un registro de compras completo, confiable y de calidad es el elemento primordial para identificar prácticas de riesgo de corrupción y asegurar que la publicidad de la información sobre los recursos tenga un verdadero valor público, tanto para las instituciones como para la ciudadanía.

En este primer diagnóstico, el IMCO indica que la PNT no garantiza un acceso directo y completo a las compras públicas estatales, porque la información está fragmentada, es decir que la información está segmentada en más de 40,000 bases de datos, lo que dificulta el análisis de riesgos de corrupción.

Además de que los estados utilizaron 1,849 formas distintas de captura. También existen múltiples errores en el registro, algunos procesos están repetidos, la información se registra en celdas equivocadas y se utilizan caracteres erróneos para capturar nombres de los proveedores y su RFC. 

También se encontraron con documentación inaccesible, pues los enlaces electrónicos a los documentos que no son funcionales, ya que redirigen a páginas generales de gobierno o contienen información que no corresponde a los contratos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los argumentos que da el Presidente para descalificar al INAI?

Índice de Riesgos de Corrupción de estados

Además del primer diagnóstico, el año pasado, el IMCO desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que es una herramienta que analiza la información sobre las compras públicas de 260 instituciones federales hechas durante 2018 a 2021. Sus resultados sobre prácticas de riesgo de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, se presentaron en junio pasado.

En agosto de 2022, al Índice de Riesgos de Corrupción le sumaron los resultados de la sistematización detallada de las compras públicas estatales de 2021 registradas en la PNT, específicamente de Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora. Y el pasado 14 de noviembre agregaron la información de seis estados más: la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa y Oaxaca.

Así para el Índice de Riesgos de Corrupción de las compras estatales de estos once estados, el IMCO analizó la documentación, registrada en la PNT, de 149,069 contratos de compras en total, solo del año 2021.

De este total, 63% de los contratos por adjudicación directa no cuentan con un contrato accesible. El 58% de las compras por invitación restringida no tienen todos los documentos accesibles. Y el 63% de las compras hechas por licitación pública tampoco cuentan con todos los documentos accesibles. 

Particularmente en Veracruz, durante 2021, el 77% de sus instituciones cumplieron con la obligación de transparentar las compras públicas. Esto lo convierte en el quinto estado con el mayor porcentaje de instituciones que publicaron compras en la PNT, luego de Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Chihuahua (77%). 

Así, Veracruz registró un total de 19,212 contratos de compras, por un monto de $17,667 millones de pesos. De los cuales, según las cifras del IRC, 78% de las compras por adjudicación directa no tienen un contrato accesible. Y el 69% de las compras por licitación pública tampoco tienen documentación completa accesible.

En el caso de Tlaxcala solo 26 de sus instituciones (41% de los sujetos obligados) subieron información a la PNT, con un total de 4,018 contratos y un monto por $2,357 millones de pesos ejercidos el año pasado.

En Tlaxcala, el 47% de las compras por adjudicación directa están “sin contrato accesible”. De igual forma, el 80% de las compras por licitación pública se encuentran “sin documentos accesibles”, de acuerdo con la plataforma del IMCO

Por su parte, en Oaxaca solo 52 instituciones públicas (55% de los sujetos obligados) registraron un total de 2,034 contratos durante 2021, por un monto total de $10,037 millones de pesos, según el IRC consultado el 2 de diciembre pasado. El 56% de las compras hechas por adjudicación directa no tienen un contrato accesible en la PNT. Y 78% de las compras hechas por medio de licitación pública tampoco registraron documentos accesibles.

En la Ciudad de México, 65 instituciones subieron información a la PNT, lo que representa 76% de los sujetos estatales obligados. Estas instituciones registraron durante 2021 un total de 9,721 contratos, por un monto total de $47,502 millones de pesos.

Según el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, la Ciudad de México es el estado con mayor transparencia. El 99% de  las compras por adjudicación directa tienen contratos accesibles en la PNT. Mientras que 10% de las compras por licitación pública no cuentan con la documentación completa accesible.

Los errores en el registro de las compras públicas estatales dificulta el derecho que tiene la sociedad de monitorear los recursos públicos, detalló Fernanda Avendaño. 

Pero también, nos dijo, dificulta la tarea a los propios estados, porque no cuentan con el conjunto de información con el que puedan monitorear en qué gastaron, a quién adjudicaron ciertas compras, bienes o servicios; que es información necesaria para poder mitigar los riesgos de corrupción.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.