Cuatro años después del sismo del 19S: sin regresar a casa ni acceder a la justicia

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María Maldonado nos recibe en su casa parcialmente demolida. Ella vive en la colonia Del Mar, una de las más afectadas en la alcaldía Tláhuac tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Hoy se cumplen cuatro años del sismo que cambió la vida de miles de familias en esta y otros lugares de la Ciudad de México. Es “la zona más olvidada”,  dice María, porque a sus 63 años tuvo que aprender a organizarse junto a cientos de habitantes de esta alcaldía para “lograr ser escuchada”.

Sentada junto a su hija y a su nieto, María nos platica su experiencia de cuatro años sin hogar, y sin visos de tenerlo pronto, pues aún no ha regresado a la que fuera su casa

La vivienda que tardó más de 30 años en construir está catalogada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones como de “alto riesgo, para rehabilitación mediante proyecto estructural”, nos muestra. 

“Ha sido una lucha de todos los días. Aunque después del sismo vimos la casa dañada, nuestras paredes rotas y las calles hundidas. Casi un año después supimos la situación del suelo dentro de la casa. Cuando demolieron la casa de mi vecina -que vive  atrás- vimos que el socavón que tiró su casa también estaba debajo de mi sala”, nos narra. 

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Desatención y retrasos en 4 años

A partir de ese momento, en octubre de 2018, María y su familia comenzaron a buscar apoyo ante la indiferencia de las autoridades. 

“Venían unos y otros, ninguna autoridad hizo nada. Sabíamos que mis vecinas iban a la alcaldía Tláhuac y nada. Cuando vinieron las autoridades nada más nos dijeron que por nuestra seguridad no podíamos seguir viviendo en ese lado de la casa. Después, supimos de más vecinos organizados y nos sumamos a Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX) ”, nos dijo.

María nos relata que tras “mucha organización, marchas y mesas de trabajo con las autoridades (con la Comisión para la Reconstrucción y con la Jefa de Gobierno, Claudia Shueinbaum) logramos tener rehabilitación y reconstrucción para Tláhuac”.

Dos años después del sismo demolieron la parte dañada de su vivienda. Hasta finales de 2020, y en medio de la segunda ola de la pandemia por la COVID-19 en México, por fin, llegó el turno de María y su familia para comenzar la rehabilitación, por tanto tuvieron que dejar la casa y comenzar a rentar. 

María nos narra que en enero de este año, la empresa Segivan inició los trabajos de rehabilitación, pero cinco meses más tarde no llevaba ni el 20% de avances en su predio ni en otros tantos de la colonia, por lo que la organización de damnificados exigió a la Comisión para la Reconstrucción sancionar o penalizar el incumplimiento por el retraso en la entrega de obras. 

La empresa renunció y desde esa fecha los trabajos están detenidos en casa de María. Y tampoco hay sanciones para Segivan. Aunque ya tiene nueva fecha para reiniciar su obra, en manos de la empresa Job, este lunes 20 de septiembre.

Ella y su familia ya están “muy cansados, nos sentimos mal, sólo queremos regresar a nuestra casa”. Hace 44 años, cuando María y su esposo llegaron a vivir a la Colonia del Mar para comprar un terreno y así tener un patrimonio, no se imaginaban que tendrían que luchar tanto para exigirle al gobierno una casa digna y certeza del suelo donde viven. 

“Si vuelve a temblar y sume más las calles no sabemos quién va a resolver. En las hojas que nos dieron (dictamen geo-estructural) dice que si hay más daños avisemos a la Alcaldía. Pero en la Alcaldía nos dijeron que no saben qué hacer y que no tienen dinero para atender las grietas que ya hay”. 

“No existen protocolos para atender los daños en el suelo, en casas y vialidades. Tampoco hay un programa de atención a zonas con grietas. Exigimos recursos suficientes para reparar todos los daños. Denunciamos la discriminación y abandono que vivimos en la periferia”, nos explicó Karina Solís, integrante de DUCDMX en Tláhuac

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Reubicación sin certeza 

Los daños por el agrietamiento en el subsuelo afectaron, tan sólo alrededor de la casa de María, a 7 casas más. 

Pero el daño se extiende a más colonias y alcaldías, como en Iztapalapa, donde hicimos un breve recorrido junto a Narciso Quintero, que vive en la  colonia La Planta, una de las más afectadas por grietas en el subsuelo de esa demarcación, junto a Cananea, El Parque, El Molino y que afecta a un número impreciso de personas y familias.

Al caminar por las calles y andadores de estas colonias, los daños por las grietas son evidentes. La zona fue declarada, por autoridades del Gobierno de la Ciudad, de alto riesgo, por tanto, les dijeron que “el suelo ya no era habitacional”, señala Narciso. 

Una gran parte de casas dañadas siguen siendo habitadas, explica Narciso  porque “no sabemos dónde, cómo, si todos seremos reubicados y si nos vamos quién resguardará nuestras casas”.

Además, agrega, la Comisión para la Reconstrucción “no quiere reconocer el número de familias que viven en cada casa. Nos ha dicho que se dará un departamento por casa. No sabemos si cabremos en el predio de Arboledas”.

En agosto del año pasado, César Cravioto, ex-comisionado para la Reconstrucción, informó que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México compró un terreno de 10 mil metros cuadrados por un total de 58 millones de pesos para la reubicación de 316 familias que quedaron afectadas por el sismo de 2017. Se trata de un terreno conocido como “Arboledas”, ubicado en la colonia Ampliación Los Olivos, en Tláhuac.

Para Narciso, quien también es integrante de DUCDMX,  “a 4 años del sismo todo sigue igual: casas, calles, drenajes, banquetas, socavones. Desde el inicio sólo han maquillado algunas calles, porque no nos han explicado si las han reparado como se debe”.

Según datos proporcionados por autoridades delegacionales a Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) presentados a vecinas y vecinos de estas colonias, en semanas pasadas, tan sólo en Iztapalapa hay 20 mil viviendas dañadas sin servicio de drenaje óptimo. Aunque el archivo, del que Cuestione tiene copia, precisa que son datos preliminares. 

Sobre la situación de las grietas, Narciso sabe que el gobierno ha hecho estudios y que la misma grieta que pasa por su casa afecta a aproximadamente 35 predios más. En cada uno de estos predios viven hasta tres familias, con lo que perjudica a más de 90 familias, tan sólo en tres andadores de la colonia La Planta, nos explicó.

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Vivir con temor 

María Luisa Valdez, quien también vive en esta colonia, afirma que en estos largos años ha vivido “con el temor de que posiblemente nos llegue de nuevo la desgracia. El martes pasado -7 de septiembre de 2021- volvió a temblar y tuve mucho miedo. Exigimos al gobierno que ya nos resuelva. Debieron haber priorizado también a las personas que necesitan reubicación”.

Al recorrido se sumó José Antero Hernández, quien vive en la colonia contigua, Unidad Habitacional Cananea y su casa está catalogada con alto riesgo de colapso. Él se define como un luchador social desde 1985, fecha en la que junto con sus vecinos y vecinas se organizaron y comenzaron a construir sus viviendas.

Con la convicción de que su voz y denuncias serán atendidas nos dice “estamos esperando que haya solución. Yo no quiero un departamento. Sólo quiero de regreso lo que tengo: un terreno, lo que tengo construido, que he logrado con $65 de salario mínimo, durante muchos años”. 

Además, José Antero aprovecha para enviar un mensaje a la Jefa de Gobierno: “No queremos estar recibiendo humillaciones o estar peleando con la gente de la Comisión para la Reconstrucción que nos dice: ‘si quieren hay departamentos y si no, nada’. Tengo fe en que se resuelva el problema”. 

Finalmente, nos explica que su familia dejó la casa hace dos años, pero para cuidarla él aún vive en ella porque “no es fácil dejar un hogar a la deriva, toda una vida de lucha para tener una casa digna. Hemos pasado por mucho. Aquí la gente está lastimada, desesperada, se siente humillada y burlada. Ya no saben qué más hacer y decir. Tenemos enfermedad, estrés, depresión, por todo este problema”.

Otras vecinas que encontramos al paso nos comparten la rabia y el dolor de vivir en una zona de desastre. Como Yazmín Solís, que junto a sus dos hijas, habita la casa que era de sus padres, después de mostrarnos el escalón de casi 60 centímetros que se formó a la mitad de su patio, nos dice: “mi papá ya no alcanzó a ver su casa nueva, tiene 7 meses que falleció y aquí seguimos en espera de una solución”.

¿Qué muestran los datos de la Comisión para la Reconstrucción?

El Portal para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México registra un total de 25,581 viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Esto de acuerdo con el  censo social y el censo técnico realizados y con datos actualizados al 14 de septiembre de 2021.

El portal señala un total de 370 Multifamiliares afectados en toda la ciudad, de los cuales sólo 44% ha sido rehabilitados o reconstruidos, 164. 

También, hay un total de 13,818 viviendas unifamiliares afectadas y únicamente 5,258 terminadas, el 38%, ya sea reconstruidas o rehabilitadas

Este portal a la fecha no tiene un registro del total de viviendas, familias, casas unifamiliares y multifamiliares que tendrán que ser reubicadas. Sólo existe un comentario en el rubro de vivienda unifamiliar que dice que “incluye 180 casas que serán reubicadas”

Finalmente, indica 12 Unidades Habitacionales dañadas y ninguna terminada.

Pero en el mismo portal existe otro registro que dice que en un inicio el universo de viviendas afectadas por el sismo se cerró con 403 multifamiliares y después de un proceso de validación se dieron de baja algunas viviendas por diversas circunstancias, como no tener “daños por el sismo”, “porque no fue ubicado el propietario”, “por conflictos jurídicos”, entre otros. Este dato indica una reducción de 33 multifamiliares del padrón inicial

Cuestione buscó entrevista con la comisionada para la reconstrucción Jabnely Maldonado pero no obtuvo respuesta. 

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Violación a derechos humanos después del sismo continúa

Fernando Sánchez Lira sigue buscando verdad y justicia. Él perdió a su mamá, Teresa Lira Infante, y su hermana, María Elena Sánchez Lira, durante el sismo, cuando colapsó el edificio de Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, colonia Doctores. 

“A 4 años seguimos casi en el mismo sitio. Hemos tenido que trabajar mucho en todo este tiempo debido a que hemos tenido que pelear contra dos intentos de carpetazo”, nos dijo. 

Detalla que después de la tragedia, donde perdieron la vida oficialmente 15 personas que laboraban en ese lugar, la Fiscalía Desconcentrada número 7 sólo abrió una carpeta de investigación para todos los casos. 

La misma institución que aún no entrega copia de todo el expediente a Fernando Sánchez y a sus asesores legales, “tenemos sólo una parte y resulta que ya hay un tomo más que no hemos podido revisar por el tema de la pandemia -por Covid-19-”, denuncia.

El caso Bolívar 168 se ha caracterizado por las violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la información, por mencionar sólo algunos, según el padre Miguel Concha, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña legalmente a Fernando Sánchez, debido a las condiciones laborales que tenían quienes trabajaban ahí cuando ocurrió el sismo.

“No sé si ganemos o perdamos este caso. Me basta con saber que hice lo suficiente, que luché hasta el final para conseguir justicia. Porque eso que sucedió no debió haber pasado. Es indignante saber cómo son las revisiones a esos edificios viejos, más cuando vivimos en una ciudad sísmica. El edificio -Bolívar 168- tenía boletines de alerta por parte de CENAPRED -Centro Nacional de Desastres-, desde 1985”, entre otras omisiones que calificaban al edificio como inhabitable, puntualiza Fernado Sánchez.

Las personas damnificadas, que viven doble vulnerabilidad frente a ser desplazadas de sus casas y por la pandemia por el Covid-19, y las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017 aún no alcanzan justicia, siguen exigiendo el respeto y garantía de sus derechos. 

Sobre esto, ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhortó a las autoridades de la ciudad “a desplegar el máximo de los recursos disponibles para garantizar en el menor tiempo posible, la consolidación del proceso de reconstrucción integral de la Ciudad de México”. 

Así como a “tener en consideración el enfoque de derechos humanos y la obligación constitucional de brindar atención prioritaria a las demandas de las personas damnificadas que no han obtenido la garantía efectiva de sus derechos”.

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